La Asamblea de Ceuta rechaza la propuesta de renombrar el puerto autónomo en medio de un tenso debate institucional
La Asamblea de Ceuta rechazó por amplia mayoría la propuesta de renombrar el recinto portuario como Puerto de Ceuta Isabel la Católica
La sesión plenaria de la Asamblea de la Ciudad Autónoma de Ceuta se transformó en el escenario de una severa confrontación política a raíz de la iniciativa presentada por el grupo parlamentario de Vox para modificar la denominación oficial del puerto autonómico e incorporar el nombre de la reina Isabel I de Castilla.
La moción, defendida en el estrado por la portavoz de la formación de derecha, Ana López, planteaba renombrar la infraestructura de transporte como «Puerto de Ceuta Isabel la Católica», apelando al impacto histórico de la soberana en la configuración de la identidad hispánica y al mandato recogido en su testamento respecto al norte de África.
La discusión procesal superó rápidamente el marco administrativo de la nomenclatura institucional para derivar en un áspero cruce de reproches entre la bancada proponente, el Gobierno local encabezo por el Partido Popular y las representaciones de la oposición parlamentaria sobre la cohesión social, la interpretación de la historia común y el cumplimiento de las normativas vigentes sobre espacios públicos.
Durante la fundamentación de la propuesta, la portavocía de Vox argumentó que la distinción proyectada constituía un acto de lealtad histórica hacia la monarca que sentó las bases del periodo moderno de España y ordenó la prohibición inicial de la esclavización de sus súbditos en los territorios recién incorporados.
La bancada de la formación sostuvo que el puerto ceutí, en su condición de punto estratégico de interconexión geográfica entre el continente europeo y el norteafricano, resultaba el emplazamiento idóneo para rendir homenaje al legado de la unificación castellana y aragonesa.
No obstante, la presentación de la moción incluyó críticas directas dirigidas a otras fuerzas políticas por haber rechazado propuestas de corte patriótico en el pasado mientras respaldaban nombramientos de espacios urbanos como la asignación de la plaza del Teatro del Revellín al político sudafricano Nelson Mandela, decisión previamente aprobada por el pleno autonómico.
El tono empleado por los intervinientes derivó en continuas interrupciones parlamentarias y llamadas al orden por parte de la presidencia de la cámara tras intercambios de descalificaciones personales entre los miembros de la Asamblea.
La respuesta del Ejecutivo de la ciudad y de los grupos de la oposición se fundamentó en la inviabilidad técnica y legal de la pretensión argumentada.
La vicepresidenta segunda de la mesa de la Asamblea y diputada, Fatima Hamed Hossain, intervino para cuestionar la utilidad real de la iniciativa para los problemas estructurales de la ciudadanía local, señalando que el planteamiento de renombrar el puerto carecía de rigor regulatorio.
Desde una perspectiva técnica, las representaciones que rechazaron la propuesta recordaron que los recintos integrados en la red de Puertos del Estado están regidos por el Real Decreto Legislativo 2/2011, por el que se aprobó el texto refundido de la Ley de Puertos del Estado y de la Marina Mercante.
Dicha normativa fija de manera reglada las denominaciones de las infraestructuras de interés general de acuerdo con los criterios de localización geográfica, estrategia logística y reconocimiento operativo en el ámbito del transporte marítimo comercial internacional, donde la marca de las ciudades sede constituye la referencia obligatoria para los operadores globales.
El debate legislativo alcanzó cotas de elevada tirantez cuando la discusión derivó hacia el tratamiento de la convivencia multicultural en la ciudad autónoma y el marco normativo sobre memoria democrática e institucional.
Desde las posiciones de la oposición y del Gobierno autonómico se acusó a los proponentes de utilizar debates simbólicos para alimentar la crispación política e instrumentalizar episodios históricos complejos como la Inquisición o la integración religiosa.
Por su parte, la portavoz de Vox replicó acusando al Ejecutivo presidido por Juan Jesús Vivas de ceder ante lo que calificó de presiones de las formaciones locales de base islámica y de distorsionar la narrativa histórica nacional para mantener acuerdos puntuales de gobernabilidad en el salón de plenos.
Finalmente, el Pleno de la Asamblea de Ceuta procedió a la votación de la iniciativa, dictaminando su rechazo definitivo por una holgada mayoría conformada por el Partido Popular, el Partido Socialista y las formaciones de la oposición regional.
La decisión ratificó la conservación de la denominación oficial del Puerto de Ceuta conforme al catálogo de la administración del Estado, concluyendo un pleno parlamentario marcado por las disputas sobre el modelo de representación institucional y la preservación de la identidad estatutaria de la ciudad en el continente africano.
