El caso Plus Ultra amplía su alcance y coloca bajo escrutinio judicial el entorno económico de Zapatero
La causa se ha extendido en solo setenta días a las joyas, Hacienda, Bolivia, la empresa de sus hijas y a más de tres millones en pagos empresariales
-RBhf4nZolBhxzlzWMh1qZhP-1200x840@RC.png)
La investigación abierta por la Audiencia Nacional en torno al denominado caso Plus Ultra ha multiplicado sus frentes en apenas unas semanas y ha convertido la supuesta concesión irregular del rescate público a la aerolínea en una causa de mayor alcance, centrada ahora en los movimientos económicos del expresidente del Gobierno José Luis Rodríguez Zapatero, su entorno familiar y varias sociedades vinculadas a sus colaboradores.
Desde que la Unidad de Delincuencia Económica y Fiscal (UDEF) llevó a cabo los registros del pasado 19 de mayo, el procedimiento ha incorporado nuevas líneas de investigación: pagos empresariales al expresidente, operaciones de sociedades relacionadas con su entorno, posibles irregularidades fiscales, contratos de consultoría, una investigación paralela sobre unas joyas valoradas en más de un millón de euros y presuntas gestiones internacionales vinculadas a Bolivia.
Todo ello permanece bajo investigación judicial y Zapatero ha negado haber cometido cualquier delito.
El origen de la causa se encuentra en las sospechas sobre la concesión del rescate de 53 millones de euros otorgado por el Gobierno a Plus Ultra durante la pandemia.
La investigación analiza si determinados pagos realizados posteriormente por empresas relacionadas con la aerolínea pudieron estar vinculados a trabajos de intermediación o influencia política.
La Fiscalía y el juzgado investigan varios posibles delitos, entre ellos tráfico de influencias y falsedad documental, mientras la defensa del expresidente sostiene que sus actividades profesionales fueron legales y estuvieron basadas en servicios reales.
El juez de la Audiencia Nacional José Luis Calama situó en sus primeros autos la necesidad de analizar una posible estructura societaria alrededor de determinadas empresas y colaboradores próximos a Zapatero.
Según los informes policiales incorporados a la causa, los investigadores consideran que existía un entramado de sociedades a través del cual se habrían canalizado distintos pagos.
La valoración de esas conclusiones corresponde ahora al procedimiento judicial, que deberá determinar si existieron irregularidades penales o si las operaciones tenían una justificación económica válida.
Uno de los elementos que más impacto público generó fue el hallazgo, durante los registros, de una caja fuerte en el despacho del expresidente en Madrid con diversas piezas de joyería.
La investigación judicial abrió una línea separada para determinar el origen, la adquisición, la posible declaración fiscal y la valoración económica de esas piezas.
Una tasación posterior situó el valor del conjunto en torno a 1,3 millones de euros, aunque la defensa de Zapatero ha defendido que se trataba de regalos personales y ha cuestionado las interpretaciones realizadas sobre su origen.
La investigación también alcanzó a la Agencia Tributaria, que comenzó comprobaciones sobre Zapatero, su esposa Sonsoles Espinosa, sus hijas y varias sociedades relacionadas con el entorno empresarial investigado.
El juez rechazó suspender esas actuaciones al considerar que las comprobaciones fiscales y la investigación penal no analizan exactamente los mismos hechos, salvo aspectos concretos relacionados con las joyas.
Uno de los focos principales está puesto en What The Fav, la empresa de comunicación y marketing fundada por Alba y Laura Rodríguez Espinosa, hijas del expresidente.
La compañía aparece en los informes policiales por sus relaciones comerciales con sociedades investigadas, aunque la empresa mantiene que desarrolla una actividad profesional legítima.
Las hijas de Zapatero fueron incorporadas al procedimiento en calidad de investigadas para aclarar esas operaciones.
La UDEF también ha analizado pagos recibidos por Zapatero a través de diferentes sociedades y contratos de asesoramiento.
Entre las cantidades investigadas figuran ingresos procedentes de empresas vinculadas a su actividad profesional, algunos de ellos relacionados con servicios de consultoría e intermediación.
La Policía sostiene que parte de esas operaciones podrían carecer de una justificación económica suficiente, mientras la defensa afirma que existían trabajos y contratos que explican los pagos.
-RLiseUamubEkeYBMGuicAsI-1200x840@RC.png?w=313&ratio=313:175)
Otro de los capítulos abiertos afecta a Bolivia.
Los investigadores examinan un pago de 200.000 euros procedente de una empresa relacionada con operaciones empresariales en ese país y tratan de determinar si existieron gestiones de influencia política o si se trató de una relación profesional legítima.
La investigación todavía debe establecer la naturaleza exacta de esas actuaciones.
El procedimiento ha adquirido una nueva dimensión tras la colaboración de algunos investigados y empresas vinculadas a la causa.
Sus declaraciones y escritos han aportado nuevas versiones sobre el funcionamiento interno de las relaciones entre consultores, empresarios y la aerolínea Plus Ultra, aunque deberán ser contrastadas por el juez con el resto de pruebas documentales.
La Audiencia Nacional continúa analizando documentación financiera, comunicaciones y movimientos bancarios.
El juez Calama autorizó recientemente a la UDEF a revisar 57 productos bancarios relacionados con Zapatero, sus familiares, colaboradores y sociedades investigadas, con el objetivo de reconstruir el flujo económico de las operaciones bajo sospecha.
Tras más de dos meses de actuaciones, el caso Plus Ultra se ha convertido en una de las investigaciones judiciales más complejas relacionadas con un antiguo presidente del Gobierno español.
Sin embargo, la causa se encuentra todavía en fase de instrucción: no existe una sentencia ni una declaración judicial definitiva sobre la responsabilidad penal de Zapatero o de las personas investigadas.
El expresidente ha rechazado todas las acusaciones, ha defendido la legalidad de sus actividades profesionales y sostiene que las acusaciones parten de interpretaciones incorrectas de sus relaciones empresariales.
La investigación deberá determinar ahora si los indicios reunidos tienen relevancia penal o si las operaciones analizadas cuentan con una explicación jurídica y económica suficiente.
