¡Giro en el expediente! Ulises Jaitt acusa un pacto de impunidad en la causa de su hermana Natacha Jaitt
El manto de sospechas, impunidad y dinámicas mafiosas que rodea la muerte de Natacha Jaitt ha vuelto a situarse en el centro del debate público y judicial de la región, consolidándose como uno de los enigmas más perturbadores y oscuros de la crónica policial contemporánea.
A medida que transcurren los meses de este año 2026, las revelaciones sobre lo ocurrido aquella fatídica noche en el complejo Xanadú, en la localidad de Villa La Ñata, Tigre, adquieren una gravedad institucional sin precedentes, arrastrando consigo nombres de empresarios, agentes policiales, fiscales y figuras de altísimo perfil mediático.
Lo que inicialmente intentó ser catalogado por sectores interesados como un deceso infortunado derivado de excesos privados, hoy se perfila, ante los ojos de investigadores independientes y peritos judiciales, como una operación de silenciamiento perfectamente planificada, ejecutada con precisión quirúrgica y encubierta por una densa red de complicidades estatales y judiciales.
Para comprender las dimensiones del entramado que culminó con el fin de la vida de la modelo y conductora, resulta imperativo retroceder a los meses previos a la tragedia, específicamente a su última y explosiva aparición en la mesa televisiva de la mítica conductora Mirtha Legrand.
En aquella oportunidad, Jaitt no se limitó a lanzar acusaciones vagas, sino que volcó un testimonio detallado y abrumador que vinculaba a reconocidas personalidades del espectáculo, el periodismo y la política con redes de abuso infantil y operaciones espurias de los servicios de inteligencia locales.
Aquella noche, ante una audiencia millonaria, Natacha firmó, sin saberlo, su propia sentencia de muerte.
La reacción del entorno no se hizo esperar; la propia Mirtha Legrand, en la apertura de su siguiente programa, visiblemente afectada y bajo una presión médica que la obligó a recibir visitas de urgencia de su facultativo de cabecera, se vio forzada a pedir disculpas públicas a las personas mencionadas, reconociendo el error absoluto de haber invitado a una mujer cuyas declaraciones rompieron el cerco de protección mediática del que gozaban ciertos círculos de poder.
El impacto de las denuncias de Natacha generó un terremoto de proporciones tales que el beneficio de la duda comenzó a operar de inmediato en la opinión pública, instalando la certeza de que la conductora manejaba información fidedigna y altamente peligrosa para el statu quo.
Periodistas especializados en el género policial, como Luis Ventura, han sido categóricos al señalar que las muertes programadas y planificadas dentro del submundo del crimen organizado y el narcotráfico siempre portan consigo un corolario, un mensaje implícito diseñado para ser decodificado por aquellos que intentan desafiar las estructuras de poder.
La elección de la fecha del deceso, que coincidió sugestivamente con el cumpleaños de Mirtha Legrand, es interpretada hoy como la rúbrica de una organización criminal que firmó su cometido con una frialdad dantesca: silenciar para siempre a la testigo y advertir de forma unívoca a cualquiera que pretendiera continuar con su legado de denuncias.
Las crónicas forenses iniciales determinaron que el cuerpo de Natacha Jaitt no presentaba signos evidentes o visibles de violencia física externa, tales como golpes o moretones de envergadura.
No obstante, el hallazgo de un polvo blanco en las fosas nasales, cuyo posterior análisis reactivo arrojó un resultado positivo para cocaína, fue utilizado de manera inmediata por la maquinaria de distracción judicial para instalar la narrativa de una sobredosis voluntaria.
Esta hipótesis oficial comenzó a desmoronarse gracias al testimonio de los propios participantes de aquella velada en el salón de eventos Xanadú, cuyas declaraciones judiciales y contradicciones bajo juramento componen una trama de emboscada y manipulación de la escena del crimen difícil de ocultar.
Uno de los relatos más significativos corresponde a Loana Monsalvo, una joven de la zona que acudió al lugar bajo la premisa de participar en una supuesta reunión empresarial de producción de eventos de entretenimiento.
Su testimonio aporta luces definitivas sobre el estado de Natacha en las horas previas a su fallecimiento.
Según Monsalvo, la conductora ingresó al recinto exhibiendo un comportamiento completamente normal, alegre y enérgico, características propias de su personalidad de cara al público.
Sin embargo, con el transcurrir de las horas, la joven notó una alteración drástica en la dicción de Jaitt, cuya voz se tornó incomprensible e inconexa, llegando a escucharla decir de manera confusa que se sentía mareada o borracha.
Lo relevante de esta declaración radica en que la testigo afirmó categóricamente que, a pesar de la presencia de diversas sustancias en el lugar, jamás vio a Natacha consumir estupefacientes de forma directa durante la reunión.
El relato se quiebra cuando Gonzalo Rigoni, el empresario dueño del complejo, regresó a la mesa principal tras haberse retirado a solas con Natacha hacia una de las habitaciones de la planta alta.
Con una tranquilidad pasmosa, Rigoni informó al resto de los presentes que la mujer se había quedado dormida o se encontraba descompuesta.
Minutos después, en medio de la confusión, otros asistentes al encuentro instaron a Monsalvo a abandonar el lugar de manera apresurada, bajo el argumento de que la situación se había complicado y era imperativo evitar que se viera involucrada en un escándalo mediático de proporciones incalculables, provocando su huida presa del pánico.
Por su parte, Raúl Velaztiqui Duarte, el amigo y acompañante que trasladó a Natacha hasta la locación aquella noche lluviosa del viernes 22 de febrero, ha mantenido una batalla legal y mediática orientada a demostrar que la reunión no fue un encuentro casual de consumo, sino una cita de negocios minuciosamente adulterada.
Velaztiqui detalló cómo se gestó el contacto comercial a través de intermediarios vinculados al sector gastronómico de la zona norte, culminando en una cita pautada originalmente para las veintiuna horas con Gonzalo Rigoni.
Al arribar al complejo Xanadú bajo una tormenta torrencial, los visitantes se encontraron con un escenario imprevisto: la luz del salón principal se encontraba cortada debido al supuesto desperfecto de una fase eléctrica, y la reunión de tres personas se vio alterada por la adición de individuos ajenos al plan original, identificados bajo los pseudónimos de Voltio y Fonola, además de la posterior presentación de la joven Luana.
El relato de Velaztiqui cobra una relevancia criminalística fundamental al describir el momento en que Rigoni le comunicó que su amiga se había quedado dormida.
Ante la inconsistencia de la respuesta, considerando que debían retirarse de inmediato para que Natacha buscara a su hijo menor, Velaztiqui comenzó a enviarle mensajes de mensajería instantánea y a realizar llamadas telefónicas que jamás obtuvieron respuesta.
Al ingresar a la habitación de la planta superior, se topó con el cuerpo inerte de la conductora posicionado boca abajo sobre la cama.
Fue en ese preciso instante donde comenzó lo que el testigo denomina un verdadero infierno operativo.
Velaztiqui ha denunciado de forma sistemática ante los fueros federales que la escena del crimen fue groseramente alterada antes de la llegada de las autoridades competentes.
Las cámaras de seguridad del circuito cerrado registraron cómo se retiraban botellas y copas del habitáculo con el fin de borrar rastros biológicos y de sustancias, configurando el delito de encubrimiento agravado.
La actuación de las fuerzas de seguridad bonaerenses en los minutos posteriores al deceso añade un componente de sospecha institucional insoslayable.
El primer efectivo en arribar a la escena, el oficial Walter Daniel Román, ofreció declaraciones judiciales plagadas de reticencias, evasivas y un sistemático recurso al olvido.
Bajo el pretexto de encontrarse cubriendo una zona ajena a su jurisdicción habitual debido a la falta de personal en su primera guardia en el comando de patrullas de Tigre, Román intentó desvincularse de las maniobras de alteración de la prueba.
No obstante, la persistencia de los abogados de la familia Jaitt, encabezados por el hermano de la víctima, Ulises Jaitt, forzó la exhibición de las grabaciones del sistema de videovigilancia que milagrosamente no habían sido destruidas.
Las imágenes audiovisuales resultaron demoledoras: a las 2:56 de la mañana, se observa con total nitidez al oficial Román tomando la mochila personal de Natacha, que se encontraba originalmente en un escobero de la planta baja, para trasladarla personalmente hacia la habitación donde yacía el cadáver.
La sospecha de la querella es directa y alarmante: el bolso de la víctima fue implantado en el cuarto con el propósito deliberado de adulterar su contenido, colocando dosis de estupefacientes y elementos que justificaran la versión de la posesión y el consumo propio de la conductora, deslindando de responsabilidad a los dueños de casa y ocultando la procedencia de sustancias adulteradas o de un potencial envenenamiento.
La gravedad del accionar del oficial Román no se limitó al movimiento ilegal de las pertenencias de la víctima; posteriormente se constató que este efectivo capturó fotografías del cuerpo sin vida de Natacha Jaitt utilizando su teléfono celular personal, imágenes que fueron viralizadas de manera inmediata dentro de los grupos de mensajería de la propia fuerza policial, lo que motivó su posterior desafectación por parte de la Dirección General de Asuntos Internos.
Para la familia y los allegados de Natacha, este policía no actuó por negligencia o curiosidad morbosa, sino que formó parte activa de un plan de contingencia diseñado por sectores de la inteligencia o el narcotráfico para garantizar la impunidad de los autores intelectuales del hecho.
A pesar de las denuncias formales presentadas en los fueros federales por delitos de gravedad extrema y de las ostensibles contradicciones que constan en los expedientes judiciales a los que ningún medio de comunicación masivo ha querido dar eco de forma rigurosa, la causa penal ha transitado por los carriles de la parálisis y el archivo sistemático.
Quienes intentaron alzar la voz para denunciar el carácter de emboscada que tuvo aquella fatídica velada del mes de febrero han visto amenazadas sus propias vidas y carreras, enfrentando el aparato de difamación que busca reducir la figura de una testigo clave a la categoría de una personalidad desequilibrada sin sustento probatorio.
La pregunta sobre quién ordenó callar a Natacha Jaitt permanece flotando en el aire de una sociedad civil que asiste con estupor a la confirmación de que la verdad, cuando toca las fibras más íntimas del poder institucional, penal y de los servicios de información, suele ser enterrada bajo toneladas de burocracia, complicidad mediática y silencios comprados al precio de la impunidad más absoluta.
