El periodista denuncia en redes una estrategia de intoxicación para debilitar las exclusivas del ‘caso Leire’ y reclama una auditoría sobre los fondos públicos que reciben ciertos medios

El debate sobre la deontología profesional y la creciente polarización en los medios de comunicación ha sumado un nuevo e intenso enfrentamiento cruzado.

El periodista David Alandete ha censurado con severidad la última campaña informativa desplegada por el diario digital El Plural, orientada a cuestionar el rigor del periódico The Objective y, en particular, de la cronista política Ketty Garat.

Según Alandete, las tesis publicadas por el citado medio gubernamental constituyen una maniobra de distracción destinada a mitigar el impacto de las revelaciones judiciales del ‘caso Leire’, un escándalo que mantiene bajo presión al entorno del Ejecutivo y de la sede socialista de Ferraz.

El origen de la disputa radica en un artículo en el que se acusaba formalmente a Garat y a su cabecera de instrumentalizar informativamente el testimonio de Carmen Pano para articular una exclusiva presuntamente adulterada.

Desde los sectores afectados se interpreta este movimiento como un intento de desviar la atención pública de la línea de investigación principal, recurriendo al descrédito personal y profesional de los profesionales que lideran las publicaciones sobre la presunta red de fontanería socialista.

La réplica de Alandete se ha canalizado a través de su perfil oficial en la red social X, donde ha empleado términos de inusual dureza para definir la línea editorial de la publicación alineada con las tesis de la Moncloa.

«No son periodistas, son sicarios mediáticos al servicio del poder», aseveró el informador, lamentando lo que considera una degradación explícita de los estándares de la profesión en favor de una defensa a ultranza de la acción del Gobierno.

A juicio de Alandete, este tipo de coberturas no responden a criterios informativos legítimos, sino al funcionamiento coordinado de una estructura de contención diseñada para neutralizar las informaciones fiscalizadoras de la prensa independiente.

La contundencia de su denuncia pública ha encontrado un rápido eco en los sectores profesionales que observan con preocupación el señalamiento sistemático a los reporteros que cubren las causas de presunta corrupción política.

Más allá del reproche deontológico, el fondo de la reclamación formulada por Alandete apunta directamente a la financiación de estas cabeceras mediante recursos estatales.

El periodista ha instado a las instituciones competentes a poner en marcha una fiscalización rigurosa de los flujos económicos y de la publicidad institucional que sostiene a los medios de comunicación acusados de operar como terminales de propaganda.

«Ojalá algún día se audite cuánto dinero público ha acabado en estos vertederos propagandísticos», concluyó Alandete, vinculando la sostenibilidad económica de estas plataformas con el blindaje de operaciones opacas de comunicación.

Con esta reclamación sobre la mesa, el ecosistema mediático asiste a una profundización de su fractura interna, en un escenario donde la fiscalización del dinero público y el respeto al secreto profesional vuelven a ser objeto de una agria controversia.