La presidenta regional reivindica la libertad religiosa y el impacto económico de la visita del Papa León XIV frente a los reproches de Más Madrid sobre la laicidad del Estado

El debate parlamentario en la Asamblea de Madrid ha vuelto a trascender el ámbito estrictamente autonómico para convertirse en un escenario de confrontación de modelos culturales y de fiscalización de la política nacional.
Durante la última sesión de control, el anuncio de la inminente visita oficial de Su Santidad el Papa León XIV a la Comunidad de Madrid ha polarizado el hemiciclo, enfrentando la defensa de las raíces cristianas de Occidente esgrimida por el Ejecutivo regional de Isabel Díaz Ayuso con los reproches de la izquierda, que acusa a la derecha de instrumentalizar los valores evangélicos mientras desatiende los servicios públicos.
La controversia comenzó durante el turno de la portavoz de Más Madrid, Manuela Bergero, quien censuró la falta de climatización en las escuelas públicas madrileñas durante la actual ola de calor y acusó a la presidenta de incurrir en una contradicción moral tras manifestar públicamente la recuperación de su fe religiosa.
Bergero cuestionó si es compatible con los valores cristianos «boicotear la regularización de las personas migrantes» o «callar ante los crímenes de guerra», asegurando que, en la actualidad, «la izquierda está mucho más cerca de los valores cristianos que quien dejó morir sin médico a 7.291 personas mayores», en alusión a la gestión de las residencias durante la pandemia.

En su réplica, Isabel Díaz Ayuso rechazó las «lecciones de creencias» por parte de las formaciones de izquierda, a las que acusó de profesar un «odio» histórico hacia la religión católica y de ausentarse sistemáticamente de los actos institucionales y funerales de Estado.
La presidenta madrileña defendió que su Ejecutivo legisla respetando la verdad, las tradiciones y la libertad religiosa de una región mayoritariamente católica, enmarcando sus políticas dentro de la defensa del humanismo occidental y el derecho a la vida, con especial mención a las medidas de protección para los no nacidos.
Asimismo, Ayuso desglosó el vasto plan de infraestructuras y movilidad diseñado por el Consorcio Regional de Transportes para acoger al Pontífice.
El despliegue incluye la acreditación de más de 2.200 periodistas en la Real Casa de Correos, la habilitación del Movistar Arena como centro de recepción para la sociedad civil y el uso de polideportivos e institutos para el alojamiento de voluntarios.
Más allá del simbolismo espiritual, la jefa del Ejecutivo autonómico cifró en 100 millones de euros el impacto económico directo que reportará la visita papal a los sectores hostelero y cultural de la región, consolidando a Madrid como una comunidad «abierta, plural y mestiza».
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El clímax de la sesión se alcanzó con la intervención del portavoz del Grupo Popular, Carlos Díaz Pache, quien transformó el debate sobre la visita del Santo Padre en una severa requisitoria contra el Palacio de la Moncloa.
Díaz Pache ironizó sobre el temor que, a su juicio, suscita en el Gobierno de la nación que el Papa aborde el concepto del «pecado», afirmando que Pedro Sánchez «ha pasado de presumir de resistencia a interesarse directamente por la resurrección».
El portavoz popular acusó al PSOE de actuar con «obediencia sumisa» ante una supuesta trama destinada a obstruir las investigaciones de la Guardia Civil y la Policía Nacional sobre el entorno familiar del presidente del Gobierno.
Díaz Pache comparó la situación del Ejecutivo central con la «orquesta del Titanic tocando mientras se hunde el barco», asegurando que la opinión pública ya no cuestiona el grado de complicidad de Pedro Sánchez en los casos de presunta corrupción, sino «cuándo va a entrar la Guardia Civil en el Palacio de la Moncloa».
La sesión concluyó con un cerrado aplauso de la bancada popular en defensa de los jueces, fiscales y funcionarios públicos que, según el PP, actúan como la última línea de defensa del Estado de derecho frente a las estructuras del aparato gubernamental.

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