El Gobierno de Suecia arremete contra España por la regularización extraordinaria tras la crisis migratoria de Ceuta
Primer ministro de Suecia, Ulf Kristersson, califica de muy mala idea la regularización masiva de migrantes impulsada por Pedro Sánchez tras la crisis de Ceuta
El primer ministro de Suecia, Ulf Kristersson, ha criticado con dureza la política migratoria del Gobierno de España presidido por Pedro Sánchez, tras calificar de “muy mala idea” el proceso de regularización extraordinaria de migrantes impulsado por Madrid tras la masiva entrada de personas registrada en la ciudad autónoma de Ceuta.
El jefe del Ejecutivo escandinavo ha advertido de que decisiones unilaterales de este calado ponen en severo riesgo la estabilidad del espacio Schengen y la cohesión de la Unión Europea, al tiempo que ha comparado la magnitud de los acontecimientos en el norte de África con la crisis de refugiados sirios que sacudió el continente en el año 2015.
Durante una entrevista concedida al diario económico Financial Times, Kristersson ha revelado que transmitió personalmente al presidente del Gobierno español su profundo malestar con la medida aprobada en Madrid.
Según las cifras expuestas por el mandatario sueco, el volumen real de solicitudes de regularización en España alcanza los 1,2 millones de expedientes, una cifra que duplica las estimaciones iniciales presentadas por las autoridades españolas.
Desde la perspectiva de Estocolmo, el efecto llamada derivado de estas regularizaciones masivas impacta de forma directa e inevitable en los países del norte de Europa, toda vez que la experiencia demuestra que una parte sustancial de los flujos migratorios que ingresan por el sur del continente termina desplazándose hacia Escandinavia en busca de mejores oportunidades.
El mandatario conservador ha recordado que Suecia fue uno de los países europeos que per cápita acogió a un mayor número de solicitantes de asilo durante la crisis humanitaria de 2015.
Aquella decisión, según ha argumentado el mandatario, derivó a largo plazo en graves problemas socioeconómicos de integración, segregación urbana y un notable aumento del crimen organizado vinculado a bandas armadas.
Para evitar la repetición de aquel escenario, el Gabinete sueco ha endurecido severamente las concesiones de asilo, el control fronterizo y las exigencias de residencia, una estrategia que ha permitido reducir drásticamente los episodios de violencia urbana en el país escandinavo.
La postura de Suecia se suma a un frente crítico cada vez más amplio en el seno de la Unión Europea.
Pocas horas antes de las declaraciones de Kristersson, la primera ministra de Italia, Giorgia Meloni, y su homóloga danesa, Mette Frederiksen, hicieron público un manifiesto conjunto en el que vincularon de manera explícita la inmigración irregular descontrolada con el incremento de la delincuencia y el colapso de los servicios públicos esenciales.
Asimismo, el endurecimiento de la postura germana tras las decisiones del canciller en funciones y del líder democristiano Friedrich Merz para activar cláusulas restrictivas de devolución ha elevado la presión sobre los Estados miembros de la frontera sur, generando un tenso intercambio de reproches diplomáticos y el restablecimiento de controles fronterizos temporales en el mapa comunitario.
Aunque el marco legal de la regularización concedida por el Gobierno de España otorga únicamente permiso de residencia y trabajo dentro del territorio nacional español sin habilitar el libre establecimiento laboral en otros Estados miembros, los socios comunitarios insisten en que la libre circulación dentro del espacio Schengen termina permeando cualquier proceso extraordinario.
En este sentido, la diplomacia sueca y de otros países del bloque exige un enfoque plenamente armonizado en las políticas de asilo y la máxima firmeza en el blindaje de las fronteras exteriores de la Unión.
La crisis desatada tras la llegada sin precedentes de decenas de miles de personas a Ceuta en un breve espacio de tiempo ha reabierto las grietas de la política migratoria europea.
Frente al malestar expresado por sus aliados continentales, las autoridades españolas han defendido la legalidad y la necesidad social de sus medidas extraordinarias, al tiempo que han adoptado restricciones puntuales en respuesta a las decisiones unilaterales de países como Italia.
Sin embargo, para el Gobierno de Estocolmo, el principio de solidaridad comunitaria sobre el que se asienta el espacio de libre circulación corre el riesgo de fracturarse de forma irremediable si los Gobiernos nacionales continúan aplicando decisiones unilaterales que alteren el equilibrio de la gestión migratoria en el continente.
