El magistrado interviene de forma enérgica durante la declaración de un testigo para impedir que el interrogatorio se desvíe hacia los corrillos internos de la Diputación de Badajoz.

El procedimiento penal que investiga a David Sánchez Pérez-Cid, hermano del presidente del Gobierno, por presuntos delitos de malversación, prevaricación y tráfico de influencias, ha vivido su jornada más bronca en sede judicial.

Durante la fase de testificales, el magistrado instructor ha protagonizado un durísimo enfrentamiento verbal con el abogado de una de las acusaciones populares, cortando de raíz cualquier intento de indagar en la falta de asistencia del músico a su puesto de trabajo mediante testimonios indirectos o comentarios de pasillo en la Diputación de Badajoz.

La polémica se desató durante el interrogatorio a un alto cargo administrativo de la institución provincial, centrado inicialmente en la conflictividad laboral y en las denuncias previas de sindicatos como la Central Sindical Independiente y de Funcionarios (CSIF).

Dichas organizaciones venían protestando de forma sistemática por la contratación de personal externo en detrimento de la promoción interna de los funcionarios de carrera, un marco en el que se encuadra precisamente la creación ad hoc de la plaza de coordinador de conservatorios para el hermano de Pedro Sánchez.

El clima de la sala de vistas cambió drásticamente cuando el letrado de la acusación intentó abordar de manera directa el presunto absentismo laboral de David Sánchez, uno de los pilares de la denuncia que sostiene que el investigado percibe un sueldo público sin acudir a su centro de trabajo.

Al ser preguntado el testigo sobre si había recibido quejas formales por este motivo, este se limitó a señalar que el puesto del imputado “no estaba sujeto al control de la unidad de inspección”.

Ante esta respuesta, el abogado repreguntó al testigo si, al menos a nivel informal, “de corrillo o en la máquina de café”, se comentaba de manera habitual que David Sánchez no acudía a trabajar.

Fue en ese instante cuando el juez instructor interrumpió la sesión con una contundencia inusual, dejando al letrado sin capacidad de reacción.

“Voy a decir una cosa clara a todas las partes. A la sala no le interesan ni los rumores, ni las elucubraciones, ni los corrillos. ¿Me han entendido? Continúe, señor letrado”, sentenció el magistrado, imponiendo el estricto orden procesal.

Lejos de acatar la orden de forma sumisa, el letrado intentó defender la pertinencia de su línea de interrogatorio, lo que derivó en un tenso cuerpo a cuerpo con la presidencia del tribunal.

“Señoría, no quiero discutir con usted, pero es que la palabra ‘rumores’ no me la he inventado yo. Aparece en el escrito de conclusiones”, replicó el abogado, aludiendo a los propios documentos oficiales que obran en el sumario y que recogen las sospechas generalizadas de la plantilla de la Diputación.

La respuesta del juez fue fulminante y no dejó margen a la réplica: “Señor letrado, no voy a discutir con usted. Hágame lo que yo le digo. Gracias”.

Ante el apercibimiento de la autoridad judicial, el abogado se vio obligado a ceder, zanjando el incidente con un escueto “yo lo voy a hacer, señoría, créame que sí”.

Fuentes jurídicas consultadas a la salida de los juzgados ligan este movimiento del instructor a una estrategia de “higiene procesal” para evitar que la defensa del hermano de Sánchez pueda alegar indefensión o contaminación del procedimiento en futuras instancias.

No obstante, para las acusaciones, el blindaje judicial en torno a lo que era un secreto a voces en los pasillos de la Diputación evidencia las enormes dificultades técnicas para fiscalizar un puesto de trabajo que carecía de cualquier tipo de control institucional.