El PP acorrala al Gobierno en el Senado tras las condenas del ‘caso Koldo’ y las sospechas sobre Zapatero
Bolaños defiende la «repugnancia» del Ejecutivo ante la corrupción mientras la oposición denuncia un trato de favor generalizado a los
La sesión de control al Gobierno en la Alta Cámara derivó este martes en un enconado cruce de reproches que evidencia la extrema vulnerabilidad política de un Ejecutivo cercado por los frentes judiciales.
El grupo parlamentario popular desplegó una ofensiva coordinada para fiscalizar el impacto de las últimas sentencias del Tribunal Supremo, que imponen penas de 24 años de prisión a José Luis Ábalos y 19 años a Koldo García.
La gravedad de las condenas sirvió de ariete a la oposición para denunciar la descomposición ética del «sanchismo», forzando a los ministros a parapetarse en la defensa institucional en una jornada marcada por la crispación y el cruce de acusaciones personales.
La portavoz del Grupo Popular, la senadora García Rodríguez, abrió el turno de preguntas con una dura interpelación dirigida al ministro de la Presidencia, Justicia y Relaciones con las Cortes, Félix Bolaños.
La parlamentaria popular recordó que el Ejecutivo calificó inicialmente las denuncias de «bulos y conspiraciones», contrapitiendo el hecho de que la justicia ha dictaminado la existencia de una trama corrupta por unanimidad.
«¿Teme su Gobierno a la justicia?», inquirió la senadora, acusando a la Moncloa de convertir la Fiscalía General en «una sala de reuniones de las cloacas».
En su réplica, el ministro Bolaños intentó contener los daños mostrando su «absoluto respeto» por el dictamen del Tribunal Supremo, al tiempo que enfatizó la «repugnancia» que el Gobierno siente hacia cualquier manifestación de corrupción, especialmente cuando afecta a cargos nombrados por el actual gabinete.
Bolaños defendió la diligencia de su formación al apartar a los implicados antes de que mediara investigación judicial:
«Nos asquea y nos repugna la corrupción. En este caso, las responsabilidades políticas han ido por delante de las responsabilidades judiciales.»
El epicentro de la confrontación dialéctica se trasladó al papel de los colaboradores con la justicia.
Ante la ARM de la oposición por las ramificaciones que apuntan al expresidente José Luis Rodríguez Zapatero —a quien la bancada popular situó bajo la sombra de presuntas actividades de blanqueo de capitales—, Bolaños contraatacó descalificando la credibilidad del empresario Víctor de Aldama.
El titular de Justicia estableció una marcada línea de separación entre el delator del ‘caso Gürtel’, José Luis Peñas, y la estrategia de Aldama.
Bolaños explicó que, mientras el señor Peñas denunció la trama de corrupción de manera voluntaria cuando aún no se conocía públicamente y aportó datos íntegramente ciertos, el señor Aldama comenzó a colaborar únicamente tras ser descubierto y encarcelado, mezclando informaciones reales con difamaciones e intereses económicos personales.
«El señor Aldama colabora con la justicia cuando se le pilla, paseándose por platós de televisión y con cuatro millones de euros metidos en el bolsillo», afeó Bolaños, quien sugirió con ironía a la bancada popular incluir al empresario en sus próximas listas electorales debido a la afinidad mostrada.
El segundo asalto de la sesión enfrentó al senador popular Miranda de Arra con el ministro de Hacienda.
La oposición cuestionó de manera frontal si el fisco aplica los mismos criterios de persecución del delito fiscal a los ciudadanos corrientes que a los familiares del presidente del Gobierno, aludiendo explícitamente a las supuestas ventajas fiscales del hermano de Pedro Sánchez por su residencia en Elvas (Portugal), así como a las recientes investigaciones sobre el patrimonio de las hijas de Rodríguez Zapatero.
El titular de Hacienda rechazó de plano las insinuaciones de la oposición, calificando de impecable la labor de los 27.000 empleados de la Agencia Tributaria.
El ministro acusó al Partido Popular de intentar dinamitar el prestigio de la institución con fines puramente partidistas y defendió que la autonomía técnica del organismo es la mayor garantía de igualdad ante la ley.
«Este Gobierno no interfiere, ni puede hacerlo, en la Agencia Tributaria», concluyó, exigiendo al PP que cese en sus ataques infundados contra los servidores públicos para proteger la seguridad jurídica del sistema fiscal español.
