Óscar Benavides responde a las críticas por la ayuda al Chocó y niega que la solidaridad pueda convertirse en delito
Óscar Benavides responde a las críticas por la ayuda al Chocó y niega que la solidaridad pueda convertirse en delito
🚨 En medio de la emergencia provocada por el terremoto que sacudió el occidente de Colombia, una disputa política terminó llevando la atención hacia el Congreso y la justicia.
Óscar Benavides respondió con contundencia a los cuestionamientos sobre la campaña de ayudas y dejó claro que no piensa retroceder.
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El representante a la Cámara Óscar Benavides respondió públicamente a los cuestionamientos surgidos alrededor de la campaña de ayuda humanitaria que impulsó para las comunidades afectadas por el terremoto del 10 de agosto en el occidente de Colombia.
El sismo, de magnitud 7,4 según reportes internacionales, tuvo su epicentro en San José del Palmar, Chocó, y provocó una emergencia de grandes dimensiones en varias zonas del país.
Benavides, representante de las comunidades negras y elegido en las elecciones legislativas de marzo de 2026 con una votación superior a los 150.
000 sufragios, aseguró que se enteró por medios de comunicación de la existencia de una denuncia presentada ante la Corte Suprema de Justicia.
Su reacción fue inmediata y desafiante.
«Sépanlo, a mí no me van a amedrentar con su acoso judicial», afirmó el congresista, quien dirigió parte de su mensaje a Francisco Barbosa, Ernesto Macías y Vicky Dávila.
Según el relato difundido por Benavides, su campaña de solidaridad consiguió reunir más de 300 millones de pesos y permitió organizar el envío de decenas de toneladas de alimentos, ropa y elementos de primera necesidad hacia las zonas afectadas.
El congresista sostiene que la ayuda fue movilizada pocos días después de la tragedia.
La emergencia humanitaria es real y de gran magnitud.
Equipos de rescate continúan trabajando en las zonas afectadas mientras las autoridades avanzan hacia una fase de recuperación.
El terremoto dejó cientos de víctimas, miles de heridos y numerosas familias sin vivienda, especialmente en ciudades del occidente colombiano.
Sin embargo, las acusaciones concretas sobre la campaña de donaciones deben tratarse con cautela.
No se ha podido verificar de manera independiente toda la información presentada en el discurso de Benavides sobre la denuncia, sus responsables, el manejo de los recursos o las eventuales actuaciones de la Corte Suprema.
Por ello, no es correcto presentar como hecho probado que exista una persecución judicial contra el congresista ni afirmar que la denuncia carezca de fundamento.
Uno de los cuestionamientos mencionados gira alrededor de la utilización de cuentas vinculadas a personas cercanas al congresista para recibir las donaciones.
Precisamente por tratarse de recursos recolectados para una emergencia, la transparencia sobre su origen, administración y destino resulta fundamental.
Benavides asegura que adoptó mecanismos de vigilancia ciudadana para documentar el proceso y permitir que el uso de los recursos pueda ser conocido públicamente.
«Según ellos, el problema es que yo ayude a mi gente», afirmó, antes de defender su actuación como una respuesta directa a las necesidades de las comunidades afectadas.
El congresista también rechazó la idea de que su iniciativa pudiera convertirse en un motivo para intimidarlo.
«A mí no me van a amedrentar y no es bravuconada», manifestó.
La trayectoria personal de Benavides ha contribuido además a convertirlo en una figura política de creciente notoriedad.
Oriundo de Tumaco, Nariño, el abogado contó durante la campaña electoral que había trabajado como operario de barrido y recolección de residuos en Bogotá mientras estudiaba.
En marzo consiguió una votación histórica para la circunscripción afro y desplazó del Congreso a Miguel Polo Polo.
Su elección, con más de 150.
000 votos, fue confirmada como uno de los resultados más destacados de las legislativas de 2026.
Ahora, la controversia por las donaciones coloca al nuevo congresista ante una prueba diferente: demostrar que los recursos recibidos para las víctimas fueron administrados con absoluta transparencia.
Una investigación formal, si efectivamente existe, deberá establecer si hubo alguna irregularidad y determinar las responsabilidades correspondientes, sin convertir automáticamente una denuncia en una condena.
Benavides, mientras tanto, mantiene su defensa.
«Déjenme decirles, si ustedes me meten a la cárcel por esto, créanme que yo me voy y pago con orgullo», declaró.
La frase resume el tono de su respuesta, pero el fondo del caso exige algo más que enfrentamientos políticos.
Las familias afectadas necesitan que las ayudas lleguen y, al mismo tiempo, los ciudadanos que realizaron las donaciones tienen derecho a saber con precisión cuánto dinero se recaudó, quién lo administró y cómo fue utilizado.
La solidaridad ciudadana no constituye por sí misma un delito.
Pero cualquier campaña que maneje importantes cantidades de dinero debe cumplir las normas aplicables y garantizar trazabilidad.
Por eso, la eventual investigación deberá determinar los hechos con documentos y pruebas, no con acusaciones cruzadas.
Mientras continúa la emergencia provocada por el terremoto, Benavides insiste en que seguirá adelante con el envío de ayuda.
«Para mí es un honor servir desde esta curul en el Congreso a mi gente», afirmó.
El desafío ahora será demostrar, con absoluta claridad, que cada aporte recibido terminó convertido en asistencia para las comunidades damnificadas.
En una tragedia de esta magnitud, la transparencia no debería ser un obstáculo para la solidaridad, sino su principal garantía.
Descargo de responsabilidad: Este contenido puede haber sido creado por IA con fines de entretenimiento.
Cualquier parecido con personas, eventos o lugares reales es pura coincidencia.
