David Sánchez se niega a responder a las acusaciones populares en un tenso interrogatorio donde la UCO mantiene la tesis del rastro de irregularidades en sus actas de contratación

El proceso judicial en torno a las presuntas irregularidades laborales en el seno de la Diputación de Badajoz ha entrado en su fase decisiva con la comparecencia del principal encausado.

David Sánchez Pérez-Castejón, hermano del presidente del Gobierno, ha prestado declaración en la tercera sesión del juicio oral que dirime si se benefició de la creación ad hoc de un puesto directivo de confianza.

En un testimonio caracterizado por la rigidez de su estrategia legal, el acusado ha limitado sus respuestas en exclusiva a las preguntas formuladas por su propio letrado defensor, eludiendo el escrutinio de las acusaciones populares.

El momento de mayor estupefacción en la sala se ha producido cuando el encausado ha sido interpelado acerca de la localización de sus dependencias como coordinador y posterior jefe de la Oficina de Artes Escénicas.

Ante las visibles dudas sobre la infraestructura real de su puesto, David Sánchez ha afirmado que dicha oficina «no era entendida como un edificio físico con una ventanilla», provocando que el propio magistrado presidente le instara a repetir la afirmación ante la ambigüedad del argumento.

«La oficina no era un edificio, sino una categoría administrativa», ha terminado por ratificar el acusado a instancias del tribunal.

La comparecencia del hermano del jefe del Ejecutivo llega tras una dilatada instrucción judicial iniciada a principios de 2025 bajo la dirección del Juzgado de Instrucción número 3 de Badajoz.

Durante el interrogatorio de la defensa, David Sánchez ha intentado justificar la ausencia de un despacho fijo alegando que, tras el periodo de la pandemia y la posterior reubicación de servicios institucionales en la Plaza de España, su labor se desempeñaba utilizando «espacios comunes y herramientas compartidas» dentro del Conservatorio Superior y las dependencias centrales de la corporación provincial.

Asimismo, la defensa ha tratado de desvincular el cambio de nomenclatura de su plaza en el año 2022 —cuando pasó a denominarse formalmente jefe de la Oficina de Artes Escénicas— de cualquier tipo de trato de favor o «capricho personal» adaptado a sus necesidades privadas.

El procesado ha argumentado que todas las actividades del programa Ópera Joven y los talleres vocales asociados contaban con el paraguas institucional, expedientes regulatorios y controles de gasto de la Diputación, rechazando de plano que su contratación, que le reportó unos emolumentos globales de más de 300.000 euros públicos desde 2017, careciera de contraprestación laboral efectiva.

Frente a las tesis de la defensa, el procedimiento penal sigue muy condicionado por las conclusiones de la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil.

Los informes policiales integrados en la causa detallan el hallazgo de hasta tres actas de calificación diferentes con notas variables en los archivos de la Diputación de Badajoz, lo que, según las acusaciones, evidenciaría una maniobra administrativa interna para asegurar la adjudicación de la plaza a Sánchez Pérez-Castejón.

El foco de la responsabilidad penal amenaza con extenderse en las próximas sesiones a la cúpula del PSOE de Extremadura de la época.

La fiscalización parlamentaria y judicial mantiene la hipótesis de que la presidencia de la Diputación de Badajoz, bajo el mandato de Miguel Ángel Gallardo, promovió la colocación del hermano del líder socialista como una vía de promoción y alineamiento político interno con la secretaría general de Ferraz.

Se espera que la próxima declaración testifical del propio Gallardo aporte luz sobre los criterios técnicos que rigieron una contratación que la oposición califica firmemente como un caso paradigmático de nepotismo institucional.