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Defensoría pide a grupos armados frenar acciones que pongan en riesgo a civiles tras ola de ataques

En corto tiempo se presentaron ataques con armas de fuego, drones y artefactos explosivos contra las FFMM.

Un informe urgente emitido por la Defensoría del Pueblo advierte sobre un alarmante deterioro de la seguridad en Colombia tras registrarse una serie de hostigamientos con explosivos, armas de fuego y aeronaves no tripuladas en al menos 11 departamentos del país, concentrados principalmente en Cauca y Nariño, pero con afectaciones también en Cesar, Antioquia, Tolima, Huila, Arauca, Caldas, Bolívar, Meta y Guaviare.

El organismo de derechos humanos instó formalmente a las estructuras armadas al margen de la ley a cesar cualquier acción bélica que exponga a la población civil, en un contexto de escalada violenta que coincidió con el inicio de la nueva administración presidencial.

Los ataques dirigidos contra infraestructura vial, instalaciones de la Fuerza Pública y corredores estratégicos han reavivado el debate sobre la protección de los derechos humanos y el cumplimiento del Derecho Internacional Humanitario.

Entre los incidentes documentados figuran la detonación de un dispositivo explosivo en el peaje de Mondomo, ubicado en la vía Panamericana entre Popayán y Cali, lo que obligó al cierre parcial de esta arteria vial indispensable para el abastecimiento del suroccidente del país, así como un ataque perpetrado con drones cargados de explosivos contra la estación de policía del corregimiento de Porce, en el departamento de Antioquia, atribuido por autoridades locales al Frente 36 de las disidencias de las FARC.

Asimismo, en el municipio de Curumaní, departamento del Cesar, la subestación de policía de San Roque fue blanco de un atentado con artefactos explosivos lanzados mediante drones, acción en la cual perdió la vida el subintendente Algemiro Rodelo Canchila y otro uniformado resultó con heridas de gravedad.

Paralelamente, la publicación de piezas audiovisuales en plataformas digitales por parte del Ejército de Liberación Nacional (ELN) en la región del Catatumbo, donde exhiben tecnología de drones empleada para la vigilancia e intimidación, ha elevado la preocupación institucional sobre la sofisticación de los recursos tácticos utilizados por los grupos al margen de la ley.

Frente a la dispersión geográfica de estos eventos, la Defensoría del Pueblo aclaró que la evidencia recopilada hasta el momento no permite concluir que se trate de una ofensiva militar centralizada u ordenada a nivel nacional, sino que responde a dinámicas territoriales asociadas a la fragmentación de las estructuras armadas que disputan el control de economías ilícitas.

Sin embargo, el órgano de control enfatizó que la conducción de hostilidades cerca de zonas residenciales, ejes viales de alto flujo y establecimientos comerciales infringe de manera directa los principios fundamentales de distinción, precaución y proporcionalidad que rigen el Derecho Internacional Humanitario, e hizo hincapié en que la presencia de un objetivo militar dentro de un casco urbano no exime a los combatientes del deber legal y legalmente vinculante de salvaguardar la vida y bienes de la población no combatiente.

La escalada de violencia también desencadenó un contrapunto político sobre el estado de la fuerza pública y la efectividad de las estrategias de inteligencia estatal.

Mientras sectores afines al nuevo Ejecutivo destacaron resultados operacionales recientes —como la captura en Guamal, Meta, de alias “Bonito”, señalado como segundo cabecilla de la estructura Comandos de Frontera— como muestra de un cambio en la dirección de la seguridad nacional, desde la contraparte política se han señalado fallas en los esquemas de protección y en la adquisición de sistemas de defensa antidrones, un proyecto cuya implementación ha enfrentado debates presupuestales y técnicos durante los últimos años.

De igual forma, el expresidente Gustavo Petro hizo públicas declaraciones respecto a las limitaciones operativas en misiones de alto nivel durante su administración, señalando presuntas filtraciones que habrían frustrado la neutralización de máximos comandantes de las disidencias.

Ante este panorama, la Defensoría del Pueblo recalcó la urgencia de fortalecer el Sistema de Alertas Tempranas para anticipar riesgos comunitarios en las regiones más golpeadas e instó al Gobierno saliente y entrante a estructurar una respuesta integral que combine el accionar del sector Defensa con medidas efectivas de prevención y asistencia humanitaria para las poblaciones históricamente vulnerables a la confrontación armada.