Sumar y la izquierda portuguesa exigen la exclusión de Marruecos como coanfitriona del Mundial 2030 tras la crisis migratoria
Sumar y partidos de la izquierda portuguesa han exigido a sus respectivos Gobiernos la exclusión de Marruecos de la organización conjunta del Mundial de Fútbol de 2030

La organización de la Copa Mundial de Fútbol de 2030 ha entrado en una fase de severa turbulencia política e institucional tras la petición formal formulada por la plataforma política española Sumar y diversas fuerzas de la izquierda parlamentaria de Portugal para excluir a Marruecos como país coanfitrión del certamen internacional.
La iniciativa parlamentaria se produce como reacción directa a los recientes episodios migratorios registrados en la frontera con la ciudad autónoma de Ceuta, donde miles de personas cruzaron de manera irregular desde el territorio alauita, desatando una crisis diplomática y de seguridad de alcance europeo en la región del Estrecho de Gibraltar.
En España, la formación Sumar ha registrado una Proposición no de Ley para su posterior debate y votación en la Comisión de Educación, Formación Profesional y Deportes del Congreso de los Diputados.
En el texto de la iniciativa parlamentaria, la coalición sostiene que la acogida de un acontecimiento deportivo de esta magnitud trasciende lo meramente futbolístico, al implicar una movilización masiva de recursos económicos públicos, garantías estatales e inversiones en infraestructuras clave de transporte y telecomunicaciones.
Según el planteamiento del grupo parlamentario, dicha proyección internacional impone la obligación ética e institucional de exigir a todos los estados organizadores un compromiso verificable con los derechos humanos, la legalidad internacional y las libertades democráticas fundamentales.

El documento presentado ante la Mesa del Congreso apela de manera directa al marco normativo de la propia Federación Internacional de Fútbol Asociación (FIFA).
Específicamente, Sumar recuerda que el artículo 3 de los Estatutos de la FIFA vincula explícitamente a la entidad y a sus asociados con el respeto de los derechos humanos reconocidos a nivel internacional.
La iniciativa enfatiza que el cumplimiento de estas cláusulas no puede considerarse un mero trámite formal superado durante el proceso inicial de adjudicación de la candidatura, sino que debe mantenerse de forma fiscalizable y continuada durante toda la fase de preparación y desarrollo del torneo.
Asimismo, la propuesta legislativa puntualiza de manera explícita que la petición de revisión organizativa no está dirigida contra el pueblo marroquí ni contra su ciudadanía, a quienes califica como las primeras víctimas de la falta de oportunidades económicas, la desigualdad social y la desesperación en el norte de África.
La acción política señala de forma directa la responsabilidad institucional del Gobierno de Rabat y de la monarquía alauita, argumentando que las instituciones estatales no pueden instrumentalizar el prestigio internacional, el retorno económico y la legitimación diplomática que otorga una Copa del Mundo mientras persistan dudas sobre la gestión de los flujos migratorios en las fronteras terrestres europeas.
Por todo ello, la iniciativa insta al Ejecutivo español a promover una revisión formal del modelo de organización conjunta del Mundial 2030 ante los estamentos de la FIFA.
En el supuesto de que el organismo regulador del fútbol mundial rechazara renegociar la estructura del campeonato, Sumar reclama que el Gobierno haga públicas las alternativas diplomáticas existentes y actúe de manera coherente con los principios de derechos humanos que rigen la política exterior española y europea.
De manera simultánea, la izquierda portuguesa ha coordinado posiciones para exigir una respuesta idéntica al Gobierno de Lisboa.
Jorge Pinto, portavoz del partido progresista Livre en el Parlamento portugués, hizo pública la posición de su grupo parlamentario asegurando que agotarán todas las vías institucionales para evitar que Portugal comparta la organización de un evento de alcance global con un país que, a su juicio, ha demostrado una falta de garantías en materia de derechos y cooperación transfronteriza.
Pinto subrayó la necesidad de adoptar una postura firme para evitar la complicidad estatal con regímenes que vulneran los estándares comunitarios.
El estallido de esta ofensiva política coordinada en la Península Ibérica coincide con un momento de máxima presión institucional para el presidente de la FIFA, Gianni Infantino.
La solicitud de reestructuración de la candidatura conjunta para el torneo de 2030, previsto para desarrollarse entre el 8 de junio y el 21 de julio de ese mismo año, se produce en un escenario de complejas negociaciones diplomáticas entre Madrid, Lisboa y Rabat para la fijación de las sedes definitivas y el reparto del calendario de partidos del certamen mundialista.
