La presidenta regional reivindica la libertad religiosa y el impacto de la visita del Papa frente a los reproches de la oposición y el avance de los escándalos judiciales del PSOE

El debate parlamentario en la Asamblea de Madrid ha vuelto a trascender el ámbito estrictamente autonómico para convertirse en un escenario de confrontación de modelos culturales y de fiscalización de la política nacional.

Durante la última sesión de control, el anuncio de la inminente visita oficial de Su Santidad el Papa a la Comunidad de Madrid ha polarizado el hemiciclo, enfrentando la defensa de las raíces cristianas esgrimida por el Ejecutivo regional de Isabel Díaz Ayuso con los reproches de la izquierda, que acusa a la derecha de instrumentalizar los valores evangélicos mientras desatiende la gestión de los servicios públicos.

La controversia comenzó durante el turno de la oposición socialista y de Más Madrid, cuyas portavoces censuraron la gestión del Ejecutivo autonómico en materias como la Ley ELA o la sanidad pública, cuestionando en términos personales las convicciones morales y religiosas de la presidenta madrileña tras su reciente viaje institucional.

Desde la bancada de la izquierda se tachó de «fariseísmo» la agenda exterior de la jefa del Ejecutivo regional, aludiendo a los protocolos de las residencias durante la pandemia y acusando al PP de aplicar políticas insolidarias con los sectores más vulnerables de la sociedad madrileña.

En su réplica, Isabel Díaz Ayuso rechazó de forma tajante las «lecciones de creencias» por parte de las formaciones de izquierda, a las que acusó de profesar un rechazo histórico hacia la religión católica y de ausentarse sistemáticamente de los actos institucionales y funerales de Estado.

La presidenta madrileña defendió que su Gobierno legisla respetando las tradiciones y la libertad religiosa de una región mayoritariamente católica, reprochando la «demagogia» de la izquierda por intentar patrimonializar causas sociales como la atención a los enfermos de Esclerosis Lateral Amiotrófica (ELA).

«Vamos a abonar todas las prestaciones a todos los pacientes; nunca hubo un problema en este sentido hasta que su Gobierno central intentó legislar de manera chapucera», aseveró Ayuso, quien recordó que el Ejecutivo de Pedro Sánchez mantiene una deuda de 3.

100 millones de euros con la región en materia de dependencia.

La presidenta defendió la red asistencial de Madrid, destacando las cinco unidades de referencia hospitalarias, el centro de media estancia de Santa Cristina y las instalaciones específicas en el Hospital Enfermera Isabel Zendal.

El clímax de la sesión se alcanzó con la intervención del portavoz del Grupo Popular, Carlos Díaz Pache, y la posterior contundente respuesta de Ayuso, quienes transformaron el debate en una severa requisitoria contra el Palacio de la Moncloa y las recientes revelaciones de los sumarios judiciales que afectan al entorno del PSOE.

Díaz Pache ironizó sobre el temor que, a su juicio, suscita en el Gobierno de la nación que el Santo Padre aborde el concepto del «pecado», afirmando que Pedro Sánchez «ha pasado de presumir de resistencia a interesarse directamente por la resurrección».

El portavoz popular acusó al PSOE de actuar con «obediencia sumisa» ante una supuesta trama destinada a obstruir las investigaciones de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado.

Díaz Pache comparó la situación del Ejecutivo central con la «orquesta del Titanic tocando mientras se hunde el barco», asegurando que la opinión pública ya no cuestiona el grado de implicidad del presidente, sino «cuándo va a entrar la Guardia Civil en el Palacio de la Moncloa».

Por su parte, Ayuso cerró su intervención vinculando directamente la agresividad de la oposición con una estrategia de distracción frente a las próximas citaciones judiciales de mediados de junio que afectan al entorno presidencial y al exjefe del Ejecutivo, José Luis Rodríguez Zapatero.

«¿Está usted aquí en nombre de la cloaca? Su partido ha montado una trama corrupta para defender al ‘Juan’ a costa de cargarse la democracia», sentenció la presidenta, quien concluyó su discurso con un firme agradecimiento a los jueces, fiscales y agentes de la Guardia Civil que defienden el Estado de derecho frente a las presiones políticas.