La Audiencia Nacional ha anulado las liquidaciones fiscales reclamadas a Shakira tras un largo proceso legal que la cantante colombiana ha calificado públicamente como el fin de una campaña contra su reputación

El panorama judicial y mediático en España ha vuelto a sacudirse con fuerza tras la reciente resolución de la Audiencia Nacional que anula las liquidaciones fiscales reclamadas a Shakira, un dictamen que la estrella colombiana ha celebrado de forma pública como el fin de un calvario institucional de más de ocho años.

A través de un contundente comunicado difundido en sus redes sociales, la artista arremetió contra lo que calificó como una campaña orquestada para destruir su reputación y denunció el severo desgaste emocional y familiar sufrido bajo la presión de la Hacienda española, afirmando categóricamente que nunca existió el fraude que se le imputaba.

Sin embargo, la euforia de la cantante ha sido matizada de inmediato por los expertos del sector tributario en el espacio televisivo *Todo es mentira*, emitido por la cadena Cuatro, donde Carlos Cruzado, presidente del sindicato de técnicos de Hacienda (Gestha), ha ofrecido un análisis técnico y riguroso que rebaja las expectativas económicas de la defensa de la colombiana y advierte de que el conflicto judicial está lejos de haber concluido definitivamente.

Durante su intervención en el programa conducido por Risto Mejide, Carlos Cruzado fue contundente al corregir las informaciones periodísticas que cifraban en sesenta millones de euros la cantidad que las arcas públicas deberían reembolsar a la intérprete tras el fallo judicial.

El representante de los técnicos fiscales desglosó minuciosamente la realidad financiera del expediente, aclarando que la suma de las liquidaciones objeto del litigio ronda en realidad los veintisiete millones de euros, una cuantía a la que deben añadirse los intereses de demora devengados a lo largo del proceso.

De este modo, la devolución total efectiva que tendría que asumir la Administración del Estado se situaría en torno a los treinta y cuatro millones de euros, una cifra sensiblemente inferior a la especulada inicialmente en los medios de comunicación.

Asimismo, Cruzado rebajó el optimismo de la cantante respecto al cierre del caso, recordando que el sistema judicial español contempla mecanismos de apelación para la abogacía del Estado ante este tipo de reveses y asegurando con total rotundidad que la sentencia se recurrirá con absoluta probabilidad en las próximas instancias.

El debate televisivo también abordó el calado sociopolítico de las declaraciones de Shakira, quien en su manifiesto público aseguró de manera polémica que su victoria judicial suponía un precedente positivo para todos aquellos ciudadanos de a pie que se sienten machacados por las inspecciones fiscales de la Agencia Tributaria.

Cruzado se mostró profundamente disconforme con esta generalización y defendió la integridad del sistema administrativo español, argumentando que la legislación tributaria del país se sitúa entre las más garantistas y rigurosas de toda Europa.

Para el experto de Gestha, el hecho de que una figura de la relevancia internacional de Shakira haya obtenido un fallo favorable que anule las reclamaciones económicas de la Administración no demuestra una persecución institucional, sino precisamente todo lo contrario: constituye una prueba fehaciente de la solidez y de la seguridad jurídica que impera en el Estado de derecho, donde los tribunales actúan con total independencia corrigiendo las resoluciones administrativas cuando corresponde.

Finalmente, el presentador Risto Mejide planteó a su invitado una de las cuestiones más controvertidas del ámbito fiscal contemporáneo, inquiriendo si la Agencia Tributaria utiliza sistemáticamente a las celebridades y rostros conocidos como cabezas de turco para lanzar avisos disuasorios al conjunto de los contribuyentes.

Carlos Cruzado eludió las teorías de la conspiración mediática y recordó que la propia artista admitió formalmente la comisión de delitos fiscales en un proceso paralelo relacionado con su residencia efectiva en España durante el periodo comprendido entre los años 2012 y 2014.

El técnico reconoció que el ruido mediático es inevitable y desmesurado cuando el expediente afecta a perfiles de proyección global, señalando que la filtración de información confidencial suele producirse de manera inevitable una vez que las denuncias de la inspección fiscal ingresan en la vía judicial, pero insistió en que las actuaciones del funcionariado se basan estrictamente en hechos objetivos y no en campañas de señalamiento reputacional.