Imagina vivir en un país donde criticar al gobierno, protestar en la calle o simplemente escribir un panfleto podría llevarte a la muerte.

 

 

Hoy, en muchos lugares del mundo, las personas pueden disentir del gobierno sin enfrentar castigos extremos.

Pero en Irán, durante el régimen del Ayatolá Rujolá Khomeini, la realidad era completamente diferente.

En ese sistema, un juicio podía durar apenas unos minutos.

No había abogados, no había jurado y, en la mayoría de los casos, no existía ninguna posibilidad de defensa.

La sentencia más común era la ejecución.

Algunas de esas ejecuciones ocurrían dentro de prisiones secretas,

otras frente a multitudes en espacios públicos.

Todas enviaban el mismo mensaje: el Estado tenía el poder absoluto sobre la vida y la muerte de sus ciudadanos.

En este artículo, vamos a entender cómo ese sistema comenzó,

quiénes eran las personas que terminaban condenadas,

y cómo la pena de muerte se convirtió en una herramienta central de control y poder.

Para comprender todo esto, necesitamos retroceder hasta 1979,

cuando todo comenzó a cambiar.

Antes de la Revolución islámica, Irán era gobernado por el Shah Mohamad Reza Pahlavi,

un monarca respaldado por potencias occidentales, especialmente por Estados Unidos.

Durante décadas, tensiones políticas y sociales fueron acumulándose.

El Shah gobernaba con mano de hierro a través de la SAVAK, su temida policía secreta.

La corrupción era generalizada y la brecha entre ricos y pobres, enorme.

Protestas comenzaron a surgir en ciudades como Teherán, Isfahán y Mashhad.

La población reclamaba justicia social, fin de la corrupción y mayor libertad política.

Con el tiempo, el gobierno perdió apoyo.

Funcionarios comenzaron a abandonar sus cargos.

Las instituciones se debilitaron y el ejército, dividido, comenzó a fracturarse.

En enero de 1979, el Shah abandonó el país.

Era el fin de una era.

Fue en ese vacío de poder que el Ayatolá Rujolá Khomeini emergió como la figura dominante.

Había vivido en el exilio durante 15 años, primero en Irak y luego en Francia,

desde donde transmitía sus mensajes grabados en cintas que circulaban clandestinamente por todo Irán.

Cuando regresó a Teherán en febrero de 1979, millones de personas salieron a recibirlo.

Muchos creían que su llegada marcaría el inicio de una nueva era de justicia y dignidad.

Lo que vino después fue algo muy diferente.

Cuando Khomeini asumió el control, Irán todavía se encontraba en un estado de profunda inestabilidad.

Las antiguas instituciones estaban desmanteladas, el ejército reorganizándose y el estado fragmentado.

Para consolidar el poder rápidamente, el nuevo gobierno creó estructuras paralelas de control.

Entre las más importantes estaban los tribunales revolucionarios islámicos.

Estos tribunales no seguían las normas tradicionales de la justicia.

No existían garantías procesales, no había presunción de inocencia.

Su objetivo era simple y brutal: castigar con rapidez a cualquier persona considerada enemiga del nuevo sistema.

Los juicios eran brevísimos.

Algunos duraban apenas unas horas, otros terminaban en menos de media hora.

Y en la mayoría de los casos, la sentencia era dictada el mismo día.

Al frente de estos tribunales se encontraba el clérigo Sadegh Khalkhali,

quien rápidamente ganó el apodo de “El juez de la muerte”.

Khalkhali presidía los juicios con una velocidad que desafiaba cualquier noción de proceso justo.

Más tarde, él mismo se jactaría públicamente del número de personas que había mandado ejecutar.

El sistema no tardó en expandirse.

Las primeras ejecuciones comenzaron apenas días después del triunfo de la revolución, en febrero de 1979.

Los primeros condenados fueron altos funcionarios del régimen del Shah,

generales del ejército, jefes de la SAVAK, ministros y colaboradores cercanos del antiguo gobierno.

Fueron acusados de corrupción en la tierra y guerra contra Dios,

dos categorías lo suficientemente amplias como para aplicarse a casi cualquier persona.

Los juicios se celebraron en la oscuridad, lejos de la vista pública.

En algunos casos, duraron apenas unas horas.

En esa misma noche, los condenados eran llevados a la azotea del edificio Alavi,

donde guardias armados los esperaban.

Cuando se daba la orden, los disparos resonaban en la noche.

Entre los primeros ejecutados se encontraban figuras como el general Nematollah Nasiri, exjefe de la SAVAK,

y el general Ahmad Rahimi, exjefe de la policía de Teherán.

Estas ejecuciones no eran solo castigos individuales; eran una declaración pública y contundente.

El poder había cambiado de manos y los nuevos dueños del poder no tendrían piedad.

Con el paso de las semanas, los tribunales comenzaron a procesar a un número cada vez mayor de personas.

Las acusaciones eran amplias y vagas, lo que las hacía imposibles de refutar.

Entre las más comunes estaban conspiración contra el Estado Islámico, corrupción moral, traición a la revolución,

enemistad con Dios y colaboración con potencias extranjeras.

En muchos casos, bastaba haber trabajado para el gobierno anterior para ser considerado culpable.

En otros, una simple denuncia de un vecino, un compañero de trabajo o incluso un familiar era suficiente para iniciar un proceso.

Las defensas formales eran prácticamente inexistentes.

Los abogados casi nunca estaban presentes y el sistema de apelaciones era en la práctica nulo.

El acusado llegaba, respondía algunas preguntas y en cuestión de minutos ya había una sentencia.

El resultado era predecible.

Cada semana, el número de ejecuciones aumentaba.

El proceso se había convertido en una maquinaria y esa maquinaria no tenía frenos.

Con el tiempo, algunas ejecuciones comenzaron a ocurrir en espacios públicos.

Plazas, estadios y calles se convirtieron en escenarios de castigo.

Las multitudes se congregaban para presenciar los actos.

En muchos casos, las ejecuciones eran anunciadas con anticipación, casi como eventos.

Los métodos utilizados variaban.

El fusilamiento era el más común en los primeros meses, pero con el tiempo, la horca comenzó a ganar protagonismo.

Las ejecuciones por ahorcamiento en grúas se volverían una de las imágenes más perturbadoras asociadas al régimen.

Los cuerpos en ocasiones permanecían expuestos durante horas.

Era un mensaje deliberado.

El objetivo del gobierno era claro: quería que todos vieran lo que le sucedía a quienes eran considerados enemigos del Islam y de la revolución.

Estos eventos transformaron radicalmente el clima en las ciudades iraníes.

El miedo se instaló en la vida cotidiana.

Las conversaciones se volvieron susurros.

La desconfianza se extendió incluso entre amigos y familias.

Inicialmente, las ejecuciones tenían como objetivo a personas vinculadas directamente con el régimen anterior.

Pero con el paso de los meses, los blancos comenzaron a cambiar.

Nuevos grupos fueron cayendo bajo la mirada de los tribunales revolucionarios.

Militantes de izquierda que habían apoyado la revolución, pero no aceptaban el liderazgo de Khomeini.

Miembros de la organización Muyidín del Pueblo, que pronto pasarían de aliados a enemigos.

Minorías étnicas como kurdos y árabes que reclamaban autonomía,

periodistas y escritores que cuestionaban la nueva dirección del país,

estudiantes que se organizaban en grupos opositores,

y miembros de minorías religiosas como los bahaíes, considerados herejes.

Las prisiones comenzaron a llenarse.

La prisión de Evin se convirtió en el símbolo de la represión.

Construida originalmente durante el régimen del Shah, se convirtió en un centro de detención masiva y torturas sistemáticas.

Los tribunales seguían funcionando al mismo ritmo,

solo que ahora el número de condenados crecía semana a semana.

Este es el capítulo más oscuro de todo el régimen.

En el verano de 1988, mientras la guerra entre Irán e Irak llegaba a su fin agotador,

algo ocurrió dentro de las prisiones iraníes que el mundo tardaría años en conocer con detalle.

Khomeini emitió una fatwa secreta ordenando la ejecución masiva de prisioneros políticos.

Comisiones especiales conocidas como “comisiones de la muerte” fueron creadas para procesar a los reclusos.

Los prisioneros eran llamados uno a uno a una sala.

Se les hacían unas pocas preguntas simples.

¿Cuál es tu afiliación política?

¿Estás dispuesto a renunciar a ella públicamente?

¿Estás dispuesto a denunciar a tus compañeros?

Si las respuestas no satisfacían a los interrogadores, la sentencia era inmediata.

Los prisioneros eran llevados en grupos a áreas de ejecución dentro de las prisiones.

Muchos fueron ahorcados en filas usando grúas o vigas del techo.

Otros fueron fusilados.

Las familias no eran informadas.

En muchos casos, solo semanas o meses después, recibían una bolsa con las pertenencias de sus seres queridos,

a veces con un casquillo de bala dentro.

Era la única notificación que obtenían.

Se estima que entre 4,000 y 30,000 personas fueron ejecutadas durante esos pocos meses,

según diferentes fuentes y organizaciones de derechos humanos.

El amplio rango refleja la dificultad de obtener cifras precisas,

dado el secretismo con el que operó el régimen.

Uno de los miembros de aquellas comisiones era Ebrahim Raisi,

quien décadas más tarde llegaría a ser presidente de Irán.

Las fosas donde fueron enterradas las víctimas permanecen en su mayoría sin identificar hasta hoy.

Con el paso de los años, el sistema de ejecuciones dejó de ser una respuesta de emergencia a la revolución.

Se convirtió en una herramienta permanente del Estado Islámico.

La pena de muerte fue codificada en el nuevo sistema legal iraní basado en la interpretación del régimen de la Sharia.

Los delitos que podían acarrear ejecución incluían oposición política activa, espionaje y traición, apostasía, adulterio, consumo reiterado de alcohol y tráfico de drogas.

Irán se consolidó como uno de los países con mayor número de ejecuciones per cápita en el mundo,

una distinción que mantendría durante décadas.

La ejecución dejó de ser únicamente un castigo.

Se convirtió en un instrumento de control social,

un recordatorio constante de los límites del poder y de lo que le esperaba a quien se atreviera a cruzarlos.

Cuando el ayatolá Rujolá Khomeini murió el 3 de junio de 1989,

el sistema que había construido llevaba ya una década en funcionamiento.

Miles de personas habían sido ejecutadas, algunas tras juicios que duraron minutos.

Otras habían simplemente desaparecido dentro de los muros de Evin y otras prisiones,

sin que sus familias supieran jamás exactamente cuándo o cómo murieron.

Para sus seguidores más devotos, aquel periodo representó el establecimiento de un Estado islámico puro,

una revolución necesaria frente a décadas de corrupción y dominación extranjera.

Para las familias de las víctimas, para los sobrevivientes y para los defensores de derechos humanos de todo el mundo,

fue algo completamente diferente.

Una década marcada por el terror, el silencio y la impunidad.

El impacto de esas ejecuciones sigue siendo profundo.

Organizaciones de derechos humanos continúan documentando los casos.

Familiares de las víctimas de 1988 siguen reclamando el reconocimiento oficial de lo ocurrido

y la localización de las fosas comunes.

Y en Irán, décadas después de la muerte de Khomeini,

el sistema que él construyó continúa funcionando.

Las ejecuciones continúan, el silencio también.