El instituto armado requiere información financiera a seis grandes bancos y pide rastrear la relación comercial con las agencias publicitarias de las campañas catalanas

MADRIDEl escenario procesal que cerca a las estructuras del Partido Socialista y al entorno inmediato del presidente del Gobierno ha experimentado un avance de consecuencias imprevisibles.

Las pesquisas judiciales ya no se limitan a las responsabilidades individuales de los principales encausados, sino que apuntan de manera directa a la financiación y a la contabilidad orgánica de la formación política.

En un oficio remitido esta semana al titular del Juzgado Central de Instrucción de la Audiencia Nacional, Santiago Pedraz, la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil ha solicitado formalmente el rastreo y entrega de todos los movimientos bancarios efectuados por el PSOE y el PSC durante los ejercicios fiscales correspondientes a 2024 y 2025.

La petición de los investigadores del instituto armado, adelantada por la Cadena SER y ratificada por fuentes jurídicas a este diario, reclama que se libre mandamiento a las principales entidades financieras del país —Banco Santander, BBVA, CaixaBank, Abanca, Unicaja y Banco Sabadell— para auditar de forma exhaustiva los flujos de capital del partido oficialista.

De forma paralela, la UCO insta al magistrado instructor a requerir a la Agencia Tributaria un informe técnico integral sobre el patrimonio bancario de ambas delegaciones socialistas, así como los pormenores de las relaciones comerciales mantenidas con mercantiles integradas en el Grupo Crónica y el Grupo Iki, firmas que desarrollaron labores de consultoría y publicidad institucional durante los últimos comicios autonómicos en Cataluña.

De forma simultánea al cerco contable a Ferraz, el frente judicial abierto en Badajoz contra el entorno familiar de Pedro Sánchez ha registrado un notable revés para la estrategia de la defensa.

El tribunal de la sección penal, constituido por tres magistrados, ha estimado por unanimidad la solicitud formulada por la acusación popular, coordinada por el sindicato Manos Limpias, para reproducir de manera inmediata en la sala un compendio de siete grabaciones audiovisuales obtenidas durante la fase de instrucción del proceso.

El objetivo de la sala es contrastar de manera pormenorizada las lagunas manifestadas por el hermano del jefe del Ejecutivo, David Sánchez, durante sus comparecencias previas ante la juez Beatriz Biedma en enero de 2025, con el escueto testimonio de diez minutos ofrecido al inicio del juicio oral.

Las grabaciones, cuya emisión se ha ordenado sin dilación, recogen los pasajes más controvertidos del sumario, tales como la idoneidad del proyecto profesional aportado para acceder a la plaza pública de la Diputación de Badajoz, los detalles de la entrevista personal y el régimen de teletrabajo del que disfrutaba.

Las piezas audiovisuales que serán examinadas por el tribunal exponen asimismo las serias discrepancias relativas al organigrama de la Oficina de Artes Escénicas (posteriormente rebautizada como Oficina de Artes Técnicas).

En dichos interrogatorios, el encausado admitió que su equipo de trabajo incluía inicialmente a su allegado Luis María Carrero, un extremo que choca con la narrativa mantenida por la corporación provincial respecto a la limpieza de los procesos de selección de personal.

Igualmente bajo el foco se encuentran las grabaciones que constatan los intentos de arrendamiento de inmuebles destinados a albergar la sede de la citada delegación en fechas previas a la propia convocatoria oficial de la plaza, un indicio que las acusaciones consideran determinante para sostener la tesis del «traje a medida» institucional.

Con estos dos movimientos coordinados en Madrid y Badajoz, la presión judicial sobre la cúpula del Partido Socialista y el círculo íntimo de la Moncloa se sitúa en cotas inéditas, erosionando el margen de maniobra de la defensa ante las próximas conclusiones definitivas de los tribunales.