BOGOTÁ. — La crisis institucional en Colombia ha alcanzado su punto de máxima ebullición a pocas semanas de la crucial segunda vuelta presidencial.

En lo que el espectro progresista califica como una “persecución jurídica y censura selectiva”, la Procuraduría General de la Nación ha puesto en marcha un aparato de fiscalización que amenaza con desmantelar el corazón del gabinete del presidente Gustavo Petro, generando una desbandada de altos funcionarios que buscan refugiarse en la campaña del candidato de izquierda, Iván Cepeda.

La tensión política escaló de forma dramática tras las declaraciones del ministro de Defensa, Pedro Sánchez, quien descalificó públicamente la propuesta estrella de seguridad del candidato derechista Abelardo de la Espriella.

La propuesta de De la Espriella promete “acabar con los criminales en 90 días a punta de plomo y bombardeos”.

Sánchez calificó el plan de “totalmente inconcebible” e irreal, argumentando que las mafias modernas operan desde sectores urbanos y lujosas mansiones en el exterior (como Madrid, Miami o Dubái), y no en campamentos rurales tradicionales.

La respuesta de los sectores afines a la derecha no se hizo esperar: el abogado Germán Calderón interpuso de inmediato una queja disciplinaria exigiendo la suspensión provisional del jefe de la cartera de Defensa.

Asimismo, el partido Centro Democrático y el movimiento Salvación Nacional radicaron denuncias contra el ministro de Educación, Daniel Rojas, acusándolo de participación indebida en política por defender los logros estatales del programa “Matrícula Cero” frente a las críticas de la oposición.

Ante la avalancha de expedientes y lo que el Ejecutivo considera una estrategia articulada de desprestigio, el presidente Gustavo Petro rompió el silencio con una grave denuncia internacional.

El mandatario aseguró que la campaña de la extrema derecha está inundando las redes sociales de fake news mediante una infraestructura financiada con “millones de dólares”.

Según las afirmaciones del jefe de Estado, estos fondos provienen de un entramado internacional al que denominó el “Eje del Mal” o “Energía Oscura”, vinculando directamente capitales de líderes extranjeros como Benjamín Netanyahu y Javier Milei, en alianza con sectores del narcotráfico y grandes conglomerados empresariales.

Por su parte, el ministro Daniel Rojas respaldó la tesis presidencial detallando que el millonario gasto en pauta publicitaria digital busca opacar hitos de la gestión actual, tales como la inversión histórica de más de 234 mil millones de pesos para garantizar la cobertura universal del Programa de Alimentación Escolar (PAE) en el departamento de La Guajira, beneficiando a municipios históricamente abandonados como Riohacha y Maicao.

El impacto de las investigaciones ya se ha cobrado sus primeras bajas dentro del tren gubernamental.

Carlos Carrillo, director de la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres (UNGRD) —quien asumió el cargo para sanear la entidad tras los escándalos de corrupción de la administración anterior—, presentó su renuncia irrevocable tras ser suspendido de forma fulminante por la Procuraduría.

Fuentes cercanas aseguran que Carrillo se sumará de inmediato como refuerzo político a la campaña de Iván Cepeda en Bogotá.

El tablero político se terminó de sacudir con la sanción en primera instancia de seis meses de suspensión impuesta contra Jarmán Felipe, actual director de la Agencia Nacional de Tierras y pieza clave en la ejecución de la reforma agraria.

La medida disciplinaria obedece a presuntas irregularidades administrativas cometidas durante su período como alcalde de Villavicencio.

Al igual que Carrillo, se rumorea que Felipe contempla la dimisión para evadir el cerco judicial y adherirse a la militancia cepedista.

El clímax de la confrontación institucional se consolidó con dos polémicas decisiones del despacho del Procurador General:

Indagación a la Comisión de Acusaciones: El órgano de control abrió una investigación preliminar contra los congresistas de la Comisión de Acusaciones de la Cámara de Representantes, bajo el argumento de presunta dilación en los procesos disciplinarios que se adelantan contra el presidente Petro, presionando por fallos exprés antes de la jornada electoral.

Monitoreo en tiempo real: La creación de un equipo de élite judicial dedicado exclusivamente a vigilar, segundo a segundo, cada alocución, trino y publicación del presidente de la República en plataformas digitales para detectar cualquier asomo de propaganda electoral.

Ante el asedio, Petro recordó que el deber de su Gobierno es defender el mandato popular hasta el último día de su periodo constitucional: “La política cada vez deriva más entre las fuerzas de la luz y las fuerzas de la oscuridad.

¿Es la vida o la muerte? Yo estoy con la vida”, sentenció el mandatario, vaticinando una batalla electoral histórica donde el pueblo colombiano tendrá la última palabra.