Ayuso y Abascal elevan la presión sobre Marruecos tras la crisis de Ceuta y endurecen el choque con el Gobierno de Sánchez
La presidenta de la Comunidad de Madrid y el líder de Vox confluyen en dureza frente a la crisis de Ceuta
La crisis migratoria sin precedentes registrada en Ceuta ha intensificado la confrontación política en España y ha endurecido el discurso de los principales líderes de la oposición.
La presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, y el presidente de Vox, Santiago Abascal, han coincidido en responsabilizar directamente a Marruecos de la entrada masiva de decenas de miles de personas en la ciudad autónoma, calificando lo sucedido como una “invasión” y, en el caso del líder de Vox, incluso como un “acto de guerra”.
Sus declaraciones representan el tono más contundente mantenido hasta ahora por dirigentes de la derecha española frente a una crisis que ha reabierto el debate sobre la seguridad fronteriza, la política migratoria y las relaciones diplomáticas entre Madrid y Rabat.
La llegada masiva de migrantes comenzó el pasado jueves y, en apenas tres días, más de 60.
000 personas cruzaron desde Marruecos hacia Ceuta aprovechando la escasa vigilancia en distintos puntos de la frontera, especialmente en la zona del espigón de El Tarajal durante la marea baja.
La avalancha provocó el colapso de los servicios de emergencia, desbordó la capacidad del Centro de Estancia Temporal de Inmigrantes (CETI) y dejó un elevado número de víctimas mortales, muchas de ellas fallecidas por ahogamiento o aplastamiento durante el intento de acceder al territorio español.
El Gobierno movilizó efectivos de la Policía Nacional, Guardia Civil y Ejército para recuperar el control de la ciudad mientras continuaban las labores de búsqueda de desaparecidos en el mar.
En este contexto, Isabel Díaz Ayuso aprovechó una visita institucional a la localidad madrileña de Pelayos de la Presa para lanzar una dura crítica tanto contra Marruecos como contra el Ejecutivo de Pedro Sánchez.
La dirigente popular calificó la situación de “invasión intolerable” y cuestionó abiertamente el agradecimiento expresado por el Gobierno español hacia las autoridades marroquíes por su colaboración en la gestión posterior de la crisis.
Ayuso sostuvo que los acontecimientos de Ceuta no constituyen un episodio aislado, sino una advertencia de futuras presiones migratorias sobre España.
Según afirmó, Marruecos estaría poniendo a prueba la capacidad de respuesta del Estado español y de la Unión Europea, advirtiendo de que este tipo de episodios podrían repetirse si no existe una reacción firme.
La presidenta madrileña también criticó la política exterior del Ejecutivo de Sánchez, al considerar que España ha deteriorado sus relaciones con varios aliados occidentales mientras mantiene una actitud excesivamente complaciente con Rabat.
En su opinión, la gestión de la crisis compromete no solo la seguridad de Ceuta, sino también la estabilidad de toda la frontera sur europea.
Las declaraciones de Ayuso suponen un endurecimiento respecto a la posición mantenida por el presidente del Partido Popular, Alberto Núñez Feijóo.
Aunque el líder nacional del PP ya había acusado a Marruecos de actuar sin “buena fe” y llegó a definir la entrada masiva de migrantes como una “ocupación premeditada”, evitó emplear expresiones como “invasión” o atribuir directamente una intencionalidad bélica al Gobierno marroquí.
Por su parte, Santiago Abascal desplazó su actividad política a Ceuta para respaldar a las autoridades locales y reforzar el mensaje de Vox.
Desde la ciudad autónoma calificó los hechos como “un ataque brutal contra la soberanía nacional”, “una invasión” y “un acto de guerra promovido por Marruecos”.
El dirigente sostuvo que el Gobierno español comparte la responsabilidad de lo sucedido por, según él, haber favorecido un efecto llamada mediante su política migratoria y por no haber respondido con firmeza ante las presiones del reino alauí.
Abascal responsabilizó conjuntamente al Ejecutivo español y a Marruecos del sufrimiento experimentado por los ciudadanos ceutíes y de las numerosas muertes registradas durante la crisis.
A su juicio, Rabat permitió deliberadamente la salida masiva de personas hacia la frontera española al considerar que no existiría una respuesta contundente por parte de Madrid.
Entre las medidas propuestas por Vox figura exigir a Marruecos la aceptación inmediata de todos sus nacionales que permanezcan irregularmente en España, mantener cerrado de forma permanente el paso fronterizo de Ceuta hasta obtener garantías de que no volverán a producirse episodios similares y solicitar a la Unión Europea la suspensión del acuerdo preferencial con Marruecos mientras no respete plenamente el control de las fronteras exteriores comunitarias.
El líder de Vox también reclamó que el Gobierno explique públicamente toda la información disponible sobre el origen y la organización de la entrada masiva de migrantes.
Mientras tanto, el Ejecutivo de Pedro Sánchez mantiene una posición muy diferente.
El Gobierno ha evitado responsabilizar directamente a Marruecos de la crisis y ha insistido en destacar la cooperación mantenida posteriormente por las autoridades marroquíes para contener los movimientos migratorios y facilitar el retorno de numerosos migrantes.
Paralelamente, el Ejecutivo ha atribuido buena parte de lo sucedido a la actuación de las redes de tráfico de personas y continúa investigando las circunstancias exactas que permitieron el colapso del dispositivo fronterizo.
La gestión de esta crisis ha generado además un intenso debate político sobre el funcionamiento de los servicios de inteligencia y de seguridad del Estado, después de que el propio Gobierno reconociera que no disponía de información suficiente para anticipar una movilización migratoria de semejante magnitud.
La oposición considera que este fallo evidencia importantes deficiencias en la planificación y en la protección de una de las principales fronteras exteriores de la Unión Europea.
La crisis de Ceuta se ha convertido así en uno de los principales focos de confrontación política en España.
Las diferencias entre Gobierno y oposición abarcan tanto la interpretación de los hechos como la estrategia diplomática frente a Marruecos, mientras el debate sobre inmigración, seguridad y control de fronteras adquiere un peso creciente en el escenario político nacional a pocos meses de las próximas elecciones generales.
