Marruecos exige formalmente a España la repatriación de los menores no acompañados tras la crisis migratoria en Ceuta
Gobierno de Marruecos exige formalmente a España la repatriación inmediata de todos los menores no acompañados tutelados en centros de acogida tras las entradas registradas en Ceuta
El Gobierno del Reino de Marruecos ha modificado de forma sustancial su postura diplomática respecto a la gestión migratoria transfronteriza y ha reclamado formalmente a las autoridades españolas la devolución inmediata de los menores extranjeros no acompañados (MENA) que se encuentran alojados en centros de acogida del Estado español, prestando especial atención a aquellos que ingresaron irregularmente en la ciudad autónoma de Ceuta durante los picos de mayor presión fronteriza.
La declaración institucional realizada por el ministro de Justicia marroquí, Abdellatif Ouahbi, formaliza un giro estratégico en las relaciones bilaterales en materia de infancia e inmigración, al atribuir directamente la responsabilidad del bienestar de los niños a la administración española mientras estos permanezcan en territorio europeo.
La postura transmitida por el titular de la cartera de Justicia sostiene que Rabat activará todos los mecanismos legales y vías diplomáticas internacionales disponibles para lograr la repatriación efectiva de los niños y adolescentes de nacionalidad marroquí.
Según las directrices expresadas por el Ejecutivo del país alauita, la estrategia no solo contempla la devolución del contingente de jóvenes que cruzaron los espigones fronterizos de Tarajal y Bromo durante los episodios de repatriación e ingreso masivo, sino que abarca de manera integral a todos los menores marroquíes tutelados históricamente en los distintos centros regionales de la Península e islas.
El argumento jurídico y social expresado por la diplomacia marroquí enfatiza que el entorno familiar biológico y el país de origen constituyen el espacio legítimo y óptimo para asegurar la protección social, el desarrollo integral y el futuro formativo de los menores.
El anuncio abre un nuevo escenario de negociación entre el Ministerio del Interior de España y las autoridades de Rabat.
La gestión de los menores no acompañados ha representado históricamente un punto crítico de tensión logística, legal y presupuestaria para las comunidades autónomas españolas y para las ciudades con estatuto de autonomía en el norte de África.
La Ley Orgánica de Extranjería española y la Convención sobre los Derechos del Niño de las Naciones Unidas establecen estrictos protocolos de protección internacional que condicionan cualquier expediente de repatriación o retorno asistido.
Para que la devolución de un menor se ejecute de conformidad con el marco constitucional español y la jurisprudencia del Tribunal Supremo, la administración debe instruir un expediente individualizado, garantizar la asistencia jurídica, contar con el dictamen vinculante del Ministerio Fiscal y verificar de manera fehaciente que la reunificación en el país de origen responde al interés superior del menor y no supone un riesgo para su integridad física o moral.
En los precedentes inmediatos de la crisis en Ceuta, las autoridades locales de la ciudad autónoma sufrieron el colapso absoluto de sus capacidades de acogida tras la entrada repentina de miles de ciudadanos, entre ellos más de un millar de menores de edad.
Los intentos anteriores de efectuar devoluciones colectivas o simplificadas por la vía de urgencia entre los ministerios de ambos países fueron paralizados por los tribunales de justicia españoles por vulneración de las garantías procesales de los expedientes administrativos individualizados.
La insistencia actual de Marruecos para asumir la custodia exige la creación de un protocolo bilateral técnico que permita comprobar la localización real de las familias en territorio marroquí y el estado de las infraestructuras de protección social en ciudades como Tetuán, Tánger o Nador.
La vertiente económica y competencial dentro de España añade complejidad al expediente.
El Gobierno central español y las comunidades autónomas han mantenido prolongados debates sobre el reparto solidario del flujo de menores migrantes para aliviar la saturación de Ceuta y Canarias.
La exigencia de devolución planteada por Abdellatif Ouahbi desplaza el foco de debate hacia la política exterior y la cooperación judicial entre Madrid y Rabat.
El Ministerio de Justicia marroquí insiste en que las autoridades españolas no deben retener ni dilatar los expedientes de menores cuya tutela natural corresponde a sus progenitores o a los organismos estatales marroquíes de protección a la infancia.
La diplomacia española ha abordado históricamente los procesos de repatriación con máxima cautela debido al estricto escrutinio de las organizaciones no gubernamentales y del Defensor del Pueblo, entes que vigilan que ningún proceso de devolución se efectúe mediante repatriaciones calientes o traslados sumarios destituidos de garantías judiciales.
No obstante, una predisposición real del Gobierno de Marruecos para acoger y reintegrar a sus ciudadanos menores de edad abre la vía a un procedimiento coordinado de reunificación familiar, siempre que los juzgados de lo contencioso-administrativo españoles validen la idoneidad social y legal de cada expediente tramitado de forma individual.
