Francisca Muñoz Cano compareció en el Senado en una sesión marcada por acusaciones sobre el uso de tarjetas corporativas y gastos personales por más de 33.000 euros

La sesión de la comisión parlamentaria en el Senado transcurrió en un clima de extrema tensión durante la comparecencia de Francisca Muñoz Cano, esposa del exdirigente político Santos Cerdán.

Citada en el marco de una investigación sobre presuntas irregularidades en el uso de fondos empresariales vinculados a varias sociedades, Muñoz acudió obligada tras un apercibimiento de posibles responsabilidades penales si no lo hacía.

Desde el inicio, su intervención marcó distancia con el objeto de la comisión: “Carezco de información del objeto de esta comisión y, en todo caso, estoy aquí citada por ser la esposa de Santos Cerdán”.

El presidente de la sesión intentó reconducir la situación recordando la obligatoriedad de permanencia: “Usted deberá permanecer en la sala durante toda la sesión”, mientras la compareciente solicitaba abandonar el recinto alegando motivos personales y su estado de salud.

La negativa abrió paso a un interrogatorio prolongado, cargado de preguntas sobre movimientos financieros, tarjetas corporativas y vínculos empresariales.

Uno de los puntos centrales giró en torno al uso de una tarjeta vinculada a Servinabar, empresa relacionada con el entorno de su esposo.

Los senadores detallaron presuntos gastos por valor de 33.

574 euros, incluyendo consumos en restaurantes, viajes y compras personales.

Entre ellos, se mencionaron 49 cargos en un restaurante de Madrid, así como gastos en Ibiza y Tenerife.

“¿Le llegó a decir su marido que tenía que ser más discreta con sus gastos?”, preguntó una de las senadoras.

La compareciente evitó responder a la mayoría de las cuestiones, amparándose en su derecho a no declarar.

Sin embargo, el tono de la comisión fue subiendo conforme se le exponían supuestos pagos vinculados a empresas del entorno familiar.

Se mencionaron también presuntos pagos de alquiler en Madrid por más de 45.

000 euros y la adquisición de mobiliario doméstico por valor de 7.

849 euros sufragados, según los informes citados en la sesión, por sociedades vinculadas a su marido.

La tensión aumentó cuando se abordó su participación en la cooperativa Nora, donde habría adquirido un 25% del capital sin aportación económica acreditada.

“¿Cómo explica que se convirtiera en propietaria del 25% sin poner un solo euro?”, cuestionó la comisión.

La respuesta fue el silencio o la invocación de su derecho a no declarar.

Uno de los momentos más conflictivos llegó con la lectura de mensajes atribuidos a terceros en los que se hacía referencia a su estilo de vida.

En uno de ellos se la mencionaba como “la PI”, un apodo que fue rechazado por Muñoz en plena sesión: “La PI es en plan despectivo y clasista”.

El interrogatorio también abordó supuestas conexiones entre empresas como Servinabar, Noran y Ercolan, que habrían operado —según la investigación citada por los senadores— como un circuito económico para canalizar fondos procedentes de contratos públicos.

Se mencionaron transferencias, movimientos fraccionados de dinero y coincidencias temporales con decisiones políticas relevantes.

Durante la sesión se llegó a afirmar que “no se ha localizado ningún rastro de actividad laboral efectiva” en relación con su trabajo en la cooperativa, lo que generó nuevas preguntas sobre la naturaleza de su contratación.

“¿En qué consistía su trabajo? ¿Qué hacía usted?”, insistió una de las senadoras.

Muñoz mantuvo una actitud de reserva constante, limitándose en varias ocasiones a no contestar.

El presidente de la comisión llamó a la orden en repetidas ocasiones por interrupciones y por el uso del teléfono móvil durante la sesión, lo que añadió más tensión al ambiente.

En otro bloque del interrogatorio se abordaron supuestas conexiones familiares dentro del entramado empresarial, incluyendo la contratación de su hermano y otros allegados.

Las preguntas apuntaban a la posibilidad de una red de beneficios económicos compartidos entre varias sociedades.

“¿Podría acreditar que su hermano trabajaba realmente?”, se le preguntó sin obtener respuesta directa.

El debate se intensificó aún más cuando se introdujeron referencias a pagos vinculados a campañas internas de un partido político, así como a la supuesta utilización de estructuras empresariales para financiar gastos personales y logísticos.

Aunque las afirmaciones fueron formuladas siempre en términos de presunción, el tono de la comisión reflejó la gravedad de las acusaciones expuestas.

Hacia el final de la sesión, la senadora interviniente resumió las sospechas acumuladas: uso de tarjetas corporativas, pagos de vivienda, adquisiciones de bienes personales y participación en sociedades sin aportación económica clara.

“Las dudas no se resuelven con silencio, sino con explicaciones”, concluyó.

El cierre de la comparecencia no disipó la tensión.

El presidente del Senado lamentó la actitud de la compareciente, señalando la falta de cortesía parlamentaria y el incumplimiento de los usos institucionales: “Nos merecemos un respeto”.

La sesión terminó sin respuestas concluyentes por parte de Francisca Muñoz, pero con un amplio registro de preguntas abiertas que seguirán formando parte de la investigación parlamentaria.

El caso queda ahora a la espera de nuevas comparecencias y del avance de las diligencias judiciales y administrativas en curso, en un escenario donde las explicaciones pendientes se han convertido en el centro del debate político.