Las acusaciones señalan un giro argumental en el testimonio de David Sánchez, quien ha pasado de ubicar su puesto en un despacho físico a definirlo como una «categoría administrativa» vacía de espacio

El desarrollo de la vista oral en la Audiencia Provincial de Badajoz contra David Sánchez, hermano del presidente del Gobierno, ha sumado un nuevo elemento de vulnerabilidad para su estrategia de defensa jurídica.

Durante la última sesión de interrogatorios, las acusaciones populares han puesto el foco en las severas divergencias conceptuales en las que ha incurrido el encausado al intentar justificar la localización material y el desempeño real de sus funciones al frente de la Oficina de Artes Escénicas de la Diputación de Badajoz, un puesto clave en la investigación por presunto tráfico de influencias y malversación.

El núcleo de la controversia radica en el notable contraste entre sus comparecencias.

Al ser confrontado con los diarios de sesiones de la fase de instrucción, el acusado ha mostrado un giro discursivo que los letrados de la acusación califican de maniobra reactiva para eludir los informes de absentismo laboral emitidos por las fuerzas de seguridad.

Mientras que en sus primeras declaraciones ante el juzgado instructor David Sánchez ligaba su actividad a un entorno físico tradicional —llegando a afirmar que la oficina se encontraba materialmente «en el despacho donde estoy alojado yo ahora»—, su comparecencia de esta mañana ha introducido un concepto inédito en la organización de la corporación provincial.

A preguntas de las partes personadas sobre la falta de mención a una sede concreta tras las modificaciones orgánicas del departamento, el investigado ha rechazado que la delegación tuviera una infraestructura convencional.

«No era entendido como una oficina con ventanilla, un edificio físico», ha alegado a preguntas de su letrado, Emilio Cortés, añadiendo posteriormente que la Oficina de Artes Escénicas debe interpretarse estrictamente como una «categoría administrativa» y no como un emplazamiento dotado de mobiliario o atención presencial.

Este cambio de criterio ha sido explotado por las acusaciones en la sala para fundamentar la tesis de que se trata de una estructura opaca o carente de contenido laboral real, creada presuntamente de forma arbitraria.

La contradicción procesal —el paso de un despacho con entidad física a un concepto puramente nominal— debilita, a juicio de los analistas jurídicos, la credibilidad del relato del encausado, toda vez que los registros de la Diputación de Badajoz contemplaban la plaza con asignación presupuestaria y responsabilidades de gestión ejecutiva directa.

La asimetría de los testimonios ha trascendido rápidamente el ámbito estricto de la Audiencia de Badajoz, convirtiéndose en el eje de un intenso debate en plataformas digitales y medios de comunicación, donde se censura la falta de concreción del hermano del jefe del Ejecutivo.

Fuentes jurídicas consultadas por este diario coinciden en señalar que las fisuras en la coherencia del relato del imputado suelen ejercer un efecto adverso en la deliberación de la sala, especialmente cuando se confrontan con las pruebas documentales y los posicionamientos de los dispositivos móviles analizados por la Unidad Central Operativa (UCO).

Con las sesiones de testificales prácticamente concluidas y a las puertas del trámite de conclusiones definitivas, la fijación de esta nueva línea de defensa basada en la «abstracción» del puesto de trabajo sitúa al tribunal ante la tarea de dirimir si la Oficina de Artes Escénicas respondía a una necesidad organizativa legítima de la Diputación o si, por el contrario, constituyó un artificio formal para dar cobertura institucional a un puesto diseñado de forma discrecional.