María Jesús Montero generó polémica en Antequera tras confundir el nombre de la asociación ADIPA y referirse erróneamente a personas con discapacidad intelectual como enfermos mentales

La campaña política en Andalucía se ha visto sacudida por una controversia protagonizada por María Jesús Montero, actual dirigente socialista y una de las figuras más relevantes del Gobierno central, tras unas declaraciones realizadas durante un acto público en la localidad de Antequera que han generado críticas tanto institucionales como sociales.

El origen de la polémica se encuentra en una intervención en la que Montero hizo referencia a una visita a una entidad social, mencionando erróneamente su nombre y describiendo de forma inexacta al colectivo al que atiende.

“Hemos visitado a DAPI porque las personas con enfermedad mental necesitan el apoyo del conjunto de la sociedad”, afirmó durante su discurso.

Sin embargo, la organización a la que realmente aludía era ADIPA Antequera, una entidad con amplia trayectoria dedicada a la atención de personas con discapacidad intelectual, no a personas con enfermedad mental.

El desliz no tardó en provocar reacciones, especialmente por el uso de una terminología considerada inadecuada por parte de colectivos vinculados a la discapacidad.

La confusión entre discapacidad intelectual y enfermedad mental, ámbitos diferenciados tanto en el enfoque clínico como en el social, fue interpretada por muchos como una falta de rigor y sensibilidad en un asunto especialmente delicado.

A ello se sumaron otras palabras pronunciadas por Montero en el mismo contexto, donde calificó a las personas atendidas por este tipo de entidades como “los privilegiados y los favoritos de nuestras políticas”, una expresión que fue recibida con incomodidad por parte de algunos sectores, al considerar que no reflejaba adecuadamente la realidad ni las reivindicaciones históricas del colectivo.

La reacción en redes sociales fue inmediata.

Numerosos usuarios criticaron lo ocurrido, señalando que no se trataba únicamente de un error puntual, sino de una muestra de desconocimiento.

“Una cosa es equivocarse y otra faltar al respeto a quienes dice defender”, se leía en uno de los mensajes más compartidos, reflejando el malestar generado.

Desde el ámbito institucional, el alcalde de Antequera se pronunció con contundencia.

En una declaración pública afirmó: “Llamar enfermos a personas con diversidad funcional no es un error, es una falta de respeto intolerable”.

Sus palabras marcaron el tono de una respuesta política que ha ido ganando intensidad con el paso de las horas.

Además, añadió una exigencia directa: “Que pida perdón a los antequeranos y que pida perdón a ADIPA”, subrayando la necesidad de una rectificación pública.

El episodio ha tenido un impacto significativo en el desarrollo de la campaña, al producirse en un momento clave en el que la precisión del discurso y la conexión con los colectivos sociales adquieren especial relevancia.

En este contexto, el error ha sido interpretado por algunos analistas como un ejemplo de desconexión entre el mensaje político y la realidad cotidiana de las asociaciones que trabajan sobre el terreno.

Desde sectores cercanos a Montero se ha intentado restar gravedad al incidente, apuntando a que se trató de una confusión puntual en el marco de una agenda intensa de actos públicos.

No obstante, el debate generado ha ido más allá del error concreto, abriendo una discusión más amplia sobre el lenguaje utilizado en política y la importancia de emplear términos adecuados cuando se abordan cuestiones sociales sensibles.

Profesionales del ámbito de la discapacidad han recordado que la diferenciación entre discapacidad intelectual y enfermedad mental no es meramente técnica, sino que tiene implicaciones directas en la percepción social y en la lucha contra el estigma.

En este sentido, consideran fundamental que las figuras públicas manejen con precisión estos conceptos, especialmente cuando se dirigen a la ciudadanía en contextos oficiales.

Mientras tanto, la propia asociación ADIPA Antequera ha mantenido una postura prudente, centrada en la defensa de la dignidad de las personas a las que atiende y en la importancia de visibilizar correctamente su labor.

Su trayectoria, reconocida en la comarca, se ha basado precisamente en promover la inclusión y el respeto, valores que han sido reivindicados tras lo ocurrido.

El incidente se suma a un clima político marcado por la alta sensibilidad y el escrutinio constante de las declaraciones públicas.

En este escenario, cualquier imprecisión puede adquirir una dimensión mayor, especialmente cuando afecta a colectivos que han luchado durante años por el reconocimiento y la correcta representación.

Las próximas intervenciones de María Jesús Montero serán clave para determinar si la polémica se diluye o si, por el contrario, continúa condicionando su imagen en la campaña.

Por ahora, las reacciones evidencian que el episodio ha dejado huella y ha reabierto un debate necesario sobre el respeto, el lenguaje y la responsabilidad en la esfera pública.