El hijo del exministro denuncia presiones de la dirección socialista, censura las descalificaciones de Leire Díez en el sumario y afirma que se están ocultando pruebas exculpatorias

Las últimas revelaciones del sumario judicial que investiga la presunta trama de corrupción en los contratos de material sanitario durante la pandemia han dinamitado de forma definitiva los puentes entre el Partido Socialista y el antiguo núcleo duro del Ministerio de Transportes.

En un escenario de máxima vulnerabilidad procesal, el entorno familiar de José Luis Ábalos ha decidido pasar a la ofensiva.

Víctor Ábalos, hijo del exministro, ha denunciado abiertamente una operación dirigida desde la sede central de Ferraz destinada a monitorizar y «controlar» la línea de defensa jurídica de su progenitor con el objetivo primordial de salvaguardar los intereses políticos de las siglas del PSOE.

Las transcripciones incorporadas a las diligencias instruidas reflejan la intensa actividad de Leire Díez, señalada por los investigadores como una de las presuntas operadoras de confianza en el organigrama del partido, en la gestión interna de la crisis.

Según los informes técnicos, Díez habría intervenido directamente en la sustitución del letrado de Koldo García —exasesor de Ábalos calificado despectivamente en los chats como «la ameba»— para evitar que este desvelase datos sensibles, al tiempo que monitorizaba de forma constante las minutas y los pasos procesales del entonces abogado del exministro, José Aníbal Álvarez.

Ante este despliegue de injerencias, la réplica de la familia Ábalos ha sido contundente: «Mi padre ha tenido siempre su propia línea de defensa y el PSOE lo que intentó desde el primer minuto fue controlarla.

Pero él no se ha dejado, no entró en eso», manifestó el hijo del encausado, desvinculando por completo cualquier nexo actual con las directrices de la formación gubernamental.

El descontento de la familia Ábalos no se limita a la esfera estrictamente procesal, sino que se extiende al plano personal tras comprobar el tenor de los comentarios vertidos en las comunicaciones intervenidas.

El sumario detalla cómo la interlocución entre Leire Díez y diversos cargos públicos, como el expresidente de la SEPI Vicente Fernández, incluía alusiones denigrantes hacia la figura del exministro de Transportes, atribuyendo su declive político a supuestos «líos de faldas» y mofándose de la diferencia de edad existente con su actual pareja sentimental.

Víctor Ábalos calificó estas manifestaciones de «casposas» y «desagradables», lamentando que altos cargos de la formación utilicen términos tan lesivos en el ámbito privado mientras en público evitan la confrontación directa.

«En la cara nadie tiene el valor de decírselo», aseveró, vinculando el posterior distanciamiento y la apertura de la auditoría interna ordenada por el actual ministro de Transportes, Óscar Puente, como una maniobra reactiva que derivó de forma directa en la imputación judicial del antiguo secretario de Organización socialista.

En el ámbito penal, el entorno del exministro cuestiona la imparcialidad del material que se está trasladando a la opinión pública y sostiene la tesis de que se está desarrollando una investigación prospectiva carente de base probatoria material.

La defensa argumenta que los análisis de la Unidad Central Operativa (UCO) se fundamentan de manera desproporcionada en las declaraciones testificales del empresario Víctor de Aldama —quien mantiene que se efectuaron pagos en metálico a terceras personas sin aportar de momento actas de acreditación documental— y en una selección sesgada de los flujos de mensajería electrónica.

A este respecto, el hijo del exministro garantizó que existen dispositivos informáticos y terminales de comunicación móvil que aún no han sido debidamente puestos a disposición de las partes y cuyo contenido íntegro alteraría el rumbo de la causa.

«Puedo asegurar que hay mensajes que exoneran a mi padre de muchas cosas y no se están publicando; lo sabremos cuando tengamos los dispositivos», apuntó.

El debate jurídico adquiere especial relevancia ante la proximidad de las conclusiones definitivas, en una causa donde las acusaciones populares han elevado sus peticiones de condena hasta los treinta años de prisión para el antiguo puntal del Ejecutivo de Pedro Sánchez.