El exmagistrado de la Audiencia Nacional, Javier Gómez de Liaño, desmontó públicamente la estrategia del Partido Socialista al confirmar la solidez de los indicios de criminalidad en la causa penal contra el expresidente José Luis Rodríguez Zapatero

El escenario procesal que afronta el expresidente del Gobierno, José Luis Rodríguez Zapatero, ha dejado de ser una simple escaramuza de carácter partidista para convertirse en un procedimiento penal de enorme calado.

Lo que en un primer momento el entorno del Partido Socialista y las terminales de comunicación de la Moncloa intentaron despachar ante la opinión pública como una indagación preliminar sin recorrido ni sustento jurídico, se ha transformado en un auténtico desafío político y judicial para el Ejecutivo de Pedro Sánchez.

El golpe definitivo a la línea de flotación de la estrategia de defensa del exlíder socialista ha llegado de la mano de una autoridad incontestable en el ámbito del derecho penal: el exmagistrado de la Audiencia Nacional, Javier Gómez de Liaño, cuya reciente intervención televisiva ha sacudido los cimientos de la estrategia oficialista.

Con la precisión analítica que caracteriza a su dilatada trayectoria en la judicatura, el veterano jurista ha desmontado uno a uno los argumentos con los que el socialismo pretendía rebajar la gravedad extrema de la imputación dirigida por el magistrado José Luis Calama.

Gómez de Liaño ha dejado meridianamente claro que el procedimiento penal que investiga la presunta red transnacional de tráfico de influencias, organización criminal y blanqueo de capitales no tiene la más mínima apariencia de cerrarse mediante un archivo rápido.

Por el contrario, el exmagistrado ha advertido de que la causa posee todos los elementos técnicos y logísticos para prolongarse durante meses o incluso años en los juzgados, debido fundamentalmente a la colosal complejidad de la instrucción y al ingente volumen de documentación financiera, agendas corporativas y escuchas policiales aportadas por la Unidad de Delincuencia Económica y Fiscal (UDEF).

En su pormenorizada valoración técnica, Gómez de Liaño ha explicado que la estructura del auto judicial emitido por el juez Calama guarda una preocupante similitud formal y operativa con otros procedimientos recientes de gran impacto mediático e institucional en el país, tales como las causas que afectan a la Fiscalía General del Estado o el denominado “caso Mascarillas”.

Sin embargo, el punto de mayor fricción y el que ha generado un verdadero terremoto en los despachos ministeriales ha sido la contundencia con la que el exjuez de la Audiencia Nacional ha certificado la existencia de verdaderos e inequívocos indicios de criminalidad en la conducta del expresidente.

La utilización de este concepto técnico por parte de un jurista que conoce a la perfección los mecanismos internos del tribunal especial despoja al relato gubernamental de su pretendida pátina de “persecución política”.

Más allá del análisis del fondo del sumario, enfocado en el polémico rescate financiero con fondos públicos de la aerolínea Plus Ultra durante la crisis de la pandemia y las mediaciones petroleras con intereses asiáticos y caribeños, Gómez de Liaño ha puesto sobre la mesa un escenario que hasta hace pocos días parecía impensable para un exjefe del Ejecutivo español: la adopción inminente de medidas cautelares.

Si bien el experimentado jurista considera altamente improbable y jurídicamente desproporcionada la aplicación de una prisión provisional, sí ha calificado como perfectamente factible y ajustada a derecho la imposición de restricciones menos severas pero de profundo impacto público.

Entre estas medidas, ha señalado la obligatoriedad de realizar comparecencias apud acta periódicas ante la sede judicial o, de forma aún más restrictiva, la retirada del pasaporte y la prohibición expresa de abandonar el territorio nacional sin una autorización judicial previa.

Este sombrío pronóstico procesal coloca a la defensa técnica de Zapatero ante un reto de dimensiones descomunales.

Según el criterio compartido por diversos expertos del ámbito de la judicatura, los abogados del exmandatario encontrarán serias e insalvables dificultades para neutralizar la solidez del material probatorio, compuesto por una densa red de transferencias bancarias sospechosas, correspondencia intervenida en su propia oficina y testimonios de colaboradores directos que ya forman parte inamovible de la causa criminal.

Las valoraciones del exmagistrado han caído como una auténtica bomba de racimo en el núcleo duro del presidente Pedro Sánchez, coincidiendo con uno de los momentos de mayor debilidad y asedio judicial que ha experimentado el Ejecutivo socialista en los últimos años.

A pesar de que los portavoces oficiales e institucionales insisten con desesperación en defender la pulcritud y la total inocencia de José Luis Rodríguez Zapatero, la realidad emanada de los tribunales evidencia que el relato de la Moncloa se encuentra cada vez más aislado, desprovisto de crédito técnico y desbordado por un proceso judicial que avanza con paso firme hacia el esclarecimiento de las responsabilidades penales al más alto nivel.