BOGOTÁ. — La crispación política y judicial en Colombia ha alcanzado niveles de máxima alerta tras confirmarse la condena de 28 años de prisión contra el ganadero Santiago Uribe Vélez, hermano del expresidente Álvaro Uribe Vélez. La Corte Suprema de Justicia ratificó la sentencia que lo vincula formalmente con la creación del grupo paramilitar conocido como “Los 12 Apóstoles” y el homicidio del conductor Camilo Barrientos en la década de los 90.

El dictamen ha desatado una tormenta de reacciones en las esferas de poder, encabezada por un agrio intercambio de declaraciones entre el presidente de la República, Gustavo Petro, y Tomás Uribe, hijo del exmandatario. La confrontación pública ha puesto sobre la mesa serias advertencias sobre presuntas retaliaciones políticas y amenazas contra la libertad de prensa en el país.

La controversia se encendió luego de que Tomás Uribe tildara a su tío de “preso político”, cuestionando la legitimidad del proceso y señalando directamente al abogado de la contraparte, Daniel Ernesto Prado, por sus vínculos históricos con el mandatario actual.

La respuesta del presidente Petro no se hizo esperar. A través de un contundente mensaje, el jefe de Estado recordó sus debates parlamentarios del año 2007 sobre el narcoparamilitarismo en Antioquia y alertó sobre los peligros que acechan a quienes denunciaron estos crímenes:

Garantías presidenciales: Petro aseguró que, bajo su administración, la familia Uribe contará con el respeto absoluto a su vida y bienes, descartando cualquier extradición para exmandatarios.

Denuncia de venganza: El mandatario advirtió de forma explícita que los sectores herederos de la “cultura política y criminal” del paramilitarismo buscan ejecutar una venganza en su contra y de figuras de la izquierda como el senador Iván Cepeda.

Llamado a la convivencia: Petro enfatizó la necesidad de superar la “gobernanza paramilitar” que, según cifras citadas, dejó centenares de víctimas en el norte de Antioquia, instando a un acuerdo nacional.

El ambiente de confrontación ha trascendido las redes institucionales. La periodista judicial Andrea Aldana denunció públicamente haber recibido graves intimidaciones tras reportar los detalles del fallo judicial. Sectores de la prensa y analistas locales han manifestado su profunda preocupación por el incremento de la hostilidad contra los comunicadores en el marco de la actual campaña electoral.

Por su parte, figuras de la oposición como la senadora Paloma Valencia y el propio expresidente Álvaro Uribe expresaron su absoluto rechazo al fallo, calificándolo de “profundamente injusto” y acusando la existencia de un montaje judicial basado en testimonios falsos de exmiembros de la fuerza pública.

En el plano estrictamente legal, la defensa de Santiago Uribe, liderada por el abogado Jaime Granados, intentó interponer un recurso extraordinario de casación para frenar la orden de captura inmediata. Sin embargo, la Corte Suprema de Justicia desestimó el recurso de manera expedita, argumentando que el caso ya quedó cerrado bajo el mecanismo de doble conformidad.

Ante el cierre de las vías ordinarias, se anticipa que la defensa acudirá a la acción de tutela por presunta vulneración de derechos fundamentales, una maniobra que sectores cercanos a las víctimas catalogan como una estrategia dilatoria para postergar el ingreso residencial de Uribe Vélez a un centro penitenciario.