Sánchez PROHIBIÓ a Felipe VI VIAJAR A CEUTA por MIEDO a ser OPACADO
La negativa del Ejecutivo a autorizar el desplazamiento del rey Felipe VI a Ceuta durante la crisis migratoria ha generado un tenso debate institucional sobre el margen de actuación de la Corona
La gestión del papel de la Jefatura del Estado durante la crisis migratoria vivida en la ciudad autónoma de Ceuta ha generado un intenso debate político y mediático sobre el margen de actuación del rey Felipe VI y la coordinación de la agenda de la Casa Real con el Ejecutivo central.
Las tensiones en el entorno del Palacio de la Zarzuela y el Palacio de la Moncloa salieron a la luz tras filtrarse el interés del monarca en trasladarse de forma inmediata a la ciudad fronteriza para trasladar un mensaje de respaldo institucional a la ciudadanía y a los efectivos desplegados en la zona, una iniciativa que finalmente no llegó a concretarse por decisión del Gobierno presidido por Pedro Sánchez.
De acuerdo con las informaciones sobre los acontecimientos, Felipe VI consideró la posibilidad de desplazarse desde Palma de Mallorca hacia el norte de África en el momento de mayor presión migratoria.
La intención de la Jefatura del Estado era mantener una presencia física en Ceuta para visibilizar el apoyo continuo del Estado a las autoridades locales y a los vecinos de la ciudad autónoma ante un episodio de excepcional gravedad en la frontera sur de España y de la Unión Europea.
Sin embargo, el marco constitucional español otorga al Ejecutivo la facultad de refrendar y supervisar la agenda oficial de la Corona, lo que derivó en la desestimación del viaje bajo el argumento de priorizar las labores operativas y evitar posibles interferencias en los protocolos de respuesta diplomática y de seguridad desplegados sobre el terreno.
Ante la imposibilidad de formalizar la visita presidencial o institucional en los días de mayor incertidumbre, el entorno del Palacio de la Zarzuela recurrió a vías de comunicación oficiosa para transmitir el seguimiento constante del monarca sobre los acontecimientos.
A través de valoraciones filtradas a los medios de comunicación, la Casa Real dejó constancia de la profunda preocupación del jefe del Estado por la evolución del conflicto fronterizo, así como de su petición de una actuación coordinada, firme y unitaria entre todas las administraciones públicas para garantizar la integridad territorial y el bienestar de los habitantes de Ceuta y Melilla.
El episodio ha reactivado la comparación con anteriores momentos de crisis nacional en los que la intervención del monarca desempeñó un papel clave en el escenario institucional, como el discurso dirigido a la nación el 3 de octubre de 2017 tras los acontecimientos del proceso independentista en Cataluña.
En aquella ocasión, bajo el Gobierno del presidente Mariano Rajoy y la jefatura de la Casa Real encabezada por Jaime Alfonsín, la emisión del mensaje institucional requirió de complejas negociaciones para armonizar las distintas visiones sobre el rol constitucional de la Corona.
En el caso de la crisis de Ceuta, la actual estructura de dirección de la Casa Real, con Camilo Villarino al frente de la Jefatura del Gabinete, se encontró con una postura inflexible por parte de La Moncloa respecto a la conveniencia de aparcar cualquier desplazamiento o pronunciamiento institucional formal en plena crisis diplomática con el Reino de Marruecos.
Por parte de la portavocía oficial del Ejecutivo y los equipos de seguridad de La Moncloa, la posición mantenida respondía a criterios de oportunidad política y seguridad operacional.
Las fuentes gubernamentales señalaron de forma pública durante las jornadas de tensión que la visita de la Jefatura del Estado no estaba contemplada en la agenda inmediata dadas las circunstancias sobre el terreno, aunque no descartaban formalmente su realización en una fase posterior de normalización institucional.
Sin embargo, analistas del panorama político nacional apuntan a un enfrentamiento de liderazgos y a la discrepancia entre el modelo de proyección del Ejecutivo central y el rol moderador y representativo atribuido al Rey por el texto constitucional de 1978.
El rechazo gubernamental a autorizar el desplazamiento inmediato del monarca a Ceuta refleja las recurrentes fricciones en la relación entre el Gabinete de Pedro Sánchez y la Casa Real a la hora de determinar el protagonismo institucional durante episodios de alta conflictividad social o geopolítica.
Mientras que sectores críticos con La Moncloa señalan la decisión como un intento deliberado de restar visibilidad a la institución monárquica en favor del liderazgo presidencial, desde el entorno del Ejecutivo se insiste en que las decisiones sobre los desplazamientos del jefe del Estado deben responder estrictamente a la estrategia global de política exterior y seguridad nacional coordinada por los ministerios competentes.
