Óscar Puente compró su piso de Valladolid en un proceso de ejecución hipotecaria pública por la mitad del precio fijado en la subasta
Ministro de Transportes, Óscar Puente, adquirió su vivienda habitual de 282 metros cuadrados en el paseo de Zorrilla de Valladolid tras un proceso judicial de ejecución hipotecaria
La adquisición del domicilio habitual del ministro de Transportes y Movilidad Sostenible, Óscar Puente, situado en el céntrico paseo de Zorrilla de Valladolid, ha vuelto al foco del debate político tras detallarse las condiciones financieras e hipotecarias en las que se cerró la operación comercial.
La vivienda, un piso de 282 metros cuadrados construidos que cuenta con garaje y trastero en un inmueble emblemático de la capital castellana, fue adquirida por el dirigente del PSOE y su entonces esposa en el año 2013 tras un procedimiento de ejecución hipotecaria instruido por el Juzgado de Primera Instancia número 9 de Valladolid a raíz del impago de los antiguos propietarios.
El origen de la transacción se remonta a los años previos a que Puente asumiera la alcaldía de Valladolid.
El inmueble, sometido a una reforma integral por sus anteriores titulares antes de atravesar serias dificultades económicas, salió formalmente a subasta pública previa instancia judicial con un tipo de subasta fijado en 724.123 euros, cifra calculada según la tasación oficial vinculada a la hipoteca originaria.
Transcurrido el periodo reglamentario sin que se registraran pujas por parte de terceros compradores, la subasta quedó desierta.
Ante la falta de licitadores, la entidad bancaria acreedora —Caja España-Duero, posteriormente integrada en Unicaja— recurrió al mecanismo previsto en el artículo 671 de la Ley de Enjuiciamiento Civil (LEC).
Dicha normativa permite a la parte acreedora solicitar la adjudicación del bien por el 60% del valor de tasación —porcentaje que la legislación fijaba entonces para inmuebles que no constituyeran la vivienda habitual del deudor hipotecario— o por la cantidad total que se le deba por todos los conceptos.
La entidad financiera se adjudicó la propiedad mediante decreto judicial por un importe de 434.473 euros, asumiendo la titularidad del activo.
Con posterioridad a la adjudicación judicial a favor del banco y al correspondiente desalojo de la finca, el dirigente socialista entabló negociaciones directas con la división inmobiliaria de la entidad bancaria para la compra del inmueble mediante cesión de remate y posterior escritura pública.
La operación definitiva se formalizó por un precio total de 290.000 euros, cantidad sensiblemente inferior al importe de salida en la subasta judicial inicial y por debajo de la tasación previa del bien.
Para financiar la compra, los adquirientes suscribieron un préstamo hipotecario con la propia entidad financiera por valor de 282.000 euros.
Las informaciones publicadas sobre las fases procesales del expediente revelan que, previamente a la resolución de la subasta desierta, en diciembre de 2011, Puente había presentado ante el juzgado encargado de la ejecución una propuesta de compra voluntaria por un valor estimado de 600.000 euros.
En aquel escrito judicial, la parte compradora planteaba la subrogación en la carga hipotecaria existente o el pago subsidiario del saldo pendiente.
Sin embargo, esa tentativa inicial no llegó a materializarse formalmente debido a la falta de liquidez derivada de la imposibilidad de vender en ese momento la anterior propiedad del político.
Años después, tras materializarse la adjudicación al banco y el posterior traspaso al dirigente político, el asunto generó controversia en el ámbito mediático y político local y nacional.
Diversos sectores de la oposición y usuarios en plataformas digitales cuestionaron la ética de la operación al considerar que el dirigente se benefició del quebranto económico de una familia golpeada por la crisis inmobiliaria para adquirir una propiedad de alta gama a precio de saldo.
Por su parte, el entorno del actual ministro y fuentes jurídicas han defendido reiteradamente la plena legalidad de la transacción, subrayando que se trató de una compraventa mercantil ordinaria entre particulares y una entidad bancaria sobre un activo adjudicado, sin que existiera ningún tipo de trato de favor, intervención de fondos públicos o irregularidad en el procedimiento legal de ejecución hipotecaria.
