La presidenta madrileña replica a las duras críticas del Grupo Socialista sobre la gestión de la ELA aireando los frentes judiciales de Begoña Gómez, David Sánchez y el papel mediador de Rodríguez Zapatero

La tensión parlamentaria en la Asamblea de Madrid ha alcanzado cotas de máxima beligerancia durante la sesión de control al Gobierno regional.

Lo que inicialmente se perfilaba como un debate sectorial centrado en la financiación de los cuidados para los pacientes de Esclerosis Lateral Amiotrófica (ELA) y las medidas de climatización en las aulas escolares ante las olas de calor, se ha transformado en un cruce generalizado de reproches institucionales, acusaciones de corrupción orgánica y alusiones directas a las causas penales que cercan al entorno familiar y político del presidente del Gobierno, Pedro Sánchez.

El detonante del enfrentamiento se produjo durante el turno de intervención de la portavoz del Grupo Parlamentario Socialista, Marta Espinar, quien afeó a la jefa del Ejecutivo autonómico una supuesta intencionalidad de aplicar copagos del 40% a los enfermos de ELA, calificando su gestión de «crueldad de dimensiones bíblicas».

Espinar acusó a Díaz Ayuso de instrumentalizar la Administración madrileña para proteger intereses particulares y de desplegar una agenda política ajena a los servicios públicos, llegando a asegurar de manera metafórica que la presidenta autonómica «comulga con billetes de 500 euros firmados por el sello de Quirón».

Lejos de adoptar una postura defensiva, Isabel Díaz Ayuso utilizó su turno de dúplica para negar categóricamente la existencia de trabas en las prestaciones de la ELA, garantizando el abono íntegro de las ayudas y acusando al Ejecutivo central de legislar de manera «chapucera».

Acto seguido, la presidenta madrileña lanzó una dura contraofensiva dirigida a la bancada socialista, vinculando las críticas de la oposición con un intento deliberado de desviar la atención pública de los delicados compromisos judiciales que afronta el Partido Socialista a nivel nacional.

«¿Qué ha venido a ocultar hoy aquí? Su partido montó una trama corrupta para defenderse a costa de cargarse la democracia», espetó Díaz Ayuso, situando a la portavoz socialista como «representante de la cloaca».

En una intervención inusualmente explícita, la presidenta de la Comunidad de Madrid aludió a la supuesta emisión de «facturas falsas para hacer desaparecer grabaciones de las saunas del suegro de su jefe», además de censurar la situación laboral de David Sánchez en Extremadura, calificándola como un ejemplo manifiesto de «enchufe y corrupción».

Ayuso enfatizó la relevancia del calendario judicial del presente mes, señalando directamente las fechas en las que Begoña Gómez y el expresidente José Luis Rodríguez Zapatero están llamados a testificar o aclarar sus vínculos en sede judicial.

Durante el debate, en el que también intervino el grupo Más Madrid para censurar la falta de infraestructuras de aire acondicionado en los centros educativos públicos, Díaz Ayuso aprovechó para manifestar su respaldo a los miembros de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado y a la judicatura.

Según la mandataria, determinados sectores de la Guardia Civil, la Policía y la Fiscalía han sufrido un «ostracismo y persecución» por parte de los mandos nombrados por el Ministerio del Interior, agradeciendo a los funcionarios que actúen de salvaguarda ante lo que calificó como un plan «fraguado en contra de la democracia».

Finalmente, la presidenta autonómica justificó su rechazo a los modelos de regularización masiva de inmigrantes propuestos por la izquierda, argumentando que carecen de criterios de control y generan un «efecto llamada» que favorece el negocio de las mafias internacionales, al tiempo que denunció la incapacidad del Ministerio de Sanidad para resolver la carencia estructural de facultativos y médicos especialistas en el territorio nacional.

La sesión concluyó en un ambiente de profunda división, evidenciando que el parlamento regional opera ya como un reflejo directo del choque de trenes de la política estatal.