El rechazo callejero asedia a Pedro Sánchez en Madrid tras el fallo del ‘caso Koldo’
El presidente del Gobierno sufre un duro abucheo público a las puertas de un acto oficial con el ministro Bustinduy, mientras se atrinchera en la gestión social y evita valorar los 24 años de prisión impuestos a José Luis Ábalos.
La presión sociopolítica que atenaza al Palacio de la Moncloa ha vuelto a trasladarse este miércoles a los espacios públicos de la capital.
El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, ha protagonizado un tenso episodio al ser increpado con notable severidad por un grupo de ciudadanos a su salida del Instituto de Mayores y Servicios Sociales (Imserso) en Madrid.
Los gritos de «fuera, sinvergüenza» y «vete ya» han acompañado el trayecto del jefe del Ejecutivo hacia su vehículo oficial, escenificando el profundo impacto que ha causado en la opinión pública la reciente y contundente sentencia del Tribunal Supremo sobre la trama de las mascarillas.
El líder del PSOE había acudido a las dependencias institucionales acompañado por el ministro de Derechos Sociales, Consumo y Agenda 2030, Pablo Bustinduy, con la clara intención de situar el foco mediático en la agenda sectorial y comunitaria del Gabinete.
Sin embargo, el severo dictamen judicial que condena al exministro de Transportes y antigua mano derecha del presidente, José Luis Ábalos, a 24 años de cárcel por delitos de organización criminal, cohecho, malversación y tráfico de influencias, ha monopolizado el ambiente a las puertas del recinto.
Ante la magnitud del veredicto dictado por el Alto Tribunal, que impone asimismo una pena de 19 años de prisión al exasesor Koldo García, Pedro Sánchez ha optado por mantener un estricto mutismo.
El presidente ha evitado realizar cualquier tipo de declaración o valoración jurídica respecto al ingreso en prisión de quienes pilotaron la fontanería de su partido y su ministerio clave, obviando además las advertencias del comisionista Víctor de Aldama, quien en fechas recientes ha instado a sus allegados a continuar aportando datos sensibles ante los órganos instructores.
Lejos de asumir responsabilidades políticas por las millonarias comisiones irregulares detectadas en el seno de su antiguo equipo de confianza, el jefe del Ejecutivo ha aprovechado el atril oficial para blindar su continuidad al frente del Consejo de Ministros.
En una intervención calificada por las fuerzas de la oposición como un ejercicio de desconexión de la realidad, Sánchez ha justificado su permanencia en el poder alegando la necesidad de sobreponerse a las «dificultades» y a las «piedras en el camino» que surgen en el trayecto político.
Con el objetivo de contrarrestar el desgaste reputacional que sufre el bloque gubernamental, cercado por las ramificaciones del expediente del Ministerio de Transportes, el presidente ha anunciado durante el acto la aprobación inminente de un Real Decreto-ley dotado con 2.
218 millones de euros destinados a la financiación del sistema de dependencia.
Sánchez ha utilizado este desembolso de fondos públicos para reivindicar la utilidad de su gestión, afirmando textualmente que este tipo de medidas son las que le recuerdan «por qué merece la pena el servicio público».
«Y a quienes se preguntan por qué este Ejecutivo quiere continuar pese a todas las dificultades, la respuesta está aquí», ha enfatizado el mandatario ante el auditorio, ligando de forma indisociable la supervivencia de la legislatura con el desarrollo del Estado del bienestar.
No obstante, el blindaje presupuestario no ha bastado para contener la contestación civil en el exterior del edificio, donde los abucheos han evidenciado la quiebra del relato oficialista en la calle.
Mientras el arco de la oposición parlamentaria exige de forma unánime su dimisión inmediata y la convocatoria de elecciones generales, el presidente ha abandonado el lugar bajo un fuerte despliegue de seguridad, evidenciando la creciente dificultad del sanchismo para normalizar su agenda pública.
