Sindicatos y colectivos sociales denuncian una presunta desproporción en la actuación de los agentes de seguridad, mientras los asistentes a la concentración claman contra el uso de la fuerza.

VALENCIA

La ciudad de Valencia se ha convertido en el escenario de una agria polémica política y vecinal tras los incidentes registrados durante el transcurso de una reciente concentración ciudadana.

Diversos colectivos sociales y de trabajadores del ámbito educativo han denunciado de forma pública una presunta agresión cometida por un miembro de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado contra una profesora que participaba en la movilización ciudadana.

Los hechos, que fueron captados en vídeo por varios de los asistentes que se encontraban en el lugar, se desencadenaron en un momento de notable incremento de la tensión en el perímetro de seguridad establecido por las autoridades.

Según los testimonios y las pruebas audiovisuales recabadas en la zona, la intervención policial generó un fuerte rechazo entre la multitud, que comenzó a corear consignas de repulsa de manera unánime.

El desarrollo de la concentración se vio gravemente alterado cuando se produjo el contacto físico directo entre los agentes de la autoridad y los manifestantes que se situaban en la primera línea de la movilización.

Los ciudadanos presentes reprocharon con dureza la actitud de la dotación policial interviniente, instando a los agentes a mantener la calma y a evitar el recurso a la fuerza física en una convocatoria que, según los organizadores, mantenía un carácter pacífico.

Clamor unánime de los manifestantes

Durante el momento álgido del altercado, la multitud concentrada en las calles de la capital del Turia interrumpió sus consignas habituales para proferir gritos unánimes de «Vergoña» (Vergüenza) ante la actuación de los uniformados, al tiempo que se exigía de manera repetida el cese inmediato del uso de la fuerza coercitiva: «No a la violencia», reclamaban los testigos presenciales.

El incidente ha trascendido el ámbito puramente vecinal y ya ha provocado las primeras reacciones políticas en la autonomía.

Diferentes organizaciones sindicales del sector de la enseñanza estudian elevar una queja formal ante la Delegación del Gobierno en la Comunidad Valenciana con el objetivo de esclarecer los hechos y exigir la apertura de un expediente informativo que determine si existió una desproporción respecto a los protocolos establecidos para el control de masas.

Por su parte, fuentes de las fuerzas de seguridad han recordado la obligatoriedad de respetar los perímetros de seguridad y las indicaciones de las dotaciones en el ejercicio de sus funciones reguladoras de la orden pública para evitar situaciones de peligro en la vía pública.