La acusación popular eleva a seis años la petición de cárcel para David Sánchez tras negarse a declarar ante las acusaciones en una jornada marcada por las contradicciones de los testigos.

El proceso judicial que investiga la presunta creación ad hoc de un puesto directivo en la Diputación de Badajoz para David Sánchez, hermano del presidente del Gobierno, ha vivido su jornada más bronca en la Audiencia Provincial.

La comparecencia del expresidente de la corporación provincial, Miguel Ángel Gallardo, lejos de blindar la estrategia de la defensa, se convirtió en un delicado bache procedimental debido a las ostensibles contradicciones en las que incurrió el dirigente socialista, obligando al magistrado presidente a intervenir para reconducir el orden de la vista y exigirle que se ciñera a las preguntas procesales.

La tensión acumulada en la sala y la negativa sistemática de los principales investigados a responder a las preguntas de las acusaciones populares —ejercidas por el Partido Popular y Vox, entre otros— han provocado una reacción inmediata de los letrados, quienes han elevado de tres a seis años de prisión la petición de pena para el hermano del jefe del Ejecutivo.

Durante su interrogatorio, a preguntas exclusivas de su propio abogado defensor, Gallardo exhibió una marcada actitud de confrontación política más propia de un debate parlamentario que de un tribunal de justicia.

El momento de mayor fricción se produjo cuando el expresidente de la Diputación arremetió de forma directa contra las conclusiones de la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil y las declaraciones del teniente coronel Antonio Balas, calificando el sumario policial de “novela de ficción propia de los premios Felipe Trigo”.

El juez instructor interrumpió de inmediato el alegato del político socialista, recordándole de forma severa que la última palabra es un derecho constitucional reservado para el término del juicio y exigiéndole que limitara sus respuestas al marco estricto de las preguntas formuladas, despojando a la intervención de cualquier atisbo de mitin partidista.

El intento de Gallardo de desvincular el nombramiento de David Sánchez de cualquier tipo de motivación política o favor hacia Ferraz se desmoronó en apenas unos minutos de declaración.

En un primer momento, el testigo aseguró que en el otoño de 2016 —fechas en las que se gestó la plaza de coordinador de conservatorios— él “no era consciente” de que Pedro Sánchez tuviera hermanos, argumentando además que la relación con el entonces defenestrado secretario general del PSOE no era fluida.

Sin embargo, el relato entró en colisión con la realidad temporal cuando, avanzada la declaración, Gallardo admitió que un miembro de su propio gabinete le advirtió formalmente de que entre los aspirantes evaluados en junio de 2017 se encontraba el hermano del líder del PSOE.

Las mentiras en sede judicial quedaron en evidencia al constatarse que en mayo de ese mismo año, un mes antes de que se asignara definitivamente la plaza directiva a David Sánchez, Pedro Sánchez ya había recuperado la secretaría general del partido tras ganar las primarias a Susana Díaz, desmontando el pretexto de que Gallardo actuaba como un dirigente “antisanchista”.

Las pesquisas de la UCO, defendidas en la sala frente a las descalificaciones de los cargos socialistas, apuntan a que el puesto de alta dirección —dotado con un sueldo público que ha reportado más de 300.

000 euros a David Sánchez desde 2017 a pesar de las denuncias sobre su presunta falta de asistencia al centro de trabajo— se creó bajo el paraguas del área de Recursos Humanos y no desde la delegación de Cultura, una anomalía administrativa destinada presuntamente a sortear los controles internos.

Asimismo, la acusación llamó la atención sobre la celeridad del proceso: apenas transcurrieron unos días entre la selección del candidato (27 de junio) y su publicación oficial en el boletín (3 de julio), un trámite que para cualquier otra plaza directiva de la corporación extremeña suele demorarse entre cuatro y cinco meses.

Una velocidad quirúrgica que, a juicio de las acusaciones, solo se explica por la identidad del beneficiario, cuyo horizonte penal se ha complicado sustancialmente tras las sesiones de esta semana.