Iustitia Europa eleva al Supremo la causa del rescate a Plus Ultra y acusa al Consejo de Ministros
La acusación popular presenta una querella formal contra todo el Consejo de Ministros que aprobó el rescate de 53 millones de euros a la aerolínea Plus Ultra el 9 de marzo de 2021
El marco judicial en torno a la concesión de fondos públicos concedidos durante la pandemia del COVID-19 vive su episodio más tenso con la ofensiva penal iniciada contra el Ejecutivo central.
La organización política y plataforma de acción ciudadana Iustitia Europa, encabezada por el abogado Luis María Pardo, ha ratificado formalmente ante la Sala Segunda del Tribunal Supremo una querella criminal contra todos los integrantes del Consejo de Ministros que participaron y dieron su visto bueno al acuerdo del 9 de marzo de 2021.
En dicha sesión se autorizó la inyección de 53 millones de euros en concepto de rescate a la aerolínea Plus Ultra Líneas Aéreas a través del Fondo de Apoyo a la Solvencia de Empresas Estratégicas (FASEE), gestionado por la Sociedad Estatal de Participaciones Industriales (SEPI).
La acusación popular atribuye en su escrito indicios constitutivos de delitos de prevaricación administrativa, malversación de caudales públicos y tráfico de influencias, al considerar que la aprobación formal de esta ayuda pública no constituyó un mero acto político discrecional, sino una resolución de carácter administrativo legalmente reglada que omitió los requisitos indispensables fijados por la normativa nacional y comunitaria para las empresas en crisis.
El núcleo argumental sobre el que pivota esta acción procesal descansa en los criterios de elegibilidad técnicos fijados para el acceso a las ayudas estatales extraordinarias.
Según las investigaciones preliminares instruidas en la Audiencia Nacional y los informes analizados por las acusaciones, Plus Ultra no reunía las condiciones requeridas para ser considerada un operador estratégico, acumulando pérdidas financieras de manera previa al estallido de la crisis sanitaria.
En este escenario, la tesis sostenida por los querellantes subraya que la compañía aérea arrastraba un desequilibrio patrimonial estructural y mantenía compromisos de pago vencidos con la Administración, entre los que destacaban saldos adeudados con la Tesorería General de la Seguridad Social.
De acuerdo con el planteamiento expuesto por Luis María Pardo, para soslayar la inhabilitación que suponía dicho descubierto económico, se habrían llevado a cabo gestiones orientadas a fragmentar e instruir aplazamientos de deuda con la Seguridad Social —instancia que en aquel periodo se encontraba bajo la responsabilidad del entonces ministro José Luis Escrivá— con el objetivo de vestir de legalidad el expediente administrativo e independizar ficticiamente el menoscabo financiero de la empresa respecto a sus obligaciones fiscales corrientes.
Paralelamente, la querella presentada ante el Alto Tribunal se nutre de los indicios que se instruyen en el Juzgado Central de Instrucción número 4 de la Audiencia Nacional, bajo la dirección del magistrado José Luis Calama.
En dicha causa separada, el expresidente del Gobierno José Luis Rodríguez Zapatero figura en calidad de investigado por la presunta existencia de una red orientada al tráfico de influencias, el blanqueo de capitales y la intermediación en la concesión de resoluciones públicas favorables.
Según el auto dictado por el juzgador, se indaga si la aprobación final de la inyección presupuestaria de 53 millones de euros respondió a mediaciones de terceros ligadas a cobros de comisiones indirectas y canalizadas mediante contratos de asesoría técnica o sociedades instrumentales.
La hipótesis formulada por Iustitia Europa califica la actuación del Consejo de Ministros como el eslabón definitivo dentro de un engranaje administrativo que dio luz verde al desembolso de fondos, sosteniendo que los miembros del gabinete gubernamental habrían incurrido en una grave negligencia al omitir el deber de fiscalización o en un acto prevaricador al validar el rescate a sabiendas de sus deficiencias de fondo.
El desarrollo de las diligencias en el fuero penal ha venido acompañado por un intenso debate sobre las medidas de aseguramiento personal aplicables.
En el marco de sus intervenciones procesales, la acusación popular ha solicitado la adopción de medidas cautelares severas respecto a los principales investigados en la causa marco, incluyendo la petición de prisión provisional comunicada y sin fianza para el exjefe del Ejecutivo José Luis Rodríguez Zapatero.
Para fundamentar la necesidad de esta privación de libertad preventiva, el letrado representante argumenta la concurrencia de un elevado riesgo de fuga derivado de la capacidad de movilidad internacional, la disponibilidad de recursos fuera del territorio nacional y la existencia de informaciones que apuntan a reservas de desplazamientos al extranjero programadas en fechas coincidentes con el señalamiento de registros judiciales y notificaciones de imputación en sede policial o judicial.
La instrucción de la causa en la Audiencia Nacional ha dejado al descubierto además presuntas filtraciones previas sobre los registros y actuaciones incoadas por la Unidad de Delincuencia Económica y Fiscal (UDEF) de la Policía Nacional.
Según consta en la causa, se examina si personas del entorno del exmandatario mantuvieron encuentros o contactos informativos con representantes del ámbito político días antes de que se efectivasen los mandamientos de entrada y registro acordados por el juzgado de instrucción.
Estos extremos han reforzado las alegaciones de las partes acusadoras respecto al peligro de alteración, ocultación o destrucción de fuentes de prueba relevantes para el esclarecimiento de los flujos monetarios y de la documentación relativa a los pagos intermedios.
Desde una perspectiva estrictamente jurídica, el Tribunal Supremo deberá evaluar la admisibilidad a trámite de la querella interpuesta contra la totalidad del colegio ministerial.
Al tratarse de un órgano colegiado en el que la toma de decisiones sobre la disposición de caudales públicos requiere del asentimiento común, el Alto Tribunal deberá delimitar la existencia de elementos indiciarios bastantes para imputar responsabilidad penal individualizada a los ministros aforados que suscribieron el real decreto de concesión de la ayuda.
Mientras la defensa de las instituciones sostiene la corrección de los expedientes avalados por los informes del FASEE y la SEPI, las acusaciones insisten en que los indicios acumulados revelan la vulneración manifiestamente arbitraria de los principios que rigen la administración de fondos estatales.
La resolución que adopte la Sala de lo Penal marcará el alcance judicial de uno de los expedientes de rescate financiero más controvertidos de la gestión pública reciente.
