EL JUEZ PONE EL FOCO EN EL HOMBRE QUE FIRMABA EN PLUS ULTRA MIENTRAS EL GOBIERNO APROBABA EL RESCATE MILLONARIO

🔥⚖️✈️ Un rescate de millones, contratos modificados y una red que ahora está bajo la lupa judicial ✈️⚖️🔥
La investigación sobre Plus Ultra ha dado un giro explosivo tras aparecer un nombre que hasta ahora permanecía lejos de los focos públicos 😨📂.

Mientras el Gobierno aprobaba 53 millones de euros para salvar a la aerolínea en plena pandemia, un abogado vinculado a la compañía firmaba documentos, controlaba sociedades y aparecía conectado con operaciones financieras que hoy analiza la Audiencia Nacional 🕵️‍♂️💼.

“Si esto no cuela, buscamos otro concepto”, reflejan conversaciones incorporadas al sumario 📑⚡.

El caso ya no gira solo alrededor del rescate: ahora apunta a toda una estructura de poder, dinero y conexiones internacionales 🌍💣.

El caso Plus Ultra vuelve a sacudir el panorama político y judicial español tras las últimas decisiones de la Audiencia Nacional.

El juez instructor ha puesto el foco sobre Santiago Fernández Lena, abogado mercantil y antiguo secretario no consejero del Consejo de Administración de la aerolínea, al que considera una pieza relevante dentro de la operativa financiera y contractual que rodeó el rescate de 53 millones de euros aprobado por el Gobierno de Pedro Sánchez en marzo de 2021.

Durante años, el nombre de Fernández Lena pasó prácticamente desapercibido mientras toda la atención mediática recaía sobre otros directivos de la compañía.

Sin embargo, la investigación judicial sostiene ahora que el abogado habría desempeñado un papel clave en la estructura societaria y financiera que presuntamente permitió mover fondos vinculados al rescate.

Según el auto judicial, Fernández Lena controlaba de facto la sociedad Caletón Consultores SL, una empresa que carecía supuestamente de actividad económica real, sin empleados ni estructura operativa reconocida.

A través de esa sociedad habrían circulado más de 11 millones de euros procedentes de Plus Ultra entre 2020 y 2025 bajo conceptos relacionados con operaciones charter y servicios de asesoramiento.

Uno de los aspectos que más preocupa al magistrado son los mensajes y documentos intervenidos durante la investigación.

En varios intercambios internos se refleja la intención de modificar conceptos de facturación para evitar términos comprometidos.

“Podemos darle una vuelta y hacerlo con otro concepto”, aparece escrito en una conversación incorporada a la causa.

En otra parte del sumario, el juez señala que la palabra “comisión” desaparecía de algunos borradores de contratos para ser sustituida por expresiones como “honorarios de asesoramiento” o “servicios de agencia”.

La investigación considera especialmente relevante que Fernández Lena ocupara simultáneamente posiciones estratégicas dentro de Plus Ultra y otras compañías vinculadas al sector aéreo venezolano.

Además de ser secretario del Consejo de Administración de la aerolínea, también figuraba como apoderado de cuentas bancarias en Panamá y Puerto Rico y mantenía vínculos profesionales con empresarios relacionados con el transporte aéreo en Venezuela.

La cronología de los hechos ha aumentado todavía más las sospechas de los investigadores.

A finales de 2025, Fernández Lena abandonó Andersen, uno de los grandes despachos de abogados de Madrid, para dedicarse en exclusiva a Plus Ultra.

Apenas dos semanas después, la Policía Nacional detenía al presidente de la compañía, Julio Martínez Sola, y al consejero delegado Roberto Roselli dentro de una operación por presunto blanqueo de capitales vinculados a fondos venezolanos.

La resolución judicial sostiene además que la trama habría manejado información privilegiada antes incluso de que el Consejo de Ministros aprobara oficialmente el rescate.

Según el instructor, varios investigados intercambiaron mensajes celebrando la futura aprobación de las ayudas semanas antes de que el Ejecutivo tomara la decisión definitiva.

“Ya está hecho el puente”, escribió uno de los implicados en conversaciones analizadas por la Policía.

Otro de los elementos que centra ahora la atención judicial es el llamado “1%”.

El sumario recoge que 531.

000 euros, exactamente el 1% del importe total del rescate, fueron transferidos desde Plus Ultra a una sociedad denominada Idesh la Consulenza Estratégica.

El auditor de cuentas de la aerolínea confirmó recientemente en el Senado que esa cantidad figuraba reflejada en la contabilidad oficial de la compañía.

El juez sostiene que la operación habría contado con dos vías de influencia política: una vinculada al entonces ministro de Transportes, José Luis Ábalos, y otra relacionada con el expresidente José Luis Rodríguez Zapatero.

El auto va más allá y afirma que finalmente fue la vía de Zapatero la que habría resultado decisiva para desbloquear el rescate.

La resolución judicial describe un entramado internacional que se extendía por España, Venezuela, Emiratos Árabes Unidos y China.

Parte de las investigaciones apuntan a sociedades offshore creadas en Dubái coincidiendo temporalmente con la aprobación del rescate, así como a operaciones relacionadas con la comercialización de petróleo venezolano hacia mercados asiáticos.

Mientras tanto, el Gobierno mantiene su defensa pública de la legalidad del rescate aprobado en plena pandemia, argumentando que Plus Ultra era una empresa estratégica para mantener determinadas conexiones aéreas internacionales.

Sin embargo, el avance de la causa ha intensificado la presión política sobre Moncloa y sobre las figuras que aparecen citadas en el procedimiento judicial.

El próximo 2 de junio está prevista una nueva jornada clave en la Audiencia Nacional.

Ese día deberán comparecer varios de los investigados, entre ellos José Luis Rodríguez Zapatero y Santiago Fernández Lena.

La investigación entra así en una fase decisiva que podría marcar uno de los mayores escándalos políticos y financieros de los últimos años en España.