Un informe de la UDEF incorporado al sumario del juez José Luis Calama destapa las maniobras y conversaciones secretas de la cúpula de Plus Ultra para acceder a un rescate público de 53 millones de euros en plena pandemia

Las entrañas del polémico rescate público a la aerolínea Plus Ultra han terminado por estallar en la Audiencia Nacional.

Un contundente informe de la Unidad de Delincuencia Económica y Fiscal (UDEF), ya incorporado a la causa que dirige el magistrado José Luis Calama, pone al descubierto el engranaje de influencias políticas y empresariales que se activó en plena pandemia para asegurar la inyección de 53 millones de euros de dinero público.

Las transcripciones de las conversaciones intervenidas a la cúpula de la compañía aérea no solo revelan una agresiva estrategia de presión en los despachos más altos de Madrid y Caracas, sino que sitúan al expresidente del Gobierno José Luis Rodríguez Zapatero en el epicentro de las operaciones como el facilitador clave ante el Ejecutivo de Pedro Sánchez y el régimen venezolano de Nicolás Maduro.

El rastro de los pinchazos telefónicos y los mensajes incautados por la Policía Judicial sitúa las maniobras en los momentos más críticos de la crisis sanitaria, cuando la Sociedad Estatal de Participaciones Industriales (SEPI) dirimía la concesión de fondos de rescate.

En ese escenario, el presidente de Plus Ultra, Julio Martínez Sola, y el accionista mayoritario de la firma, Rodolfo Reyes, diseñaron una hoja de ruta donde la intermediación política cotizaba al alza.

Al principio, los propios cabecillas de la red manifestaban abiertamente sus dudas sobre la capacidad real del expresidente socialista, llegando a preguntarse de forma directa en sus comunicaciones: “¿Sirve para algo ese señor?”.

Sin embargo, las suspicacias iniciales se disiparon rápidamente al comprobar la efectividad de sus conexiones.

Las pesquisas policiales demuestran que los empresarios barajaron con frialdad dos grandes vías de presión internacional para forzar la aprobación del rescate financiero.

La primera opción sobre la mesa contemplaba activar directamente los vínculos con la vicepresidenta venezolana: “La de Delcy, que llame a este”.

No obstante, la dirección de la aerolínea consideró mucho más efectiva y directa la segunda alternativa estratégica, consistente en “activar a alguien con Zapatero”, una opción que a la postre abriría de par en par las puertas de la Moncloa.

La crudeza de los diálogos intervenidos retrata la percepción que los propios beneficiarios del rescate tenían sobre el político castellano-leonés y su alineamiento ideológico y geopolítico.

En una de las conversaciones más determinantes del sumario, los empresarios definen con absoluta claridad la doble condición del expresidente: “Es pro Sánchez y pro Maduro”.

Esta afinidad ideológica y de intereses bilaterales se convirtió en el motor de un lobby feroz en el que, según reflejan las actas policiales, los implicados no mostraron el más mínimo reparo moral a la hora de alcanzar sus objetivos económicos.

La charla entre los cabecillas concluyó de forma lapidaria con una frase que evidencia la naturaleza del plan: “El fin justifica los medios”.

Así lo dijeron.

La investigación de la UDEF acredita que la labor de Zapatero no se limitó a la mera intermediación institucional en los pasillos gubernamentales, sino que ejerció un papel de extraordinaria agresividad en el sector financiero para desatascar vías de financiación paralelas, como los créditos avalados por el Instituto de Crédito Oficial (ICO).

Entre el material incautado, los investigadores han destapado una carta dirigida al Banco Santander en la que la cúpula de Plus Ultra exigía de forma imperativa la concesión de financiación comercial, alegando sin tapujos ante la entidad bancaria que lo hacían “por instrucciones de Zapatero”.

El éxito de estas gestiones desató la euforia entre los empresarios implicados, quienes celebraron el descarado compadreo y la contundencia de las gestiones del expresidente asegurando con satisfacción que el político “movió duro”.

De acuerdo con el análisis de los flujos financieros y los testimonios policiales, este despliegue de influencias al más alto nivel no se realizó de forma desinteresada.

Los investigadores de la Audiencia Nacional confirman el cobro de comisiones y contraprestaciones económicas derivadas de estas gestiones de mediación.

El sumario refleja con precisión el modus operandi de la red de influencias al señalar de manera explícita que “la red de Zapatero cobra si se mueve”.

Este tráfico de influencias remunerado ha dado un vuelco judicial sin precedentes a la causa, convirtiendo al juez José Luis Calama en el primer magistrado que imputa formalmente a un expresidente del Gobierno de España, un hito que arrastra los nombres de José Luis Rodríguez Zapatero y del actual presidente Pedro Sánchez al epicentro del lodo judicial.

La acumulación de evidencias y el avance de las diligencias judiciales han terminado por fracturar la defensa de la aerolínea.

Ante la presión de la UDEF, que ha acorralado minuciosamente cada movimiento contable y cada comunicación interna, los empresarios han comenzado a tirar de la manta para evitar mayores responsabilidades penales.

El goteo constante de revelaciones confirma que la concesión de los 53 millones de euros del fondo de rescate estatal no obedeció en absoluto a una necesidad estratégica para el tejido empresarial o el sector aéreo español, sino que se fraguó como un pacto oscuro diseñado para enriquecer a los mediadores del entorno del Partido Socialista a costa del erario público.

La bautizada como “vía Zapatero” queda así expuesta ante la opinión pública como una maquinaria de delincuencia económica que certifica una profunda degradación institucional.