El caso de Yusenia Gómez: el feminicidio en Chiapas que la fiscalía intentó cerrar como un accidente
Día 9 de 2019, Yusenia Jacqueline Gómez Nucamendi, una estudiante universitaria de 19 años, fue hallada sin vida en su domicilio de Villacorzo, Chiapas, menos de 24 horas después de haber aceptado una propuesta de matrimonio en un restaurante local.
La noche del 8 de diciembre de 2019, la vida de Yusenia Jacqueline Gómez Nucamendi, una joven estudiante de 19 años originaria de Playa del Carmen, Quintana Roo, parecía haber alcanzado uno de sus puntos más luminosos.
Residenciada temporalmente en el municipio de Villaflores, en el estado mexicano de Chiapas, para cursar sus estudios en la subsede local de la Universidad Pedagógica Nacional, Yusenia acudió a cenar al restaurante Tomato Pasta en compañía de su pareja sentimental, Mauricio Alejandro.
Durante la velada, celebrada en el mismo establecimiento donde un año atrás habían tenido su primera cita, el joven le hizo entrega de un anillo de promesa y le propuso matrimonio.
Conmovida por el gesto, la estudiante aceptó e Inmediatamente después hizo pública su emoción a través de sus redes sociales, compartiendo con familiares y amigos una fotografía del anillo junto a emotivos mensajes sobre el porvenir.
Asimismo, mantuvo una conversación telefónica con su madre, a quien le expresó sus planes de regresar a su natal Playa del Carmen para concluir su formación académica desde casa.
Sin embargo, aquellas expresiones de entusiasmo marcaron la última interacción conocida de la joven con su entorno cercano.
Menos de 24 horas después de aquel festejo, la mañana del 9 de diciembre de 2019, una llamada de emergencia alertó a los servicios de socorro y a los cuerpos de seguridad sobre el hallazgo de una mujer sin vida dentro de una vivienda ubicada en la cabecera municipal de Villacorzo, un municipio colindante con Villaflores.
La víctima era Yusenia.
Las primeras autoridades en arribar al sitio aseguraron el inmueble mientras personal ministerial realizaba el levantamiento del cuerpo y las primeras inspecciones en la habitación.
Pocas horas después de iniciado el protocolo inicial, la Fiscalía General del Estado de Chiapas emitió un dictamen premuroso en el que establecía que el fallecimiento de la estudiante universitaria se debía a causas puramente accidentales, concretamente a una broncoaspiración secundaria a la ingesta de alimentos durante la cena de la noche anterior.
Según la versión oficial preliminar, el lugar no presentaba alteraciones ni indicios evidentes de la comisión de una conducta delictiva, por lo que las investigaciones iniciales apuntaban al cierre apresurado de las actuaciones bajo la figura de una muerte fortuita.
La conclusión ministerial fue rechazada categóricamente por la familia de la víctima tan pronto como sus integrantes tuvieron acceso al cadáver antes de los servicios funerarios.
El cuerpo de Yusenia presentaba múltiples contusiones, hematomas visibles y estigmas corporales de violencia física que resultaban incompatibles con la hipótesis de un incidente médico accidental.
Ante lo que consideraron una negligencia grave y un intento de impunidad por parte de los peritos iniciales, los familiares de la joven, encabezados por su madre, iniciaron un movimiento de protesta social que rápidamente encontró eco en colectivos feministas, agrupaciones estudiantiles y la ciudadanía en general.
La difusión masiva del caso mediante plataformas digitales, acompañada de manifestaciones en las calles de Tuxtla Gutiérrez, Villaflores y Playa del Carmen, ejerció una presión determinante sobre la cúpula de las instituciones de procuración de justicia en Chiapas.
Obligada por las denuncias públicas y las evidencias físicas aportadas por la familia, la Fiscalía General del Estado dispuso la reapertura inmediata de la carpeta de investigación y ordenó la intervención de un equipo forense multidisciplinario para la ejecución de una segunda necropsia exhaustiva, esta vez bajo la aplicación del protocolo especializado para la investigación del delito de feminicidio.
Los resultados de los nuevos peritajes médicos e histopatológicos dieron un giro rotundo a las actuaciones judiciales.
Los estudios forenses complementarios revelaron la presencia de dos luxaciones cervicales severas y concluyeron formalmente que la causa determinante de la muerte fue asfixia mecánica por estrangulamiento.
Adicionalmente, las pruebas biológicas e inspecciones corporales confirmaron que la víctima había sido sometida a una agresión sexual previa al deceso.
Estos hallazgos descartaron de manera definitiva la teoría inicial de la broncoaspiración y transformaron la indagatoria en un proceso por el delito de feminicidio agravado.
A partir de la confirmación del homicidio por razones de género, los agentes ministeriales reconstruyeron la secuencia cronológica de los hechos e identificaron a Mauricio Alejandro como el principal sospechoso, al haber sido la última persona que permaneció con la víctima dentro del inmueble tras la cena de compromiso.
Testimonios recabados entre amistades cercanas a Yusenia confirmaron que la relación de noviazgo, aunque aparentaba estabilidad hacia el exterior, registraba antecedentes recurrentes de violencia psicológica, celos excesivos y agresiones físicas menores que la joven había compartido en confidencialidad meses atrás.
Asimismo, la actitud del sospechoso tras el hallazgo del cuerpo incrementó las sospechas judiciales, al no haber establecido contacto alguno con la familia de la víctima ni haberse presentado a rendir declaración voluntaria.
Tras permanecer prófugo durante varios días, Mauricio Alejandro fue localizado y capturado por elementos de la Policía Especializada mediante un operativo ejecutado en un inmueble del municipio de Tuxtla Gutiérrez.
Tras su detención, fue trasladado e ingresado al Centro de Reinserción Social para Sentenciados Número 8 en Villaflores, donde quedó a disposición del Juez de Control para el desarrollo del proceso penal correspondiente.
Durante las etapas del juicio, la representación social presentó dictámenes periciales en materia de criminalística de campo, genética, medicina legal y testimonios de contexto de violencia que sustentaron la acusación.
Por su parte, la defensa del imputado sostuvo su inocencia bajo el argumento de que este había abandonado el domicilio de la joven inmediatamente después de llevarla de regreso tras la cena.
Finalmente, en febrero de 2022, tras un proceso judicial que se extendió por más de dos años, el Tribunal de Enjuiciamiento dictó sentencia condenatoria en contra de Mauricio Alejandro al encontrarlo plenamente responsable del delito de feminicidio en perjuicio de Yusenia Jacqueline Gómez Nucamendi.
El órgano jurisdiccional le impuso una pena privativa de la libertad de 40 años de prisión, así como la obligación del pago de una sanción económica por concepto de multa y la reparación del daño moral a favor de los familiares de la víctima.
El fallo sentó un precedente relevante en la región sobre la fiscalización ciudadana de las negligencias periciales iniciales y la urgencia de aplicar juzgamiento con perspectiva de género desde las primeras diligencias policiales.
