Sombra en Montañita: El doble femicidio que conmocionó a Latinoamérica y los enigmas que persisten tras la tragedia
El hallazgo de los cuerpos de las jóvenes argentinas Marina Menegazzo y María José Coni en el balneario de Montañita en febrero de 2016 dio inicio a una compleja investigación judicial que reveló un ataque perpetrado tras ser incapacitadas con fármacos
Lo que debía ser la culminación de una travesía soñada por el continente sudamericano terminó convertido en una de las historias criminales más impactantes y dolorosas del siglo XXI en la región.
En febrero de 2016, las jóvenes argentinas Marina Menegazzo, de 21 años, y María José Coni, de 22, perdieron la vida en el balneario de Montañita, un pequeño poblado costero de la provincia de Santa Elena, Ecuador.
La investigación judicial, caracterizada por minuciosos peritajes genéticos y reconstrucciones forenses, culminó con la condena a 40 años de prisión para tres hombres implicados en el crimen.
Sin embargo, la presencia de perfiles genéticos masculinos no identificados en la escena del delito mantiene hasta el día de hoy una sombra de duda sobre si la totalidad de los responsables ha sido llevada ante la justicia.
Marina y María José compartían una profunda amistad nacida en la provincia de Mendoza, Argentina.
Ambas combinaban sus estudios universitarios con una intensa actividad voluntaria en organizaciones benéficas dedicadas a asistir a personas en situación de calle y proteger los derechos de los animales.
Marina estudiaba fonoaudiología con el propósito de trabajar en la rehabilitación del habla y la audición, mientras que María José cursaba la carrera de economía.
Durante meses, ambas asumieron empleos temporales como niñeras, meseras y barmaids para financiar de manera independiente un viaje como mochileras por América del Sur, un anhelo que planificaron minuciosamente durante años.
El viaje comenzó oficialmente el 16 de enero de 2016.
Acompañadas inicialmente por un grupo de amigas, cruzaron la cordillera hacia Chile para luego avanzar hacia Perú, recorriendo paisajes, poblados e hitos culturales.
Tras la partida paulatina de sus compañeras de ruta por compromisos personales, las dos jóvenes decidieron extender su itinerario de forma autónoma hasta Ecuador.
El 22 de enero arribaron a Montañita, una localidad turística concurrida por surfistas y viajeros internacionales.
Allí alquilaron un hospedaje sencillo cerca de la playa con la intención de disfrutar los últimos días de sus vacaciones antes de emprender el retorno a Mendoza.
A medida que se aproximaba la fecha proyectada para iniciar el viaje de regreso, previsto para la última semana de febrero, las circunstancias operativas del viaje se complicaron.
Un percance por inundación en el hostal donde se alojaban obligó al desalojo imprevisto de los huéspedes.
Con el presupuesto prácticamente agotado, las jóvenes debieron buscar alternativas para resolver el traslado terrestre que las llevaría desde Montañita hacia la ciudad de Guayaquil, primer escala de un trayecto por etapas que abarcaría Lima y Santiago de Chile antes de ingresar a Argentina.
El último contacto confirmado entre las turistas y sus familias se registró el 22 de febrero de 2016.
En las horas previas, ambas enviaron mensajes detallando la ruta que planeaban seguir.
No obstante, los familiares notaron un tono inusualmente tenso y conmocionado en las últimas notas de voz recibidas.
La falta de comunicación posterior encendió las alarmas en Mendoza.
La preocupación inicial mutó en desesperación cuando la empresa de telefonía constató que la tarjeta SIM del teléfono celular de María José había sido inutilizada intencionalmente, lo que motivó la radicación formal de la denuncia por desaparición y la activación de alertas de búsqueda por parte de la Policía Nacional del Ecuador en coordinación con Interpol.
El 25 de febrero de 2016, agentes policiales abocados a los rastrillajes en sectores periféricos de Montañita localizaron un bulto sospechoso envuelto en bolsas plásticas de gran tamaño y asegurado con cinta de embalaje entre la vegetación de una zona apartada conocida como La Curva.
Al retirar las envolturas, los peritos confirmaron el hallazgo del cuerpo sin vida de Marina Menegazzo.
Tres días más tarde, el 28 de febrero, los equipos de búsqueda descubrieron a poca distancia el segundo cuerpo, correspondiente a María José Coni, embalado bajo el mismo patrón sistemático.
Las autopsias practicadas en la morgue judicial revelaron la extrema violencia infligida a las víctimas y aportaron certezas fundamentales sobre la dinámica de los hechos.
El examen toxicológico detectó en el organismo de ambas la presencia de benzodiacepinas, psicofármacos con potentes propiedades sedantes y depresoras del sistema nervioso central que, al ser combinados con bebidas alcohólicas, generan un estado de sumisión química e incapacidad de reacción defensiva.
Los informes forenses establecieron que Marina falleció a causa de heridas profundas infligidas con un arma punzocortante en la región cervical, una de las cuales penetró la médula espinal a la altura de las vértebras.
Por su parte, María José presentó traumatismos múltiples producidos por un objeto contundente, con fracturas graves en la bóveda craneal, lesiones faciales y fracturas en las falanges de los dedos.
Los estudios complementarios corroboraron asimismo signos incompatibles con el consentimiento, confirmando una agresión de índole sexual.
El trabajo de inteligencia policial condujo rápidamente hacia dos hombres residentes en la zona: Alberto Segundo Mina Ponce, conocido localmente como “El Negro”, quien se desempeñaba como guardia de seguridad comunitario, y Aurelio Eduardo Rodríguez, alias “El Rojo”.
De acuerdo con la reconstrucción fiscal respaldada por el testimonio de un conductor de taxi, la noche del 22 de febrero los acusados abordaron a las jóvenes en un bar del centro de Montañita y les ofrecieron hospedaje transitorio en la vivienda particular de Mina Ponce.
El taxista declaró ante el tribunal haber trasladado a los cuatro ocupantes hasta dicho inmueble y precisó que Rodríguez realizó el pago del viaje.
Durante la etapa instructiva, un vecino clave testificó haber observado a Mina Ponce utilizando una carretilla durante la jornada posterior para trasladar bultos voluminosos empaquetados en material plástico negro hacia el sector boscoso donde días después la policía descubrió los cadáveres.
Aunque Mina Ponce intentó desvincularse modificando reiteradamente sus declaraciones y señalando a terceros en el proceso, las pericias luminol y los rastreos hemáticos dentro de su vivienda arrojaron coincidencias irrefutables.
En agosto de 2016, el Tribunal de Garantías Penales de Santa Elena dictó sentencia condenatoria imponiendo a Alberto Segundo Mina Ponce y a Aurelio Eduardo Rodríguez la pena máxima de 40 años de prisión bajo el Código Orgánico Integral Penal de Ecuador, tipificando el delito como doble homicidio agravado con alevosía y motivación sexual.
Pese al veredicto, las pericias moleculares procesadas en los laboratorios de genética forense determinaron que el material biológico recuperado en la escena del crimen y en los cuerpos no se agotaba en los dos primeros sentenciados.
La identificación de un perfil genético masculino adicional motivó una segunda fase investigativa que derivó, en noviembre de 2016, en la detención de José Luis Pérez Castro, alias “Cheo”.
La defensa del imputado justificó la presencia de su ADN alegando que había residido temporalmente en el inmueble meses atrás y atribuía los rastros de sangre a un sangrado bucal crónico.
Sin embargo, la comparecencia del odontólogo tratante desestimó categóricamente la magnitud de dicha afección, y las pruebas científicas demostraron la contemporaneidad de las muestras con la noche del crimen.
En septiembre de 2017, Pérez Castro fue juzgado y condenado igualmente a una pena de 40 años de privación de libertad en calidad de cómplice.
El cierre de los procesos judiciales no eliminó por completo los interrogantes en torno al caso.
Los informes genéticos definitivos ratificaron la presencia de trazas de ADN pertenecientes a otros perfiles masculinos que no han podido ser cotejados con éxito en las bases de datos de huellas genéticas disponibles.
Gladys Stéfani, madre de María José Coni y figura emblemática en la exigencia de transparencia y rigor investigativo, encabezó incansablemente reclamos para evitar el archivo definitivo de la causa, hasta su deceso en mayo de 2018 producto de una enfermedad ontológica.
Transcurrido el tiempo, el expediente permanece formalmente abierto ante la eventual aparición de nuevos elementos convictivos, mientras el recuerdo de Marina y María José perdura en la memoria colectiva regional como símbolo de la lucha contra la violencia de género y la búsqueda inalienable de justicia integral.
