LA AUDIENCIA NACIONAL REQUIERE DOCUMENTACIÓN DE LA CAMPAÑA DEL PSC Y AMPLÍA EL FOCO DE LA INVESTIGACIÓN DEL CASO LEIRE

La Audiencia Nacional ha puesto el foco en la campaña electoral que llevó a Salvador Illa a la Presidencia de la Generalitat.

La solicitud de documentación por parte del juez Santiago Pedraz y las actuaciones de la UCO han reabierto el debate sobre la financiación electoral y el alcance de una investigación que sigue ampliándose.

Mientras el PSC defiende la legalidad de sus cuentas, nuevas diligencias mantienen la atención política y mediática sobre uno de los casos más sensibles del momento en España.

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La investigación que dirige el juez de la Audiencia Nacional Santiago Pedraz continúa avanzando y ha situado ahora bajo análisis la documentación económica de la campaña electoral del Partit dels Socialistes de Catalunya (PSC) correspondiente a las elecciones autonómicas celebradas el 12 de mayo de 2024, unos comicios que terminaron con la victoria de Salvador Illa y su posterior llegada a la Presidencia de la Generalitat.

La decisión judicial se enmarca dentro de las diligencias abiertas en el denominado caso Leire, una causa en la que se investigan presuntas actuaciones coordinadas para interferir o influir en procedimientos judiciales que afectaban al entorno socialista.

Como parte de esas actuaciones, la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil acudió a la sede federal del PSOE en Madrid para requerir diversa documentación económica, contable y administrativa relacionada con distintas líneas de investigación.

Entre los documentos solicitados por el magistrado figuran los estados contables de la campaña catalana, contratos, facturas, gastos de propaganda y publicidad, así como toda la información remitida en su día a la Sindicatura de Comptes de Catalunya y al Tribunal de Cuentas.

El requerimiento abarca el periodo oficial de campaña, desarrollado entre el 26 de abril y el 10 de mayo de 2024.

La petición judicial no implica, por sí misma, la existencia de irregularidades acreditadas en la campaña del PSC.

El objetivo de la investigación es analizar toda la documentación disponible para determinar si existe alguna relación entre los hechos investigados y determinadas actuaciones desarrolladas durante el proceso electoral catalán.

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Los investigadores también estudian diversos movimientos económicos y contratos vinculados a actividades publicitarias y de comunicación realizadas durante ese periodo.

Entre los elementos analizados figura la contratación de servicios de comunicación y publicidad por parte de distintas empresas y profesionales relacionados con el entorno mediático.

Parte de estas diligencias forman parte de una investigación más amplia sobre presuntas actuaciones desarrolladas desde estructuras vinculadas al PSOE entre 2024 y 2025.

Según la documentación ya fiscalizada por la Sindicatura de Comptes, el PSC dispuso de un presupuesto cercano a los 2,9 millones de euros para afrontar la campaña electoral catalana.

El informe también recogió determinadas observaciones contables, entre ellas gastos por valor de 6.

607 euros efectuados fuera de la cuenta electoral habilitada para los comicios y algunas incidencias relacionadas con la comunicación de facturaciones por parte de determinadas empresas proveedoras.

Tras conocerse el requerimiento judicial, el PSC defendió públicamente la legalidad de su actuación y aseguró haber cumplido en todo momento con la normativa electoral vigente.

En un comunicado, la formación destacó que toda la documentación de la campaña fue entregada a los organismos fiscalizadores competentes y expresó su disposición a colaborar plenamente con la justicia.

“El PSC ha respetado en todo momento la legislación electoral y ha actuado con total transparencia”, señaló el partido.

La formación añadió además que “toda la documentación relativa a la campaña electoral de 2024 está depositada en la Sindicatura de Cuentas” y subrayó que el auto judicial “no contiene ninguna afirmación que vincule la campaña electoral catalana con los hechos investigados”.

Por su parte, Salvador Illa también ha defendido públicamente la actuación de los socialistas y ha insistido en la necesidad de respetar el trabajo de los tribunales mientras continúan las investigaciones.

El presidente catalán ha reiterado la voluntad de colaboración institucional y ha manifestado que su formación seguirá facilitando toda la documentación que sea requerida por las autoridades judiciales.

La investigación permanece abierta y se encuentra todavía en fase de instrucción.

Por el momento, la Audiencia Nacional continúa recopilando información y documentación con el objetivo de esclarecer el alcance de los hechos investigados y determinar si existen responsabilidades penales derivadas de las actuaciones analizadas.

Mientras tanto, el caso sigue generando un intenso debate político y mantiene la atención sobre una de las investigaciones judiciales con mayor repercusión en la actualidad española.