La Audiencia Nacional investiga el rescate de 53 millones de euros a Plus Ultra y sitúa a José Luis Rodríguez Zapatero en el centro de una compleja trama empresarial bajo análisis judicial

José Luis Rodríguez Zapatero se convirtió esta semana en el primer expresidente del Gobierno español imputado por la Audiencia Nacional desde el inicio de la democracia, en el marco de la investigación judicial sobre el rescate público de la aerolínea Plus Ultra durante la pandemia.

La decisión del juez José Luis Calama ha provocado un terremoto político en España y ha colocado nuevamente bajo el foco mediático una de las causas más delicadas de los últimos años.

La investigación gira en torno a los 53 millones de euros concedidos en 2021 a la compañía aérea a través del Fondo de Apoyo a la Solvencia de Empresas Estratégicas gestionado por la SEPI.

Según el auto judicial, existen indicios que apuntan a una presunta red de tráfico de influencias y posibles operaciones económicas irregulares relacionadas con aquel rescate financiero.

El magistrado atribuye provisionalmente a Zapatero presuntos delitos de organización criminal, tráfico de influencias y falsedad documental mientras continúa la instrucción del caso.

La resolución judicial, de más de 80 páginas, describe una supuesta estructura empresarial formada por decenas de sociedades mercantiles conectadas entre España, Dubái, Estados Unidos y varios territorios offshore.

El auto sostiene que determinadas operaciones económicas habrían sido canalizadas mediante empresas de consultoría y sociedades vinculadas al entorno empresarial investigado.

Entre los nombres que aparecen en la causa figura el empresario Julio Martínez Martínez, considerado por los investigadores como una pieza clave dentro de la trama analizada por la UDEF.

Las pesquisas también alcanzan a varias mercantiles relacionadas con consultoría estratégica y operaciones internacionales.

Según la documentación judicial, algunas de esas sociedades habrían recibido pagos millonarios coincidiendo temporalmente con la aprobación del rescate a Plus Ultra.

La policía registró esta semana el despacho profesional del expresidente en Madrid y varias sedes empresariales vinculadas a la investigación, incluida una empresa relacionada con sus hijas.

Los agentes buscan documentación financiera, dispositivos electrónicos y posibles comunicaciones que permitan esclarecer el origen y destino de determinadas transferencias económicas detectadas durante la investigación.

Tras conocerse la imputación, Zapatero difundió un vídeo en el que negó tajantemente cualquier actuación irregular.

“Jamás he realizado ninguna gestión ante ninguna administración pública en relación con el rescate de Plus Ultra”, afirmó el exdirigente socialista.

También aseguró que toda su actividad pública y privada “se ha desarrollado siempre con absoluto respeto a la legalidad” y defendió que todos sus ingresos fueron declarados de forma transparente.

En su comparecencia pública, Zapatero insistió además en que “todo lo que se ha dicho son falsedades” y anunció que colaborará plenamente con la Justicia para demostrar su inocencia.

Desde el entorno del PSOE se cerraron filas rápidamente en torno al expresidente, defendiendo la presunción de inocencia y cuestionando parte del relato político generado alrededor del caso.

Moncloa trasladó un mensaje de “calma y confianza” mientras dirigentes socialistas denunciaban una supuesta campaña de desgaste político contra el Gobierno y contra figuras históricas del partido.

Algunos miembros del Ejecutivo llegaron incluso a vincular el origen mediático de la causa con denuncias impulsadas por organizaciones próximas a sectores conservadores, aunque distintas informaciones judiciales señalan que la investigación llevaba más de un año abierta antes de la presentación de determinadas querellas públicas.

Mientras tanto, la oposición ha aprovechado el impacto político de la imputación para exigir explicaciones inmediatas al Gobierno de Pedro Sánchez.

Desde el Partido Popular y Vox se reclamó transparencia absoluta sobre las relaciones entre el Ejecutivo socialista y el rescate de Plus Ultra, considerado desde hace años como una de las operaciones más polémicas realizadas durante la crisis sanitaria.

La causa también ha generado un enorme revuelo mediático por el contenido de algunas transferencias investigadas.

El juez analiza pagos de consultoría y movimientos financieros que, según los investigadores, podrían superar ampliamente el millón de euros.

Parte de esas operaciones habrían pasado por sociedades internacionales y estructuras empresariales bajo sospecha de posible blanqueo de capitales, aunque hasta el momento no existe condena judicial firme contra ninguno de los investigados.

La comparecencia judicial de Zapatero está prevista para el próximo 2 de junio en la Audiencia Nacional.

Será la primera vez que un expresidente del Gobierno español declare como investigado en una causa de estas características.

El avance de las diligencias, el análisis de dispositivos electrónicos y el estudio de nuevas pruebas documentales marcarán ahora el rumbo de un procedimiento que amenaza con convertirse en uno de los mayores escándalos políticos y judiciales de la España reciente.