El sumario revela que Pedro Sánchez avaló las operaciones de Leire Díaz para proteger los intereses de Moncloa y destapa presiones de Interior para neutralizar las pesquisas sobre David Sánchez y el desvío de fondos de la campaña europea.

El cerco judicial sobre el Palacio de la Moncloa y la sede central del Partido Socialista se ha estrechado de forma drástica en las últimas horas tras el levantamiento parcial del secreto de sumario de la pieza principal de las investigaciones conducidas por la Unidad Central Operativa (UCO).

Las conclusiones de los informes policiales, a los que ha tenido acceso este diario, dibujan una trama de interferencia institucional sin precedentes, diseñada presuntamente para blindar al presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, y mitigar el impacto de los diversos frentes judiciales que cercan a su entorno más íntimo.

Los indicios recabados sitúan a la organización política a un paso de la imputación como persona jurídica, mientras se constata el conocimiento directo por parte de la jefatura del Ejecutivo.

Frente a la tesis sostenida por el aparato de comunicación de Ferraz, que circunscribía cualquier movimiento a una reacción defensiva en la primavera de 2024 tras la apertura de diligencias contra Begoña Gómez, la agenda incautada a la mediadora Leire Díaz demuestra que los mecanismos de control se encontraban plenamente operativos desde el año 2021.

Las anotaciones manuscritas detallan objetivos de neutralización de perfiles judiciales de alta sensibilidad, incluyendo planes explícitos para apartar del escenario procesal al magistrado del Tribunal Supremo, Manuel Marchena.

Los mensajes interceptados por los investigadores confirman la implicación de la cúspide gubernamental.

El 16 de septiembre de 2024, coincidiendo con las primeras informaciones periodísticas que alertaban sobre la existencia de un grupo de presión interna en Ferraz, Díaz remitió un mensaje a Vicente Fernández Guerrero, expresidente de la SEPI, de contenido inequívoco: «El one dice que seguir, que estoy haciendo cosas grandes y que no me rinda».

Fuentes de la investigación identifican sin ambages el término «el one» como el código utilizado por la red para referirse a Pedro Sánchez, cuyo respaldo explícito vuelve a quedar de manifiesto en comunicaciones posteriores que aluden a la intermediación de Santos Cerdán.

El apartado más sensible del dossier de la UCO detalla la supuesta instrumentalización de los mandos políticos colocados por el Ministerio del Interior que dirige Fernando Grande-Marlaska.

De acuerdo con los testimonios y actas reflejadas en la causa, el anterior director general de la Guardia Civil, Leonardo Marcos, mantuvo un encuentro clave el 12 de julio de 2024 en el que conminó a los agentes instructores a rebajar el tono del informe patrimonial relativo a David Sánchez, hermano del presidente del Gobierno, exigiendo textualmente «que no haya nada en el informe».

Apenas cuatro días más tarde, el Director Adjunto Operativo (DAO), Manuel Llamas, reiteró estas directrices ordenando a las unidades especiales «ponerse de perfil» en todas aquellas indagaciones que tuvieran ramificaciones de naturaleza política, instándoles expresamente a abandonar cualquier actitud proactiva en el esclarecimiento de tramas de presunta corrupción que afectasen a las siglas socialistas.

La actual directora general, Mercedes González, se encuentra en el centro de la controversia tras acreditarse de forma fehaciente tres encuentros reservados con Leire Díaz.

Las pesquisas de la UCO apuntan a que González utilizó información facilitada por la propia fontanera del PSOE para incoar expedientes disciplinarios y abrir investigaciones internas contra los propios agentes de la Guardia Civil encargados de las pesquisas contra el partido gobernante.

La cercanía entre ambas jefaturas se evidencia en las conversaciones intervenidas a la letrada Leticia de la Cruz, quien sugirió a Díaz exigir prebendas a la directora general con una frase lapidaria: «Dile a tu amiga que más que una comida, te debe la comida de un año entero».

La ramificación económica del sumario profundiza en el presunto uso ilícito de recursos públicos y de partido para fines particulares de protección.

La UCO sostiene que el PSOE detrajo al menos 18.000 euros de las partidas asignadas a la campaña electoral europea de la actual vicepresidenta Teresa Ribera.

El destino de dichos fondos no fue la movilización de electorado, sino la adquisición en el mercado negro de determinados archivos de audio vinculados a los negocios de saunas propiedad del suegro del presidente del Gobierno, un material que la red consideraba prioritario neutralizar antes de que fuera aportado a sede judicial.

Asimismo, la investigación se adentra en la Sociedad Estatal de Participaciones Industriales (SEPI), donde se rastrean presuntas irregularidades y amaños en la concesión de contratas de apoyo público a corporaciones en crisis.

En este contexto, el sumario documenta las ofertas de compensación económica realizadas por emisarios de la formación a Carmen Pano —la empresaria que denunció la entrega de 90.000 euros en metálico en la sede de la calle Ferraz— con el fin último de exculpar de las responsabilidades penales al exministro de Transportes, José Luis Ábalos, y evitar un desplome en cadena del entramado institucional.