El caso SEPI reabre la presión política sobre María Jesús Montero tras nuevas informaciones sobre presuntas operaciones de gestión de patrimonio público

La vicepresidenta primera del Gobierno y exministra de Hacienda, María Jesús Montero, se encuentra en el foco de una creciente controversia política y mediática tras las últimas informaciones difundidas en el programa *Horizonte*, donde el periodista Jorge Calabrés aseguró que la dirigente “va a tener que dar muchas explicaciones” en relación con una investigación que afecta a operaciones vinculadas a la Sociedad Estatal de Participaciones Industriales (SEPI) SEPI.

El espacio televisivo abordó este caso en el contexto de una investigación más amplia que, según lo expuesto en el programa, se encuentra bajo secreto de sumario y que en las próximas semanas podría experimentar un levantamiento parcial o total, lo que abriría el acceso a nuevas diligencias y documentación.

En ese escenario, el periodista señaló que el contenido de lo que aún no ha salido a la luz podría resultar especialmente sensible para la exresponsable de Hacienda.

“Va a tener que dar muchas explicaciones”, afirmó Calabrés durante su intervención, subrayando que, según fuentes consultadas por él, la preocupación principal en el entorno político no es lo ya conocido, sino lo que podría revelarse cuando avance el proceso judicial.

En sus palabras, “lo que me dicen es que ese sumario va a poner mucho más contra las cuerdas a María Jesús Montero”, apuntando a una fase aún más delicada de la investigación.

El núcleo del caso, tal y como fue descrito en el programa, se centra en supuestas operaciones relacionadas con la gestión de patrimonio público a través de la SEPI, incluyendo procesos de intermediación en la venta de activos estatales a empresas privadas y fondos de inversión.

Entre esos activos se habrían mencionado inmuebles de alto valor económico, aunque estas afirmaciones forman parte de las líneas de investigación y no han sido judicialmente confirmadas en su totalidad.

En paralelo a estas informaciones, María Jesús Montero ha comparecido en el Senado y en una comisión de investigación parlamentaria, donde ha intentado marcar distancia respecto a algunos de los nombres que aparecen en el procedimiento.

Durante su intervención, la dirigente se refirió al expresidente de la SEPI, Vicente Fernández, con expresiones como “esta persona” o “este señor”, en un intento de desvincularse de su gestión directa en determinadas decisiones administrativas.

Sin embargo, su estrategia de defensa no ha logrado disipar las dudas entre algunos sectores políticos, que consideran que persisten interrogantes sobre el grado de conocimiento y supervisión que tuvo el Ministerio de Hacienda durante su etapa al frente del departamento.

En este contexto, las comparecencias han sido interpretadas por la oposición como insuficientes para aclarar el alcance real de las decisiones adoptadas en relación con el patrimonio público.

Uno de los momentos más destacados de su intervención parlamentaria se produjo cuando negó de forma tajante haber tenido conocimiento de determinadas comunicaciones entre la SEPI y el empresario Víctor de Aldama, una figura mencionada en distintos procedimientos judiciales recientes en España.

“Yo no tengo esa carta”, afirmó Montero en respuesta a las acusaciones o insinuaciones sobre la existencia de correspondencia relacionada con operaciones inmobiliarias de gran volumen económico.

No obstante, según lo expuesto en el programa televisivo, existirían registros documentales que apuntarían a la existencia de comunicaciones entre distintos actores implicados en la gestión de esos activos.

Estas supuestas contradicciones han alimentado el debate político y mediático sobre la transparencia en la administración del patrimonio público durante los últimos años.

El debate se intensifica en un momento especialmente sensible, con la expectativa de que el levantamiento del secreto de sumario pueda aportar nuevos elementos al caso.

En el entorno político se reconoce que ese paso procesal podría redefinir el alcance de las responsabilidades y abrir una nueva fase de comparecencias, explicaciones públicas y posibles consecuencias institucionales.

Desde el Gobierno, por el momento, no se ha emitido una respuesta detallada a las últimas afirmaciones del periodista Jorge Calabrés ni a las interpretaciones realizadas en el programa *Horizonte*.

Sin embargo, fuentes cercanas al Ejecutivo insisten en que todas las actuaciones se han realizado dentro del marco legal y bajo los procedimientos de control establecidos para la gestión de activos públicos a través de la SEPI.

En el ámbito parlamentario, la oposición ha aprovechado estas informaciones para exigir mayor transparencia y la publicación íntegra de la documentación relacionada con las operaciones investigadas.

Algunos portavoces han señalado que las explicaciones ofrecidas hasta ahora no han sido suficientes para despejar las dudas sobre posibles irregularidades o deficiencias en los mecanismos de supervisión.

El caso ha generado también un fuerte impacto en la opinión pública, especialmente por la combinación de elementos políticos, económicos y judiciales que lo rodean.

La figura de María Jesús Montero, una de las principales responsables del área económica del Ejecutivo, se encuentra ahora bajo una presión creciente, tanto por las declaraciones realizadas en sede parlamentaria como por las informaciones que continúan surgiendo en medios de comunicación.

A la espera de nuevos avances judiciales, el escenario permanece abierto.

El levantamiento del secreto de sumario podría convertirse en un punto de inflexión clave, capaz de aclarar o intensificar las sospechas existentes.

Mientras tanto, el debate político sigue escalando, con una pregunta que se repite en distintos ámbitos institucionales: qué grado de conocimiento y responsabilidad existió realmente en la gestión de las operaciones vinculadas a la SEPI durante el periodo investigado.