Ofensiva militar de la Fuerza Pública desencadena una violenta ola de hostigamientos armados en Colombia
Las Fuerzas Militares y la Policía Nacional ejecutaron una ofensiva coordinada que dejó como resultado la captura de alias “Bonito” en el Meta y la neutralización de alias “Alexis Perdomo” en el Caquetá
Una amplia operación desplegada por las Fuerzas Militares y la Policía Nacional contra los principales mandos de las disidencias de las FARC y del Ejército de Liberación Nacional (ELN) desató un severo escalamiento del conflicto en múltiples regiones de Colombia.
La ofensiva institucional, dirigida prioritariamente a desarticular la estructura criminal de Néstor Gregorio Vera Fernández, conocido como alias “Iván Mordisco”, ha desencadenado una respuesta violenta por parte de las organizaciones al margen de la ley mediante el uso de drones con explosivos, coches bomba y hostigamientos armados contra la Fuerza Pública y la infraestructura civil.
Las operaciones tácticas de los organismos de seguridad del Estado registraron avances estratégicos en varios puntos del territorio nacional.
En el departamento del Meta, unidades del Ejército Nacional lograron la captura de alias “Bonito”, señalado como segundo cabecilla de la estructura armada residual Comandos de Frontera.
De forma paralela, en el departamento del Caquetá, acciones conjuntas coordinadas por el grupo Gaula de la Policía y las Fuerzas Militares permitieron la neutralización de Alexis Perdomo, identificado como el principal responsable del esquema de financiamiento de la Columna Móvil Teófilo Forero, vinculada a la Segunda Marquetalia.
Durante esta última operación, el material incautado incluyó armamento de alto calibre, municiones y 91 panfletos extorsivos dirigidos a comerciantes y ganaderos del sur del país.
En respuesta a la presión ejercida por el aparato militar, los grupos armados ilegales lanzaron una serie de atentados simultáneos en los departamentos de Cauca, Cesar, Nariño, Tolima, Guaviare y Norte de Santander.
En el suroccidente colombiano, miembros del Frente Jaime Martínez activaron un vehículo cargado con artefactos explosivos contra las instalaciones del nuevo peaje de Santander de Quilichao, sobre la vía Panamericana en el Cauca, causando heridas a dos guardias de seguridad y daños estructurales en al menos ocho viviendas adyacentes.
En el departamento del Cesar, la subestación de policía del corregimiento de San Roque, en el municipio de Curumaní, fue objetivo de un bombardeo ejecutado mediante aeronaves no tripuladas lanzadas por el ELN, hecho que le cobró la vida al subintendente Algemiro Rodelo Canchila y dejó heridos a otros tres uniformados.
El uso de tecnología no tripulada con carga explosiva representó un patrón constante en la arremetida criminal.
En el sur del país, la Policía Metropolitana de Pasto, en Nariño, fue blanco de un ataque aéreo de similares características, lo que llevó a las autoridades departamentales a ofrecer una recompensa de hasta 150 millones de pesos por información que permita la captura de los autores materiales.
De forma paralela, la estación de policía de San José de Albán sufrió hostigamientos continuados con ráfagas de fusil.
En el departamento del Tolima, integrantes de la estructura Ismael Ruiz ejecutaron ataques coordinados desde el aire contra la base militar del municipio de Planadas, acompañados del lanzamiento de granadas en el corregimiento de Casaverde, en jurisdicción de Ataco.
La sofisticación de los métodos de intimidación se evidenció asimismo en San José del Guaviare, donde miembros de estructuras al margen de la ley camuflaron dos artefactos explosivos al interior de un carro de comida ambulante frente a la base de la Dirección Antinarcóticos de la Policía Nacional.
La detonación accidental de uno de los dispositivos debido a una falla técnica alertó a las unidades antiexplosivos, las cuales lograron la neutralización y destrucción controlada de la segunda carga.
En el municipio de Calamar se reportaron explosiones adicionales que permanecen bajo verificación de los organismos de control.
La región del Catatumbo, en el nororiente colombiano y limítrofe con Venezuela, registró graves perturbaciones al orden público.
En la vía que conecta al municipio de Ocaña con el corregimiento de Aguas Claras, se lanzó una granada de fragmentación contra una patrulla de la Seccional de Tránsito y Transporte.
Horas después, la subestación de policía de Hamarito, en el municipio de El Carmen, fue atacada con explosivos y ráfagas de fusil por parte de sujetos que se desplazaban en motocicletas.
Adicionalmente, en el kilómetro 25 del trayecto vial hacia La Gabarra, en zona rural de Tibú, se presentaron violentos enfrentamientos territoriales entre el ELN y disidencias de las FARC, confrontación en la que perdió la vida un conductor perteneciente al gremio local de motocarros.
Ante la dispersión de los ataques y el impacto directo sobre los derechos fundamentales de las comunidades locales, la Defensoría del Pueblo emitió una alerta humanitaria nacional urgiendo el cese de las hostilidades y advirtiendo sobre las flagrantes violaciones al Derecho Internacional Humanitario cometidas por la utilización de artefactos explosivos indiscriminados en cercanías a la población civil.
De forma paralela, voceros del Congreso de los Estados Unidos confirmaron la gestión de una iniciativa de cooperación en materia de seguridad regional valorada en 1.
000 millones de dólares, orientada a fortalecer la capacidad operativa, de inteligencia y de defensa tecnológica de las Fuerzas Militares colombianas frente al flagelo del narcoterrorismo.
