La Guardia Civil interviene el Ayuntamiento de Soria y detiene a seis personas por corrupción
La Unidad Orgánica de la Policía Judicial registra el consistorio castellano y leonés bajo la acusación de organización criminal, malversación y tráfico de influencias, salpicando la gestión de la exconcejala socialista Yolanda Santos.
El cerco judicial sobre las estructuras territoriales del Partido Socialista Obrero Español se ha intensificado de manera dramática este miércoles.
En una operación coordinada por el Juzgado de Instancia de Soria y la Fiscalía Provincial, agentes de la Guardia Civil han irrumpido en las dependencias del Ayuntamiento de Soria —institución regida por el PSOE de forma ininterrumpida desde hace casi veinte años— para proceder al registro de sus oficinas y a la detención de seis personas implicadas en una presunta red de corrupción institucional.
El balance provisional de la operación se ha saldado con cuatro arrestos en la capital soriana y dos en Madrid, aunque fuentes próximas a la investigación no descartan nuevas detenciones en las próximas horas.
Este nuevo frente judicial se abre en un momento de extrema vulnerabilidad orgánica para Ferraz, coincidiendo con el reciente impacto de la sentencia del Tribunal Supremo que ha impuesto penas de 24 y 19 años de prisión al exministro José Luis Ábalos y a su asesor Koldo García, respectivamente.
La gravedad de las calificaciones jurídicas empleadas en este nuevo caso vuelve a situar al entorno socialista bajo la sombra de la criminalidad sistemática.
El foco sobre la gestión de la exconcejala Yolanda Santos
Aunque las diligencias previas permanecen bajo estricto secreto de sumario decretado por la autoridad judicial para proteger el éxito de las pesquisas, fuentes solventes confirman que el epicentro del registro municipal se sitúa en el área de Comercio.
Todas las sospechas apuntan a la exconcejala delegada del ramo, Yolanda Santos, quien durante siete años formó parte del núcleo de máxima confianza del alcalde socialista, Carlos Martínez.
La investigación de la policía judicial trata de esclarecer los presuntos tratos de favor y desvíos de fondos públicos adjudicados a la mercantil Biosfera Soria, una compañía de la que la propia exedil fue cofundadora antes de consolidar su carrera política en el consistorio.
Las entradas efectuadas por la Guardia Civil no se han limitado a los despachos del ayuntamiento, sino que han incluido registros domiciliarios en propiedades particulares vinculadas a los sospechosos, en busca de documentación contable y soportes informáticos que confirmen la existencia de una red clientelar de adjudicaciones dirigidas.
Calificaciones penales de máxima gravedad
La subdelegación del Gobierno en la provincia ha confirmado la amplitud de los tipos penales que se imputan de forma indiciaria a los miembros de la trama detenidos en el operativo:
Tráfico de influencias y prevaricación administrativa.
Negociaciones y actividades prohibidas a funcionarios públicos.
Falsedad documental y blanqueo de capitales.
Organización criminal.
La inclusión del delito de organización criminal en los autos judiciales ha encendido todas las alarmas en el cuartel general del PSOE.
La oposición parlamentaria ha tardado pocos minutos en trazar un paralelismo exacto entre el modus operandi desarticulado en Soria y el entramado central que operaba en el Ministerio de Transportes durante la etapa de Ábalos, acusando al sanchismo de albergar estructuras organizadas dedicadas al saqueo sistemático de los fondos públicos.
Con las dependencias municipales intervenidas y el goteo de detenciones afectando tanto a la provincia como a la capital del Estado, la dirección de Pedro Sánchez asiste con impotencia a la ramificación de los escándalos hacia los feudos históricos del socialismo municipal, dificultando la estrategia de contención de daños diseñada por la Moncloa.
