La dirección del PSOE andaluz moviliza una flota de más de 17 autobuses provinciales para llenar con 2.000 afiliados el pabellón de Pulianas en Granada ante la creciente dificultad de convocar grandes masas en las principales urbes de la región

El desarrollo de la campaña electoral en Andalucía ha alcanzado un punto de máxima polarización logística y social.

La reciente visita del presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, al municipio granadino de Pulianas para respaldar la candidatura socialista liderada por María Jesús Montero ha desatado una intensa controversia.

Lo que la dirección del partido planificó como un multitudinario baño de masas en un feudo tradicional se ha convertido, a ojos de la oposición y de sectores críticos locales, en una costosa operación de movilización artificial marcada por un despliegue de seguridad sin precedentes en la comarca.

Para garantizar el aforo completo en el recién estrenado pabellón deportivo de la localidad, la maquinaria del Partido Socialista Obrero Español movilizó una flota de más de 17 autobuses procedentes de distintas agrupaciones provinciales de Granada.

Esta estrategia permitió concentrar a más de 2.000 afiliados y simpatizantes en el interior del recinto.

Los sectores críticos de la región no tardaron en calificar el evento de puro teatro organizado, denunciando públicamente que el socialismo andaluz ya no es capaz de llenar grandes auditorios en ciudades de más de 200.000 habitantes y debe conformarse con pequeños municipios, desplazando a militantes que realizan trayectos de hasta cuatro horas de viaje.

El contraste entre el ambiente festivo del interior del recinto y la hostilidad de la vía pública marcó de forma inevitable la jornada de campaña.

Mientras dentro del pabellón se escuchaban vítores unánimes de “¡Sánchez presidente!”, fuera de las instalaciones la realidad social dictaba una crónica radicalmente distinta.

Decenas de vecinos de Pulianas y ciudadanos descontentos se concentraron en las inmediaciones para expresar su rechazo mediante una monumental pitada, abucheos e improperios de todo tipo que ensordecieron los accesos al mitin político.

Ante el evidente riesgo de que las protestas empañaran la imagen del mandatario, el equipo de seguridad de la Moncloa implementó un operativo calificado por los residentes como totalmente desproporcionado para un municipio de apenas 5.000 habitantes.

El despliegue incluyó cordones de seguridad kilométricos, decenas de vehículos de la Policía Nacional y estrictos controles en todas las entradas y vías de acceso a la localidad.

Este blindaje institucional forzó la cancelación de un paseo vecinal que el presidente tenía previsto realizar antes del acto institucional, una actividad concebida inicialmente para saludar a los comerciantes locales y recibir el apoyo directo de la población.

“Esto no son las dos Españas; España hay una, la que se vive en la calle, la que se siente en un bar o en una tienda local”, manifestaban con indignación varios de los manifestantes concentrados en las afueras, denunciando que el blindaje policial buscaba silenciar el descontento de la ciudadanía real frente a la crisis económica, la pérdida de poder adquisitivo y los escándalos políticos.

Para los colectivos vecinales, el intento del Ejecutivo de refugiarse en pequeños municipios rurales para evitar el desgaste público ha tenido un efecto bumerán, evidenciando una profunda desconexión entre la militancia orgánica transportada en autobuses y el sentir general de los habitantes del territorio.

Los analistas políticos coinciden en que este nuevo e incómodo episodio representa un duro golpe psicológico y demoscópico para la ya malograda campaña electoral del PSOE en Andalucía.

La incapacidad de realizar actos públicos abiertos sin el amparo de férreos controles policiales dificulta el objetivo de remontar los sondeos negativos en las provincias del sur.

La comitiva gubernamental abandonó la provincia de Granada bajo el eco de los pitos callejeros, dejando tras de sí un intenso debate sobre los métodos de movilización partidista y la creciente dificultad de los líderes del Ejecutivo central para conectar de forma natural con la ciudadanía andaluza en la recta final hacia las urnas.