El Gobierno de Colombia ordena el traslado masivo de 117 recluidos de alta peligrosidad hacia penitenciarías de máxima seguridad
El Instituto Nacional Penitenciario y Carcelario (INPEC) desplegó un operativo para trasladar a 117 reclusos de alta peligrosidad hacia establecimientos de máxima seguridad en todo el territorio colombiano
En una medida de alto impacto para la política de seguridad penitenciaria en Colombia, el Instituto Nacional Penitenciario y Carcelario (INPEC) ejecutó el traslado masivo de 117 privados de la libertad categorizados como de alta peligrosidad hacia diversos establecimientos de máxima seguridad en el territorio nacional.
La operación, desarrollada bajo estrictos protocolos de custodia e inteligencia, reconfigura el panorama del control estatal sobre las estructuras criminales en los centros de reclusión del país.
El procedimiento se concentró de manera prioritaria en la Cárcel de Máxima Seguridad La Paz, ubicada en el municipio de Itagüí, en el área metropolitana del Valle de Aburrá.
Desde dicho penal se coordinó el trasfondo operacional para reubicar a 106 cabecillas pertenecientes a organizaciones delictivas con amplio radio de acción en el departamento de Antioquia y otras regiones de la geografía nacional.
Entre los internos trasladados figuran 14 individuos señalados por su participación en eventos públicos de controversia institucional, así como voceros e integrantes que formaban parte de los espacios de diálogo sociojurídico impulsados en el marco de la política de Paz Total de la administración del expresidente Gustavo Petro.
La reubicación penitenciaria afecta directamente a la cúpula directiva de grupos delictivos organizados vinculados a delitos de alto impacto como la extorsión sistemática, el secuestro, el homicidio selectivo, el concierto para delinquir y el desplazamiento forzado.
Entre los perfiles traslados de la cárcel de Itagüí destaca la figura de Rubén Darío Viloria Barros, alias “Douglas”, histórico integrante de la estructura La Terraza y referente de la denominada Oficina de Envigado, quien cumple una condena de 32 años de prisión.
De igual forma, fue reubicado Freyner Ramírez García, alias “Pesebre”, jefe de la estructura Los Pesebreros y condenado a 36 años de cárcel, quien se desempeñaba como vocero principal dentro de las mesas de concertación con el Gobierno nacional.
La lista de traslados incluye asimismo a cabecillas de alto alcance territorial como alias “El Indio”, señalado como uno de los líderes de la estructura criminal Trianón y procesado por homicidio y tráfico de armas; Juan Carlos Mesa Vallejo, alias “Tom”, exjefe de la organización Los Chatas que purga una sentencia de 16 años de prisión por concierto para delinquir y uso privativo de prendas militares; y otros mandos conocidos con los alias de “Lindolfo” y “Pocho”, cuyos nuevos sitios de reclusión abarcan las penitenciarías de Valledupar, en el departamento del Cesar, y La Dorada, en Caldas.
Las autoridades penitenciarias fundamentaron la urgencia de las transferencias en la necesidad de desarticular los centros de mando y control criminal que operaban desde el interior de los penales.
Informes de inteligencia y análisis institucionales de la Universidad EAFIT estimaron que desde el centro carcelario de Itagüí las redes delictivas coordinaban rentas ilícitas derivadas de la extorsión comercial y residencial que superaban los 200.000 millones de pesos anuales.
Asimismo, el establecimiento La Paz había sido escenario de reiteradas faltas disciplinarias y anomalías operativas, entre las que sobresale un evento social no autorizado que derivó en la apertura de investigaciones disciplinarias contra 11 funcionarios del INPEC.
El operativo general comprendió la redistribución de los reclusos hacia los complejos penitenciarios de La Picota en Bogotá —a donde ingresaron 26 de los privados de la libertad trasladados—, Palmira en el Valle del Cauca, Girón en Santander, Valledupar y La Dorada.
Adicionalmente, dentro del paquete de reubicaciones administrativas del INPEC se efectuaron traslados individuales por razones de seguridad y disciplina, entre ellos el de Daneidy Barrera Rojas, conocida como “Epa Colombia”, remitida al centro carcelario de Ibagué tras haber permanecido en la Escuela de Carabineros, y el de Margaret Chacón Zúñiga, condenada por su participación en el homicidio del fiscal paraguayo Marcelo Pechi, quien fue trasladada a la Cárcel del Buen Pastor en la capital de la República.
La ejecución de estos traslados representa un giro en la administración del sistema penitenciario colombiano, enfocado en fragmentar la cadena de mando de las bandas organizadas, restringir la operatividad no autorizada dentro de las celdas y restablecer el principio de autoridad en los centros de reclusión de todo el país.
