El PP desmonta la estrategia defensiva del PSOE tras el varapalo judicial a Ábalos y exige elecciones inmediatas
Ester Muñoz detalla los «bulos» vertidos por el Ejecutivo sobre el fallo del Supremo y sitúa a Sánchez como el responsable político «in vigilando» de la trama
La resaca política de la sentencia del Tribunal Supremo que condena a 24 años de prisión al exministro de Transportes, José Luis Ábalos, y a 19 años a su asesor Koldo García, ha situado al Gobierno de Pedro Sánchez en un escenario de extrema debilidad parlamentaria.
La vicesecretaria de Sanidad y Educación del Partido Popular, Ester Muñoz, compareció este miércoles en la sala de prensa del Congreso para desgranar lo que calificó como «la sentencia por corrupción más grave de la historia democrática reciente».
Muñoz acusó formalmente al Partido Socialista de reaccionar desde «el miedo y la ira», articulando una campaña de desprestigio contra los siete magistrados del alto tribunal con el único propósito de frenar futuras confesiones de otros implicados en causas conexas.
La ofensiva parlamentaria de los populares se centró en neutralizar los argumentos difundidos por el núcleo duro de la Moncloa.
Muñoz calificó de «manipulación burda» las declaraciones del ministro de Transportes, Óscar Puente, quien a través de canales públicos había sugerido que la pena impuesta a Ábalos adolecía de desproporción en comparación con delitos de sangre.
La dirigente del PP recordó que el reproche penal del Supremo no responde a un hecho aislado, sino a la acumulación de nueve tipos delictivos distintos, entre los que destacan varios delitos de cohecho, tráfico de influencias y pertenencia a organización delictiva, cuya suma matemática justifica los 24 años de reclusión.
Asimismo, la dirección del Partido Popular rechazó de plano las acusaciones de sesgo ideológico en la judicatura, recordando que el fallo fue dictado por unanimidad por un tribunal técnico compuesto por magistrados de diversas sensibilidades jurídicas.
Entre los firmantes, matizó Muñoz, se encuentra una de las candidatas propuestas en su día por el propio Partido Socialista para la presidencia del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ), lo que inhabilita cualquier intento de construir un relato de persecución política.
El punto de mayor fricción dialéctica residió en la interpretación de los beneficios procesales concedidos al empresario Víctor de Aldama, cuya pena se fijó en cuatro años y medio tras aplicársele la atenuante por confesión.
El Partido Popular dio lectura literal al párrafo del auto donde el Supremo califica de «decisiva» la comparecencia de Aldama para el esclarecimiento de la trama.
Según la tesis popular, el nerviosismo del PSOE obedece a que el fallo judicial sienta un incentivo nítido para que otros investigados del entorno de la formación decidan colaborar con la justicia a cambio de reducciones de condena.
Muñoz contrapuso la estrategia judicial del Ejecutivo, consistente en costear las defensas de aquellos implicados que optaron por el mutismo, frente a la jurisprudencia consolidada de los tribunales españoles y europeos, citando como precedente la propia sentencia del ‘caso Gürtel’ donde la acusación popular socialista no se opuso en su momento a rebajas análogas para los empresarios confesos.
Más allá del ámbito penal, el Partido Popular ha trasladado la presión de manera directa a la jefatura del Ejecutivo.
Para los populares, Pedro Sánchez incurre de manera inexcusable en una doble responsabilidad civil por los criterios de selección y supervisión (in eligendo e in vigilando) al haber encumbrado a Ábalos tanto a la secretaría de organización del partido como al ministerio con mayor dotación presupuestaria del Estado.
Ante la inminencia de las próximas sesiones parlamentarias, la oposición ha instado formalmente al presidente del Gobierno a disolver las Cortes Generales y proceder a la convocatoria de elecciones generales, argumentando que el Ejecutivo ha perdido la confianza de las cámaras y carece de la legitimidad necesaria para sostener la gobernabilidad del país mientras permanezca sitiado por las causas judiciales que salpican a su antiguo gabinete y a sus socios parlamentarios.
