David Sánchez alega que su delegación carecía de sede física fija mientras la acusación popular solicita reproducir sus audios de instrucción para evidenciar contradicciones

La fase oral del procedimiento penal seguido en la Audiencia Provincial de Badajoz contra David Sánchez, hermano del presidente del Gobierno, y Miguel Ángel Gallardo, presidente de la Diputación de Badajoz, ha arrancado con una marcada estrategia de contención por parte de las defensas.

En una sesión de alta expectación mediática, el principal encausado limitó su comparecencia a un breve interrogatorio de apenas diez minutos, respondiendo en exclusiva a las preguntas formuladas por su propio letrado, Emilio Cortés.

El objetivo prioritario de la comparecencia se centró en neutralizar los indicios de prevaricación y tráfico de influencias que pesan sobre la creación y modificación de su estructura laboral.

El núcleo de la declaración de David Sánchez versó sobre la Oficina de Artes Escénicas, un organismo creado en el año 2022 y cuya actividad real e infraestructura han sido severamente cuestionadas por los informes de la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil.

A preguntas de su defensa, el investigado justificó la ausencia de un espacio físico identificable sosteniendo que la delegación «no era entendida como una oficina en sí misma, con una ventanilla», sino como una «categoría administrativa».

Según su testimonio, esta naturaleza operativa le obligaba a utilizar de manera alterna despachos comunes y dependencias ubicadas en el Conservatorio Superior durante el periodo comprendido entre 2023 y la actualidad.

Las tesis de las acusaciones, sustentadas en las diligencias del instituto armado, apuntan a que el puesto de David Sánchez sufrió modificaciones orgánicas diseñadas específicamente para adecuar el cargo a sus intereses profesionales y dar cobertura formal a actividades ajenas a las funciones que ostentaba desde 2017.

El acusado negó cualquier tipo de injerencia en las decisiones organizativas de la corporación provincial, encuadrando los cambios de denominación del puesto en una «evolución natural de las actividades que ya se venían realizando».

Asimismo, desvinculó su posición de la contratación en 2023 de Luis Carrero, exasesor del Palacio de la Moncloa, afirmando carecer de «capacidad de decisión e información administrativa» al respecto.

Por su parte, el también encausado Miguel Ángel Gallardo adoptó una postura notablemente más expansiva en el estrado, aunque igualmente limitada a los requerimientos de su defensa jurídica.

Gallardo negó de forma taxativa que la plaza asignada al hermano del jefe del Ejecutivo central fuese un «traje hecho a medida», calificando las conclusiones provisionales de la UCO como una «novela de ficción».

Para desmarcarse de cualquier presunto trato de favor por razones de afinidad política, el presidente de la Diputación aseveró que en el año 2016 —fecha en la que se perfiló la plaza— «apenas tenía relación con Pedro Sánchez» y que, durante los procesos de primarias internas del PSOE, su apoyo explícito se dirigió hacia la corriente orgánica encabezada por Susana Díaz.

La brevedad del testimonio de David Sánchez fue objeto de análisis por parte de los cronistas jurídicos presentes en la sala, entre ellos la periodista Rocío Romero, del diario Hoy, quien destacó el blindaje diseñado por la defensa para evitar un nuevo bloqueo del encausado similar al acontecido durante la fase de instrucción, cuando no precisó la localización ni las funciones exactas de su departamento.

Ante este escenario de restricción informativa, la acusación popular ejercida por el sindicato Manos Limpias ha solicitado formalmente al tribunal de la Sección Penal la reproducción en la sala de las grabaciones correspondientes a las comparecencias de David Sánchez en la fase inspectora.

El propósito de la acusación es confrontar de manera pública las respuestas actuales con las evasivas manifestadas en el inicio de la causa, poniendo de relieve presuntas contradicciones procesales antes de que el tribunal fije la fecha para el turno de última palabra.

El Ministerio Fiscal mantiene de momento sus peticiones de pena, que ascienden a tres años de prisión para Sánchez y año y medio para Gallardo.