El Partido Popular formaliza la citación en el Senado de la fiscal general del Estado Teresa Peramato para el próximo diecinueve de junio con el fin de esclarecer las reuniones secretas entre la fontanera del PSOE Leire Díez y la cúpula del Ministerio Público

El panorama político español se enfrenta a semanas de máxima intensidad parlamentaria tras el diseño de una estrategia global por parte del Partido Popular en la Cámara Alta.

La formación de la oposición ha estructurado un calendario exhaustivo de comparecencias con el objetivo de fiscalizar lo que califican como una trama de degradación institucional que afecta directamente al núcleo del Partido Socialista Obrero Español y al Gobierno de Pedro Sánchez.

Esta operación de control parlamentario, que se desarrollará durante lo que resta del mes de junio, situará en el foco de las comisiones de investigación a los máximos responsables de la seguridad del Estado, de la persecución del delito y a personas de la estricta confianza de destacados dirigentes socialistas.

El punto central de esta ofensiva institucional tendrá lugar el próximo viernes 19 de junio en la Comisión de Justicia del Senado, fecha en la que ha sido citada formalmente la fiscal general del Estado, Teresa Peramato.

La comparecencia de la máxima responsable del Ministerio Público tiene como finalidad obligarla a rendir cuentas detalladas sobre una serie de encuentros que se mantuvieron en la sede de la institución sin que quedara constancia de los mismos en los registros oficiales.

En concreto, el Partido Popular exige aclaraciones urgentes sobre las reuniones celebradas entre Leire Díez, considerada la principal operadora política o “fontanera” del PSOE, y Diego Villafañe, quien ejercía como número dos y mano derecha del anterior fiscal general del Estado, Álvaro García Ortiz, recientemente condenado por un delito de revelación de secretos.

La portavoz del Grupo Popular en el Senado, Alicia García, ha denunciado públicamente la gravedad de estos hechos al señalar que una persona que presuntamente operaba bajo directrices partidistas para desestabilizar a miembros de la judicatura y la fiscalía contara con un acceso preferente y sin control en las dependencias de la Fiscalía General del Estado.

Ante esta situación, Peramato deberá responder ante los senadores preguntas muy específicas sobre el momento exacto en que tuvo conocimiento de dichos encuentros bilaterales, en los que también habría participado el abogado Jacobo Teijelo.

Asimismo, la oposición requerirá que la fiscal general aclare si recibió órdenes directas para mantener ocultas estas reuniones hasta que la presión judicial la obligó a reportar su existencia al magistrado de la Audiencia Nacional, Santiago Pedraz, detallando además cuál fue el contenido exacto de las conversaciones mantenidas en la cúpula judicial.

Esta citación parlamentaria coincidirá en el tiempo con una semana especialmente compleja para el Ejecutivo en el ámbito de los tribunales, debido a los señalamientos judiciales previstos para la esposa del presidente del Gobierno, Begoña Gómez, y para el expresidente José Luis Rodríguez Zapatero.

De forma paralela a estos procesos, el Senado activará la Comisión de Interior el próximo martes para tomar declaración a la actual directora general de la Guardia Civil, Mercedes González.

La comparecencia de González se fundamenta en las informaciones derivadas de la instrucción del caso Leire Díez, según las cuales un comandante del instituto armado mantuvo un encuentro reservado con la operadora socialista y posteriormente reflejó en sus anotaciones llamadas telefónicas con la propia González, asegurando que Díez trasladaba de manera directa a la dirección de la Guardia Civil las valoraciones y el resultado de sus reuniones.

El cerco parlamentario diseñado por los populares no se limitará a la estructura judicial y policial, sino que se extenderá hasta el último día del mes con la citación del ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska, fijada para el martes 30 de junio ante la comisión que investiga las ramificaciones del denominado caso Koldo.

Desde las filas de la oposición se sostiene con firmeza la tesis de que Marlaska faltó a la verdad en sede parlamentaria al negar u ocultar los contactos entre Leire Díez y la dirección de la Guardia Civil, una actitud que, según los portavoces populares, tenía como único propósito proteger la figura del presidente Pedro Sánchez.

La dirección del Partido Popular ha manifestado que las evidencias apuntan a que presuntas conductas delictivas de carácter estatal contaron con la pasividad o el amparo de los máximos responsables de garantizar la seguridad ciudadana y de perseguir las infracciones penales en el país.

El plano de las relaciones internacionales y los negocios vinculados a exmandatarios socialistas también ocupará un espacio prioritario en las comisiones del Senado.

El lunes 22 de junio, la comisión que investiga las posibles irregularidades en la Sociedad Estatal de Participaciones Industriales tomará declaración a Manuel Aarón Fajardo, identificado por la oposición como el principal intermediario o lugarteniente del expresidente José Luis Rodríguez Zapatero en el territorio de Venezuela.

De acuerdo con el planteamiento del Partido Popular, Fajardo habría sido la pieza clave encargada de facilitar la entrada y consolidación de intereses empresariales y comerciales particulares en la nación caribeña.

La polémica en torno a la figura de Zapatero se ha recrudecido tras las declaraciones de la portavoz parlamentaria Alicia García, quien ha cuestionado abiertamente el origen, la declaración fiscal y la procedencia de una serie de joyas de gran valor localizadas en una caja de seguridad vinculada al expresidente del Gobierno.

Para profundizar en esta línea de investigación patrimonial, los populares han llamado a declarar el 29 de junio a Gertrudis Alcázar, secretaria personal de Zapatero, con el objetivo de que clarifique la procedencia real de dichos objetos de valor y determine si existieron instrucciones específicas para la confección de facturas falsas orientadas al blanqueo de capitales.

En esa misma jornada del 29 de junio, la actividad del Senado se completará con la declaración del excomisario del aeropuerto de Madrid-Barajas, Jesús María Gómez.

El propósito de esta citación es reconstruir de manera minuciosa todos los detalles técnicos, logísticos y de seguridad que rodearon la controvertida escala en territorio español de Delcy Rodríguez, vicepresidenta del Gobierno de Venezuela, a pesar de las restricciones de vuelo internacionales que pesaban sobre ella.

El Partido Popular considera que este episodio aeroportuario representó el hito inicial a partir del cual se introdujeron y ramificaron las presuntas dinámicas de influencia irregular que hoy investigan los tribunales y que afectan a diversos estamentos del partido en el poder y de la administración pública.