Investigación penal en Colombia por la sospechosa muerte de la médica Diana Otero tras un presunto siniestro vial
La Fiscalía General de la Nación investiga la muerte de la médica auditora Diana Patricia Otero tras registrarse inconsistencias en el presunto accidente de tránsito ocurrido el 5 de diciembre de 2022 en carreteras de Antioquia
El fallecimiento de la médica auditora Diana Patricia Otero, de 47 años, ocurrido el 5 de diciembre de 2022 en carreteras del departamento de Antioquia, se ha convertido en el centro de una compleja investigación judicial en Colombia.
Lo que inicialmente fue reportado por los organismos de tránsito como un trágico accidente automovilístico tras la colisión del vehículo particular contra un camión de carga, hoy es analizado por la Fiscalía General de la Nación como un presunto homicidio impulsado por móviles económicos.
Las severas discrepancias entre el dictamen forense inicial, las inconsistencias en la escena de los hechos y la posterior apropiación de los bienes y pensiones de la víctima han encendido las alarmas de las autoridades y de la familia de la profesional.
Diana Otero, quien contaba con una trayectoria profesional destacada en la entidad prestadora de salud Nueva EPS y en la Policía Nacional, residía en la ciudad de Medellín y se caracterizaba por su estricta disciplina financiera.
De acuerdo con las declaraciones entregadas por sus allegados durante las etapas preliminares del proceso, la médica acumuló a lo largo de su carrera un patrimonio en efectivo estimado en 600 millones de pesos colombianos, suma que custodiaba en un compartimento oculto en el cielo raso del baño de su vivienda.
Los hechos se desencadenaron durante la madrugada del 5 de diciembre de 2022 en el kilómetro 33+500 de la vía que conecta a Medellín con el norte de la región antioqueña.
Otero se desplazaba en el asiento del copiloto de su vehículo, el cual era conducido por Heider Garabito, de 47 años, un integrante activo de las Fuerzas Militares de Colombia con quien mantenía una relación sentimental.
Las cámaras de seguridad del peaje vial registraron el paso del automóvil minutos antes de que ocurriera el impacto contra la parte delantera de un tractocamión.
Sin embargo, los testimonios recolectados en el lugar del siniestro comenzaron a desmantelar la versión oficial de una maniobra involuntaria por cansancio.
El conductor del camión de carga, identificado como Luis, declaró formalmente ante los investigadores que el vehículo conducido por Garabito realizó un desplazamiento anómalo y de costado antes de chocar contra la defensa delantera del vehículo pesado.
Al descender para prestar auxilio y liberar el cinturón de seguridad de la mujer, el camionero advirtió que la profesional médica no presentaba signos vitales, mostraba rigidez en su postura y carecía de sangrado reciente compatible con un impacto severo inmediato.
Asimismo, el testigo señaló haber alertado a los agentes de la Policía de Tránsito sobre la inusual tranquilidad y el estado aparente de alteración o embriaguez que mostraba Garabito en el sitio del suceso.
Las irregularidades en la reconstrucción del caso se multiplicaron con los análisis técnico-forenses posteriores.
La médica forense Ana María Zapata y los peritos privados vinculados al expediente cuestionaron la conclusión preliminar del protocolo de necropsia, la cual atribuía el deceso a un shock neurogénico provocado por el impacto vehicular.
Los expertos explicaron que el shock neurogénico no constituye un hallazgo anatómico verificable durante una necropsia médico-legal, precisando que las lesiones internas evidenciadas en el torso sugieren que la muerte pudo haberse originado previamente debido a una lesión cardíaca y una hemorragia masiva no asociables al patrón de trauma sufrido por la estructura del automóvil.
El comportamiento del vehículo involucrado también levantó sospechas dentro de la investigación criminal coordinada por el investigador Juan Bermúdez.
Pocas semanas después del incidente, el automóvil en el que viajaba la pareja fue trasladado en tiempo récord desde el sitio de custodia en Antioquia hacia un parqueadero en la ciudad de Bogotá con el propósito manifiesto de someterlo a un proceso de chatarrización.
La rápida destrucción del material probatorio impidió la realización de peritajes automotrices de mayor profundidad para contrastar las afirmaciones de Garabito, quien en sus interrogatorios oficiales sostuvo haber sufrido un “microsueño” al volante.
A las inconsistencias mecánicas y forenses se sumó un acelerado despliegue legal por parte de Garabito para acceder a los beneficios patrimoniales de la víctima.
Pese a que los familiares de Otero afirmaron que la pareja no sostenía una convivencia permanente bajo el mismo techo —requisito legal exigido en Colombia de haber compartido cama, techo y lecho durante al menos cinco años continuos—, el militar gestionó con rapidez la reclamación de la pensión de sobreviviente ante la administradora estatal Colpensiones, aportando declaraciones de testigos que acreditaron la supuesta cohabitación.
Garabito logró la aprobación del reconocimiento pensional, el pago del retroactivo correspondiente y el cobro de indemnizaciones de pólizas de seguro de vida, mientras que el acceso de la familia al apartamento de la médica en Medellín fue impedido desde el primer día del fallecimiento, desconociéndose el paradero del dinero en efectivo guardado en el inmueble.
Hasta la fecha, las autoridades judiciales mantienen abiertas las líneas de investigación para determinar la responsabilidad penal en el caso, mientras la defensa de la familia exige formalmente a la Fiscalía General de la Nación la recalificación del delito de homicidio culposo en accidente de tránsito a homicidio agravado por codicia y estado de indefensión.
Garabito, por su parte, mantiene la presunción de inocencia mientras el proceso judicial avanza sin que se hayan ordenado capturas formales en su contra.
