El BNG denuncia el uso recurrente de la contratación directa con el Grupo Eulen y Universal Support mientras la Administración autonómica alega desajustes técnicos e informáticos en el registro de los expedientes

La gestión de la contratación pública de la Xunta de Galicia durante las últimas legislaturas se ha convertido en el epicentro del debate político en el Parlamento gallego.

Las acusaciones populares y los grupos de la oposición, encabezados por el Bloque Nacionalista Galego (BNG), han puesto el foco en una serie de adjudicaciones que suman cerca de dos millones de euros distribuidos en un lustro, orientadas a mercantiles donde constan vínculos de parentesco con el expresidente autonómico y actual líder del Partido Popular, Alberto Núñez Feijóo.

El núcleo de la controversia radica en el uso presuntamente irregular de la figura del contrato menor y de los procedimientos de emergencia, cuyos umbrales económicos habrían sido desbordados de manera sistemática.

De acuerdo con las auditorías preliminares y los datos remitidos a la cámara autonómica, las principales entidades objeto de fiscalización son el Grupo Eulen —cuya dirección para el noroeste de España recae en Micaela Núñez Feijóo, hermana del dirigente político— y la firma de servicios de atención telefónica Universal Support, filial de la multinacional Konecta, que cuenta en su dirección comercial con Ignacio Cárdenas, cuñado del expresidente gallego.

Los informes de la oposición apuntan a que entre los años 2009 y 2024, coincidiendo con las administraciones de Núñez Feijóo y Alfonso Rueda, el volumen global de adjudicaciones al Grupo Eulen superó los 52 millones de euros, una progresión que los grupos fiscalizadores consideran acreedora de un examen pormenorizado.

La Ley de Contratos del Sector Público fija con claridad los límites para la adjudicación directa sin concurso: 15.

000 euros para la prestación de servicios y 40,000 euros para la ejecución de obras, salvaguardando los principios de publicidad y concurrencia.

No obstante, las pesquisas han identificado que el Servicio Galego de Saúde (Sergas) adjudicó a Eulen, entre abril y septiembre de 2024, un paquete de ocho contratos menores de seguridad que acumulaban un importe de 1,2 millones de euros.

Cinco de estas licitaciones mensuales presentaban idéntica cuantía, fijada en 222.

225 euros, una cifra que multiplica sustancialmente el techo legal permitido para este mecanismo simplificado.

Ante estas magnitudes, las explicaciones ofrecidas por los distintos departamentos autonómicos —que incluyen al Sergas, la Consellería de Presidencia y el Consorcio Galego de Servizos de Igualdade e Benestar— difieren sensiblemente entre sí.

Fuentes de la Administración regional atribuyen de forma mayoritaria estas discrepancias a «errores de registro contable», fallos de codificación informática y rigideces de la plataforma digital de contratación que impiden asentar adecuadamente conceptos plurianuales o convenios marco, descartando categóricamente cualquier supuesto de desviación de poder o trato de favor.

El segundo vector de la polémica afecta a Universal Support.

Los registros indican que apenas tres días antes de formalizarse la dimisión de Feijóo para asumir la dirección nacional de su partido, el Sergas formalizó dos adjudicaciones directas a esta compañía por valores de 170.000 y 33.000 euros respectivamente, vinculadas al seguimiento telefónico de la crisis sanitaria.

Aunque la Xunta sostiene que estos pagos derivan de un convenio marco previo tramitado bajo la modalidad de «Asociación para la Innovación», las bases de licitación iniciales reflejaban un presupuesto estimado simbólico de 0,2 euros que finalmente ascendió a más de 3 millones de euros, extremo que la oposición califica de maniobra de disuasión para potenciales competidores del sector.

Asimismo, el Consello de Contas de Galicia refrendó en sus dictámenes de 2024 que Universal Support fue la firma más beneficiada de la comunidad en el reparto de fondos de emergencia contra la pandemia, percibiendo más de 15,2 millones de euros por el soporte logístico y de telemarketing, por encima de las empresas del sector estrictamente farmacéutico o clínico.

La tensión parlamentaria alcanzó su cota máxima tras la activación de una comisión de investigación especial impulsada por el BNG mediante el cupo de garantía minoritaria que otorga el reglamento de la cámara.

El órgano legislativo reclamó el examen de la totalidad de las relaciones contractuales, recibiendo documentación relativa a 825 expedientes formalizados con el Grupo Eulen y Universal Support hasta finales de 2024.

Sin embargo, las fuerzas de la oposición han denunciado el «torpedeo» y la opacidad de los trabajos parlamentarios, acusando a la mayoría del Partido Popular de vetar las comparecencias del propio Alberto Núñez Feijóo, de su hermana Micaela y de Ignacio Cárdenas, al tiempo que censuran la exclusión de 1.

133 expedientes que sí constaban en las plataformas electrónicas de fiscalización posteriores.

El debate permanece abierto a la espera de las conclusiones del dictamen, en un escenario donde la liza política gallega continúa dirimiéndose bajo la estricta vigilancia de los organismos de control de las finanzas públicas.