El excapitán de la UCO Juan Vicente Bonilla presentó una demanda de 350.000 euros contra el ministro Óscar López por difundir mensajes que lo vinculaban falsamente con un supuesto atentado contra Pedro Sánchez

El ministro para la Transformación Digital y de la Función Pública, Óscar López, afronta una de las mayores tormentas judiciales y políticas desde su llegada al Gobierno.

El excapitán de la Unidad Central Operativa de la Guardia Civil, Juan Vicente Bonilla, ha presentado una demanda civil contra el dirigente socialista por vulneración del derecho al honor, reclamando una indemnización de 350.

000 euros tras la difusión de mensajes que le vinculaban falsamente con un supuesto plan para atentar contra el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez.

La demanda, registrada en los juzgados de Madrid, sostiene que López utilizó deliberadamente su posición institucional y sus redes sociales oficiales para amplificar una información manipulada que presentaba a Bonilla como alguien que “fantaseaba” con colocar una “bomba lapa” bajo el vehículo del jefe del Ejecutivo.

El caso ha provocado un terremoto político de enormes dimensiones y ha vuelto a colocar en el centro del debate la guerra abierta entre el Gobierno y sectores de la UCO implicados en investigaciones sensibles relacionadas con el denominado caso Koldo y otras tramas de corrupción.

El origen de la polémica se remonta a mayo de 2025, cuando varios medios afines al Ejecutivo difundieron fragmentos de conversaciones privadas atribuidas a Bonilla y a uno de sus confidentes.

En aquellas publicaciones se insinuaba que el exagente de la Guardia Civil defendía la utilización de violencia contra Pedro Sánchez mediante expresiones como “bomba lapa” o “sicario venezolano”.

La información fue rápidamente replicada por dirigentes del PSOE y ministros del Gobierno.

Óscar López escribió entonces desde su cuenta oficial en la red X: “Una bomba lapa en los bajos o un sicario venezolano. Así fantaseaba el último gran fichaje del gobierno de Ayuso con atentar contra el presidente del Gobierno”.

Aquella publicación se viralizó de inmediato y generó una oleada de ataques públicos contra Bonilla.

Sin embargo, pocas horas después comenzaron a aparecer pruebas que cuestionaban seriamente la autenticidad y el contexto real de los mensajes difundidos.

Diversas investigaciones periodísticas revelaron que las conversaciones habían sido recortadas y manipuladas, omitiendo fragmentos fundamentales que alteraban completamente el sentido de los comentarios.

Entre las frases eliminadas aparecían referencias irónicas vinculadas a reconocimientos profesionales dentro de la Guardia Civil y alusiones al trabajo investigador desarrollado por la UCO.

Pese a las rectificaciones parciales realizadas por algunos medios de comunicación, Óscar López mantuvo públicamente sus acusaciones.

“No puede ser que un cargo público esté fantaseando con asesinar al presidente del Gobierno”, declaró durante un acto del PSOE en Madrid.

Días después insistió: “Lo que aparece en esos mensajes es intolerable y merece un cese inmediato”.

La negativa del ministro a retractarse constituye precisamente uno de los pilares fundamentales de la demanda presentada por Bonilla.

El escrito judicial considera que el dirigente socialista no actuó como un simple usuario de redes sociales, sino como un representante institucional del Gobierno de España con una enorme capacidad de influencia pública.

Según la demanda, el daño causado fue “grave, continuado y amplificado desde el poder político”.

Fuentes cercanas al excapitán de la UCO sostienen que la difusión del bulo tuvo consecuencias devastadoras para su vida profesional y personal.

Bonilla habría perdido contratos laborales, sufrido campañas de señalamiento público y recibido amenazas y ataques en redes sociales.

El documento judicial habla de un “hostigamiento mediático permanente” y de una “destrucción reputacional calculada”.

El caso adquiere además una enorme carga política porque Bonilla fue uno de los mandos de la UCO relacionados con investigaciones que afectaban al entorno del PSOE y del Gobierno, especialmente las pesquisas vinculadas al caso Koldo y al exministro José Luis Ábalos.

Desde sectores conservadores y asociaciones policiales se denuncia desde hace meses una supuesta campaña de descrédito impulsada desde Moncloa contra determinados investigadores de la Guardia Civil.

La demanda sostiene que el objetivo era construir el relato de una “UCO patriótica” que actuaba políticamente contra Pedro Sánchez.

“Se trataba de desacreditar a los investigadores para sembrar dudas sobre las causas judiciales que afectan al entorno del Gobierno”, argumenta el entorno de Bonilla.

La repercusión política ha sido inmediata.

El Partido Popular ha exigido explicaciones urgentes en el Congreso y varios dirigentes de la oposición acusan al Ejecutivo de utilizar instituciones y redes sociales para difundir desinformación contra servidores públicos.

Isabel Díaz Ayuso también se pronunció sobre el caso y defendió la honorabilidad del excapitán de la UCO.

Mientras tanto, desde el Ministerio de Transformación Digital se evita entrar en profundidad sobre el procedimiento judicial abierto.

Fuentes del entorno de Óscar López insisten en que el ministro actuó “basándose en informaciones publicadas por medios de comunicación” y niegan cualquier intención de difamar deliberadamente al exagente.

No obstante, el procedimiento amenaza con convertirse en un serio problema político para el Gobierno.

Juristas consultados consideran especialmente delicado el hecho de que las acusaciones fueran realizadas desde perfiles institucionales y reiteradas incluso después de conocerse las supuestas manipulaciones de los mensajes originales.

En el entorno judicial existe además expectación por la posible citación de otros dirigentes socialistas que también replicaron públicamente la versión de la “bomba lapa”, entre ellos la vicepresidenta María Jesús Montero y la portavoz del Gobierno, Pilar Alegría.

Juan Vicente Bonilla, que durante casi dos décadas trabajó en investigaciones sensibles de la Guardia Civil, ha decidido ahora responder en los tribunales.

“No todo vale en política”, señalan fuentes próximas al excapitán.

El proceso judicial promete abrir un nuevo frente para un Ejecutivo ya cercado por múltiples crisis políticas y por el desgaste derivado de los casos de corrupción que siguen golpeando al entorno socialista.